la vicepresidenta y las cesiones de crédito

Ayer, en el Congreso y a propósito de la "memoria histórica", la vicepresidenta del gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, se refirió a la democracia española con los calificativos Estable y Consolidada. Más que un aserto es una pretensión, y digo que es una pretensión porque se gobierna -en esta simulación de democracia-, para los de siempre, entre ellos, y principalmente, para nuestro plutócrata nacional. Y de eso algo sabe Maria Teresa Fernández de la Vega.

Nuria Almirón conoce de ello y nos lo cuenta en La Haine:

"Para los que ya lo hayan olvidado, fue la actual vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en aquel entonces Secretaria de Estado de Justicia, la que rubricó la nota hecha pública por el último gobierno de Felipe González, en 1996, donde se establecía el criterio de considerar que no debía dirigirse “acción penal alguna” contra el Banco Santander por las retenciones no practicadas. Su postura era la de enviar a los juzgados ordinarios el caso de los particulares que hubieran obtenido incrementos de patrimonio no declarados, “sin exigencia de responsabilidad en las presentes diligencias al Banco Santander o a sus representantes”. O sea, que había que perseguir sólo a los clientes. Pero esta incomprensible exculpación gubernamental de un ejecutivo en sus últimas horas —ya en funciones cuando se publicó la nota— no significaba una exculpación judicial.

Sólo la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo mando estaba Carlos Jiménez Villarejo, se mostró contraria a la connivente actitud del gobierno y de sus representantes en aquel momento con respecto al banco. Actitud que no se movería ni un milímetro con los gobiernos del PP y que sería nuevamente refrendada por el PSOE a su vuelta al poder con José Luís Rodríguez Zapatero. Pero gracias a las acusaciones populares y al tesón de la juez, la investigación judicial siguió adelante. Hasta hoy.

Hoy, la indignación de todos aquellos que han seguido este caso con estupefacción —los peritos y funcionarios que han participado de la investigación, los periodistas comprometidos con la justicia y no con el poder, los políticos honestos, los ciudadanos atentos— no procede sólo de ese perdón gubernamental. Como tampoco procede sólo de los argumentos del banco que ha hecho suyos la prensa de referencia: por ejemplo, la supuesta indefensión causada por la dilatación del proceso con grave perjuicio para la entidad financiera, cuando ha sido principalmente ella la causante de tanta dilación con su reiterada obstrucción y sus innumerables recursos muchas veces presentados a sabiendas de la imposibilidad de ganarlos; o como la constante referencia maniquea a Pérez Escolar o Ruiz Mateos para desacreditar el proceso a la par que jamás se menciona la monumental labor de investigación realizada por la Agencia Tributaria y los peritos externos.

No, no es eso lo que causa mayor desazón. El principal motivo de indignación entre los que todavía creen en la justicia procede del hecho de ver a unos representantes públicos, el fiscal y el abogado del Estado, que no sólo no acusan en el proceso sino que han estado, codo con codo con la defensa del banco, haciendo todo lo posible para evitar que nadie más pudiera ejercer de acusación. El subterfugio legal esgrimido para ello es lo de menos. La traición al Estado de Derecho y a todos los que pagamos impuestos en él es lo principal".