A por el sistema mayoritario

Joaquín Leguina, ex diputado del PSOE y ex presidente de la Comunidad de Madrid, escribe el 16 de mayo de 2008 en su blog: [Vía: La voz de Barcelona]

‘¿Cuál debiera ser el objetivo del Gobierno [al reformar la Ley electoral]? A mi juicio, es hora ya de plantearse un doble objetivo: 1) sacar la gobernabilidad del Estado de las manos de los nacionalistas, tal y como hoy la tienen a través de una sobre-representación parlamentaria a todas luces escandalosa y 2) que los aparatos de los partidos no sean los únicos que deciden a quién hemos de votar, nos gusten o no las caras y los curricula de sus enlistados candidatos. Dicho de otra forma: se debería acabar con esa brutalidad de: “cómete la lista entera”.

Estos dos objetivos se consiguen mediante un sistema bien conocido: el mayoritario, que se aplica, por ejemplo, en el Reino Unido. Y, si se quiere –para arreglarle el cuerpo a IU o a Rosa Díez-, puede complementarse el modelo eligiendo a una parte de los diputados por el sistema proporcional en listas de ámbito nacional’.

De acuerdo con el paisano, señor Leguina. Seguro que sabe de qué está hablando. ¡Sí señor!

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perder la confianza

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Aumentar el gasto

Escribe Antonio García-Trevijano en Diario de la República Constitucional:

En todos los asuntos de trascendencia, o simplemente importantes, lo único que cuenta, poniendo fin a los escarceos opinativos de los dirigentes de los aparatos de partidos, es la opinión del que manda. El PNV se pliega en bloque al Plan Ibarreche, pese a la discrepancia previa del sector que interpretaba su Presidente, Urkullu. El PP acepta sin rechistar lo que tiene decidido Rajoy, in pectore, para la renovación del partido, pese a las voces que pedían su democratización. Los llamados barones del PSOE, que se oponían inicialmente a la federación fiscal propuesta por su colega Montilla, la han aceptado tan pronto como han conocido el deseo de Zapatero de que no sea fórmula bilateral para Cataluña, sino extensiva a todas las Autonomías, y de que entre en vigor de modo progresivo a partir de 2011, cuando haya sido superada la actual crisis económica.

En el despliegue de opiniones técnicas, en defensa de la federación fiscal, realizado por “El País” entre profesores de universidad, destaca por su claridad en el error y simpleza en la fundamentación, la del ex-secretario de Estado de Hacienda y redactor de la Ley actual de Financiación de las Comunidades Autónomas, Don José V. Sevilla. Este señor ingenuo confiesa la barbaridad de que “la ampliación de tributos con capacidad normativa es muy adecuada…porque unas haciendas con tan grandes capacidades para decidir gastos deberían tener parecidas capacidades para obtener ingresos”. Esto no se hubiera atrevido a decirlo ni Lord Keynes.

Es principio básico de toda economía o hacienda, publica o privada, que los ingresos determinen los presupuestos para el gasto, y no a la inversa. El Sr. Sevilla no descubre un nuevo fundamento para las Haciendas Autonómicas, sino que hace una descripción perfecta del mecanismo ilegal que ha disparado en las Autonomías el gasto sin control, y propone como remedio hacer de la elasticidad casi infinita del gasto público improductivo el patrón de los ingresos tributarios. ¡Igualar la capacidad tributaria con la capacidad de gastar de los cargos públicos! ¡Poner a los contribuyentes en manos de la megalomanía gastadora y la suntuosidad oriental de las obras colosales deseadas por nuevos ricos de poder y de gloria! ¡Volver a la Florencia de los Médicis, donde la pobreza medieval se pavoneaba y envanecía, paseándose entre la opulencia de los palacios familiares y la maravilla de las obras de arte colocadas en plazas y calles!

florilegio
"La promesa de mayores ingresos para el futuro aumentará los dispendios en gastos presentes, en tiempos de depresión, para subir la cuota de aquéllos."

Lo que faltaba..

Según Europa Press, vía El Economista, Emilio Botín ha declarado esta mañana ante el juez que su relación con Rodrigo Rato en 1999 era tan sólo "institucional" y estaba motivada por su entonces cargo de Ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno de José María Aznar. El ejecutivo se negó a contestar las preguntas de la acusación particular.

Eso sí, en Enero de 2008 el Santander, banco que preside, fichó al mismo Rodrigo Rato como consejero asesor.

A propósito, he recuperado una inédita fotografía -al menos para mí- del banquero y la Virgen del Pilar [con faldón sponsorizado]: inefable.

“Se permitió el acceso al camerín para besar a la Virgen no solo al propio Botín sino también a varios de sus directivos. Un gesto que habitualmente está restringido a los miembros de la Casa Real, a autoridades eclesiásticas, como honor muy excepcional a algunas personalidades y a los niños que todavía no han hecho la comunión”.

He tomado la foto, y el texto, del artículo publicado por el catedrático de la Universidad de Málaga, Juan Torres López, en Rebelión y en su blog Ganas de Escribir:

El banquero más rico de España puede con todo: hasta la Virgen del Pilar hace publicidad de su banco.

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Ahormar la Justicia: el plutócrata y los políticos

Hispanidad se hace eco del caso Aguas de Fuensanta, noticia que los grandes medios y televisiones hurtan al conocimiento de los ciudadanos. Podemos apostar ahora mismo que en los próximos días se volverá a ahormar la Justicia al servicio de los señores Botín y Rato:

El juez imputa a Botín por tratar de comprar a Rato

También está imputado el propio Rato. El juez entiende que la única razón por la que Banesto compró Aguas de Fuensanta fue ganarse el favor de Rato. El poder se protege a sí mismo: ZP interfirió en la labor de instrucción a favor del entonces director gerente del FMI. Moratinos estuvo un año sin responder sobre si Rato estaba aforado para evitar que se pusiera en marcha la instrucción. Botín: al margen de la ley. Ya consiguió que la Abogacía del Estado se inhibiera en el caso de las cesiones de crédito

Lo veníamos informando desde hacía tiempo. El juez que instruye el caso de Aguas de Fuensanta había remitido oficio al Ministerio de Exteriores para conocer la situación de aforado, o no, del hoy ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato. Y eso a pesar de que Rato tenía “categoría” de Jefe de Estado. Es decir, estaba aforado. Pero los jueces deben cuidar las formas. Una vez que Moratinos le hubiera confirmado el aforamiento, le hubiera pedido que iniciara el proceso especial de enjuiciamiento. Así que el Gobierno Zapatero prefirió “esperar y ver”. Como no tenía plazo para contestar, se pasó un año entero dilatando el proceso, congelando la instrucción, interfiriendo en la labor del juez.

Ya saben, el poder se protege a sí mismo. Moratinos realizó estas maniobras de distracción para no ensuciar públicamente al español con mayores responsabilidades internacionales.

Pero el problema se ha resuelto en el mismo momento en que el propio Rato abandona el FMI. A partir de entonces está claro que no está aforado. Así que el juzgado ha aprovechado para imputarle en el caso de Aguas de Fuensanta. Deberá presentarse en plaza de Castilla el próximo 27 de mayo. Será entonces cuando todos sus detractores se perpetrarán de cámaras de foto y de vídeo para grabar la escena de la entrada en el juzgado. Da igual si finalmente es condenado o absuelto: la imagen de sospechoso recorrerá las pantallas. Un mazazo en sus supuestas intenciones de liderar el partido.

Por supuesto, también han sido imputados tanto Emilio Botín como su hermano Jaime y el consejero delegado del Santander, Alfredo Saez, entre otros 15 imputados de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y cohecho. Declararán ante el juez este jueves 8 de mayo.

Los cálculos del juez son sencillos. En 1999 (gobernando el PP) Banesto pagó 1.000 millones de pesetas por el 45,3% de una sociedad que tenía 1.571,6 millones de pesetas de deudas y 1.153,4 de de fondos propios. O sea, que estaba en quiebra técnica. Así que el juez concluye que el único objetivo de la compra fue “ganarse el favor de Rato”. Así de claro. El asunto ha sido extraordinariamente bien contado por Rafael Pérez Escolar en sus memorias.

No pintan bien ni para el ex director del FMI ni para el presidente de Banesto. Claro que estamos en instrucción. Ya sólo falta que quien juzgue tenga las agallas de seguir adelante con esta clase de matemáticas básicas. Porque conviene recordar que a Botín no le termina de convencer esto del Estado de Derecho. Consiguió que estando imputado de delito fiscal, la misma Abogacía del Estado se inhibiera en el asunto de las cesiones de crédito. Eso, después de estar 14 años de instrucción también dilatada por razones formales, con presiones a la jueza Palacios incluidas. Y lo más llamativo: resulta que hay señores que utilizaron las famosas cesiones de crédito que han sido imputados y condenados. Sin embargo, el instrumento utilizado para la operación, queda impune. Así que D. Emilio confía en que en este caso, las cosas funcionen igual.

El último capítulo es el mediático. ¿Por qué Pedro Jota casi esconde la información? ¿Quizás porque D. Emilio es el gran financiador de El Mundo? ¿Quizás porque espera que Ana Patricia -con quien mantiene una estrecha amistad- le haga consejero del Banesto tipo Cebrián en el Santander?

Y hoy publica El Economista:

El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, su hermano y segundo accionista de Bankinter, Jaime Botín, y el presidente de Banesto entre 1993 y 2002, Alfredo Sáenz, declararán hoy como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid por su actuación en el proceso de compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta, empresa vinculada a la familia de Rodrigo Rato, por la que Banesto pagó 6 millones de euros en 1999.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Los hermanos Botín y Sáenz serán los primeros en declarar entre los 15 imputados en esta causa, donde también está imputados el ex ministro de economía y ex gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato y su hermano, Ramón Rato, que comparecerán ante el juez el próximo 27 de mayo.

El juez titular, José Sierra, pidió el pasado mes de abril la comparecencia de todos ellos dentro de la causa penal motivada por la querella presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui y ampliada posteriormente en 2005 por Antonio Panea, abogado y accionista del Banco Santander y de BANESTO(BTO.MC)

El juez les imputa a todos ellos presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información durante la compra de la empresa. Rato fue imputado en la causa tras abandonar su cargo al frente del FMI en junio de 2007 que le otorgaba inmunidad.

GANARSE EL FAVOR DE RATO.

Según explica la querella presentada por Panea, durante el primer trimestre de 1999 Emilio y Jaime Botín "con el fin de ganarse el favor de Rato", entonces ministro de Economía y Hacienda, formalizaron la adquisición del 43,5% de Aguas de Fuensanta a la familia Rato cuando la empresa "presentaba una situación de quiebra técnica".

El precio pagado por Banesto en 1999 "suponía valorar el cien por cien de la sociedad en 13,2 millones de euros, lo que no tenía justificación alguna dada la penosa situación económica y patrimonial de la empresa ", según la querella.

En 1998, Aguas de Fuensanta registraba deudas por valor 94,4 millones de de euros, "cantidad que superaba con creces a los fondos propios fijados en las cuentas de ese ejercicio en 6,9 millones de euros", explica la querella.

El querellante aclara que "si en 1998 el beneficio neto de la empresa fue de 122.000 euros, una valoración de la sociedad en 13,2 millones de euros "implicaría que Banesto tardaría 108 años en recuperar la importante cantidad invertida en Aguas de Fuensanta".

En la querella también se alega que Ana Patricia Botín, actual presidenta de Banesto y sucesora de Sáenz, reconoció en la junta general de accionistas celebrada en mayo de 2002 que el precio pagado a la familiar Rato fue para la "cancelación de riesgos crediticios de los vendedores que de otro modo, hubieran sido difíciles de cobrar", según las palabras textuales recogidas por el querellante.

FAVORES JUDICIALES COMO PEAJE.

"¿En qué consistió el verdadero motivo del altísimo peaje?", pregunta Panea en su querella. El abogado considera que Emilio Botín recibió una "especial benevolencia" por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado en la causa que tramitaba la Audiencia Nacional por delitos contra la Hacienda Pública por el 'caso de las cesiones de crédito', ya que Banesto podía cobrar dichos créditos.

"La única explicación posible -según el principio 'qui prodest'- es que el propio Rato puso en juego su enorme influencia para que se adoptaran las medidas" para que estos organismos pasaran de "acusar a defender", explica el querellante.

Asimismo, Panea acusa a los administradores de Banesto y del banco de Santander de "ocultar en la información contable" a los accionistas sobre la compra de Aguas de Fuensanta en las sucesivas juntas de accionistas celebradas entre 1999 y 2003, y mantiene que dicha operación "fue contraria a los criterios de actuación seguidos para alcanzar el saneamiento de Banesto".

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La verdad y el consenso

"Vista con la perspectiva de la política, la verdad tiene un carácter despótico. Por consiguiente, los tiranos la odian, porque con razón temen la competencia de una fuerza coactiva que no pueden monopolizar, y no le otorgan demasiada estima los gobiernos que se basan en el consenso y rechazan la coacción. Los hechos están más allá de acuerdos y consensos, y todo lo que se diga sobre ellos –todos los intercambios de opinión fundados en informaciones correctas– no servirá para establecerlos. Se puede discutir, rechazar o adoptar una opinión inoportuna, pero los hechos inoportunos son de una tozudez irritante que nada puede conmover, exceptuadas las mentiras lisas y llanas." Hannah Arendt

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Pacto de la Injusticia

Pedro M. González escribe en Diario de la República Constitucional:

Pactar sobre la Justicia es una iniquidad comparable a pactar sobre la nación. La aplicación objetiva del derecho, por propia definición, es algo tan ajeno a la voluntad política como el hecho nacional. Si la judicatura y sus órganos de gobierno son elegidos por la clase política, su imparcialidad es imposible. Al igual que la voluntad plebiscitaria regional no puede variar algo que nos viene dado, como es la propia existencia nacional, tampoco la de la clase política, por muy consensuada que sea, puede determinar lo que es justo o no.

La Justicia no puede ser democrática o dejar de serlo, simplemente es elemento indispensable para que la Democracia exista, siempre que sea independiente y esté separada del resto de poderes. La llamada a un nuevo “Pacto por la Justicia” es el reconocimiento expreso de que en España no hay Democracia porque no hay separación de poderes. Pactar es transar, y pactar sobre la Justica es asumir el reparto de lo judicial entre las mayorías políticas en reflejo de sus respectivas cuotas de poder. La nueva legislatura exige un reajuste institucional de la “justicia”, correlativo a la proporcionalidad partidista resultante del último proceso electoral.

El partido perdedor se apresura a solicitar el pacto, sabiendo que si no se alcanza el consenso, el ganador, según ya ha anunciado, aplicará su “rodillo” legislativo para la renovación de los miembros del Consejo del Poder Judicial. La designación política de los Magistrados del Tribunal Constitucional en forma directa, e indirecta de los de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, pone en idéntico peligro al PP, de ahí que la solución negociada sea la preferida. El PSOE aceptará el pacto mientras se respete su superioridad electoral, y de paso hará gala de su “talante democrático”, demostrado en la generosidad con el perdedor que se incorpora al sistema asumiendo su rol de leal oposición.

Las asociaciones de jueces y fiscales progresistas y conservadores, auténticos comisariados políticos de los partidos, bendecirán después las virtudes del consenso cerrando el círculo perverso de poderes inseparados.

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Ahormar la Justicia: los caciques locales

Vicente Carreño Carlos escribe un comentario [el 154 del post "Convocatoria Republicana"] en el blog de Antonio García-Trevijano sobre la Justicia, y su acomodo a la realidad autonómica, y dice:

Abril 28, 2008 at 6:46 pm

Con lo que está cayendo en la Región de Murcia no salgo de mi asombro cuando escucho en la radio, -Cadena Ser-, el siguiente titular: “El Fiscal Jefe del (TSJ) Tribunal Superior de Justicia de Murcia, acude a la Asamblea Regional (Órgano Legislativo de la Región), a informar y solicitar más medios y más recursos humanos para la Justicia”.

El Legislativo, diseñado a imagen y semejanza del presidente de la Comunidad Autónoma, de quien dependen Alcaldes y Concejales así como las Juntas Directivas del PP en pueblos de la Región gobernados por ese partido, de los cuales más de la mitad están siendo investigados por los tribunales, -entre ellos por el propio TSJ que instruye varios casos-, debe poner a disposición de Jueces y Fiscales más recursos y personal para, precisamente, poder ser sometidos al imperio de la Ley.

Diputados que han sido alcaldes, y ahora están imputados por varios delitos. Alcaldes amigos de alcaldes imputados, que ahora son diputados; y así un largo entramado de cargos públicos y cargos del partido con intereses entretejidos…, han de decidir si fortalecen o no, y cómo hacerlo, el poder que les ha de impartir justicia. Sin comentarios.

Dejo enlaces de evidente interés para la comprensión de la noticia.

http://www.forociudadano.org/noticias/detalle.asp?param=14&param2=1245

http://www.diarioelfaro.es/noticia.asp?ref=102200

http://www.laverdad.es/murcia/20080424/local/region/lopez-bernal-llama-dudar-200804241228.html

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No al concierto económico

May 06

Ciudadanos pide que se elimine el concierto económico del País Vasco

17:12 | vozbcn

Rivera apuesta por una negociación de la financiación de manera “multilateral”, entre CCAA y el Gobierno, pero pide que se abra el debate sobre la eliminación del concierto económico vasco y navarro porque supone que existan ciudadanos con más privilegios que otros dentro de España.

Albert Rivera y José Domingo han aparecido juntos, en rueda de prensa, este martes, en el Parlamento autonómico, y por primera vez desde que se hiciera pública la oposición del segundo a la línea que está marcando el primero en el partido.

Rivera, presidente de Ciudadanos y portavoz del partido en el Parlamento autonómico, se ha mostrado perplejo ante la deriva que están tomando las declaraciones de dirigentes políticos y presidentes autonómicos en el tema de la financiación autonómica. Ciudadanos, ha asegurado el diputado autonómico, apuesta por una negociación “multilateral” entre CCAA y el Gobierno del Estado, aunque apoyarán una “financiación adecuada” para Cataluña pero sin guerras entre CCAA.

Además, Rivera ha asegurado que la financiación debe ser tratada con más tranquilidad y debe ser un debate abierto , sobre todo para eliminar el concierto vasco, que ha calificado como de “privilegios feudales”.

Federalismo fiscal

Antonio García-Trevijano escribe en Diario de la República Constitucional:

El modelo de federación fiscal, defendido por la dirección fascista de la Liga Norte para favorecer a las regiones más prósperas de Italia, inspira el proyecto de financiación autonómica que el Presidente de la Generalitat y jefe del Partido Socialista de Cataluña (PSC), don José Montilla, apoyado por el gobierno balear, quiere introducir en España, mediante pertinentes acuerdos con las Autonomías más ricas regidas por el PP. Una de ellas, la valenciana, lo acepta en principio. En contra de esta iniciativa se han manifestado los Presidentes de las Autonomías de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Galicia y Asturias. El Gobierno de Zapatero ha previsto reunirse con todos ellos para llegar a una fórmula constitucional y socialista dentro del PSOE, antes de proponerla al Partido Popular. No se sabe cómo una fórmula socialista, o “muy socialista”, como dice el Sr. Barreda, Presidente de Castilla La Mancha, podrá ser aceptada por el PP.

La iniciativa federalista de Montilla implica la adopción de dos medidas preliminares al acuerdo de financiación autonómica: que se hagan públicas las balanzas fiscales, para demostrar que Cataluña aporta más que recibe, justificando así su aspiración a un modelo como el del cupo vasco; y que el Fondo estatal de Suficiencia compensatoria se limite a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, para excluir del mismo las diversidades existentes en infraestructuras y recursos económicos, despreciando la desigualdad regional en la renta per cápita, la extensión territorial y la orografía.

La pretensión de un federalismo fiscal y financiero pone de relieve que el sistema autonómico, impuesto por el Poder central del Estado, para colocar en puestos de mando y de enriquecimiento a los subalternos de la clase politica surgida del franquismo, no tiende por su propia naturaleza a la unión politica de los gobernados, ni a la unidad territorial de España, sino a la insolidaridad de unas regiones respecto de otras y a la desigualdad de los derechos individuales y sociales de los españoles. Más que el Plan Ibarreche de consultar al pueblo vasco sobre el derecho a decidir su futuro (eufemismo de autodeterminación), la financiación regional será el centro de gravedad de los conflictos que jalonen la legislatura del PSOE.

florilegio

"Todo lo que comienza como autonomía regional descentralizada, sin ser impulsado por la libertad de todos los gobernados, ni controlado por la representación política de la sociedad civil, seguirá su curso objetivo hacia el autogobierno, hasta que termine implantando de modo subrepticio, y de hecho, un Estado de funcionamiento y de estructura confederal."

Negociación bilateral

EFE

Actualizado 06-05-2008 14:29 CET

Madrid.- El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha afirmado hoy que el nuevo modelo de financiación autonómica ha de definirse primero entre los gobiernos español y catalán para que posteriormente puedan corregirlo los demás territorios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Ridao, en una conferencia de prensa celebrada en la Cámara Baja, ha señalado que en la negociación de la reforma del sistema de financiación de las autonomías es tan importante en el contenido como las formas, ya que, según establece el Estatuto catalán, el modelo debe acordarse de modo bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat.

El dirigente independentista, por tanto, ha rechazado que sea la Ejecutiva Federal del PSOE la que negocie el cambio del sistema, lo que ha tildado de "tomadura de pelo".

Según ha señalado, da la sensación de que los socialistas esperan "una sentencia adversa del Tribunal Constitucional que le sea favorable" para encarar la negociación y "apaciguar a los barones territoriales" del propio partido.

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el caso Taguas

Basilio Aguilar escribe sobre el caso Taguas en Diario de la República Constitucional:

Seopan nace a mediados de los años cincuenta como un lobby que defendía los intereses del sector inmobiliario en el incipiente desarrollo urbanístico de España. Hoy en día es la patronal de las grandes constructoras. En la anterior legislatura se creó la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, cuyo primer titular fue el ahora ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, teniendo a David Taguas como lugarteniente. Éste era hasta hace poco el responsable de dicha Oficina, ya que acaba de aceptar la oferta que le ha realizado Seopan para convertirse en el presidente de la misma.

David Taguas será un privilegiado interlocutor, merced a sus contactos y buenas relaciones con el poder (hilo directo con Moncloa y los ministerios clave) entre los estamentos públicos y algunas de las principales fortunas de España (Luis del Rivero, Florentino Pérez, José Manuel Entrecanales, entre otros), cuyo volumen de negocios, ampliando su cartera de pedidos, depende de la obra pública que licita el Estado.

El Sr. Taguas ya se ha distinguido desde su cargo público, por la defensa a ultranza de las grandes empresas de la construcción. Tuvo un destacado papel en la exclusión de Pánama como un paraíso fiscal, con el fin de que las constructoras españolas pudiesen aprovecharse de la ampliación del canal; frente a la OPA de la alemana E.On no dudó en favorecer la opción Acciona-Enel; su último servicio ha consistido en interceder ante el Gobierno francés para defender los intereses de Sacyr, y buscar una solución a su contencioso con la constructora gala Eiffage.

Más allá de la libre competencia en una economía de mercado o de los méritos profesionales, lo que ejemplifica el caso Taguas, es la relación de vasos comunicantes que se establece entre políticos y grandes empresarios cuando éstos requieren para hacer sus negocios o enjugar sus pérdidas, de la capacidad de influencia sobre un poder sin mecanismos institucionales de control.

Uno de los efectos de la gestión de Taguas en la política del gobierno:

El aval del ICO dará a los promotores hasta 1.100 millones en beneficios

Publicado el 06/05/2008, por Juan M. Lamet, Expansión

Con los 5.000 millones que ha dispuesto el órgano dependiente de Economía, las empresas inmobiliarias obtendrían un 75% de las ganancias que presentaron las cotizadas en 2007. Podrán construir hasta 61.000 viviendas protegidas.

Los promotores venderán hasta 61.000 viviendas más y obtendrán con ellas unos beneficios finales de incluso 1.100 millones de euros. Éste será el resultado final de una de las medidas estrella del Gobierno contra la crisis inmobiliaria, la línea de avales para la titulización de préstamos de vivienda protegida que ha lanzado el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Con ella, este organismo dependiente del Ministerio de Economía ha roto el caparazón de la financiación de los promotores, que se enfrentaban a un mercado cerrado a cal y canto.

Así, el Ejecutivo les ha tendido la mano con 5.000 millones de euros. O, más bien, con 4.985 millones, ya que el ICO obtiene una comisión del 0,3% “sobre el importe total del tramo avalado, pagaderos up-front [por adelantado]”.

¿Las condiciones? Que los Fondos de Titulización de Activos “FT-VPO” a los que se destina la ayuda contengan entre un 80% y un 100% de préstamos hipotecarios destinados a pisos con protección (VPO) y que las entidades financieras reinviertan los beneficios obtenidos por el tramo avalado en más financiación de VPO. Hasta un 20% podría ser, por tanto, vivienda libre, señala el ICO en las bases de la medida.

El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España, Guillermo Chicote, estima que el margen que obtienen los empresarios por cada vivienda protegida (VPO) que venden se mueve entre el 8% y el 10%. La diferencia al alza surge “si se hacen series de muchas viviendas”. Y una VPO media –de entre 90 y 110 metros cuadrados, según la promotora Detinsa– se vende por “unos 180.000 euros, en las áreas periféricas de las ciudades”, especifica Chicote, ya que es “donde se construye hoy en día y se va a construir”.

Así, de cada VPO vendida se puede obtener un margen hasta 18.000 euros de media. Los promotores estiman que construir cada VPO cuesta unos 100.000 euros, y que con los avales del ICO “da para edificar 50.000 viviendas”.

Pero no sólo se venderán ésas, ya que podrán invertir fácilmente los beneficios obtenidos en más VPO (las entidades están obligadas a ello hasta agotar la línea de aval). Echando cuentas, se puede estimar que las inmobiliarias obtendrían en la primera tacada, con las cantidades marcadas por los representantes del sector, 900 millones de euros, si el 100% avalado fueran créditos para VPO.

Con esos beneficios podrían edificar 9.000 casas más, por las que obtendrían 162 millones extra. Y así sucesivamente hasta un total de 1097,56 millones de euros.

La cifra de viviendas ascendería a 60.975. Es decir, un 22% más de las previstas por los promotores y un paso de gigante hacia los 600.000 pisos protegidos en cuatro años que prometió Zapatero. Hay que tener en cuenta que “todas las VPO que se hacen se venden”, como explica Chicote.

Los expertos destacan que “desde el punto de vista jurídico, la medida no tiene ningún pero”. “Es un tipo de fondo que no se ha hecho hasta ahora; me parece positivo”, señala Fernando Navarro, socio del bufete Cuatrecasas. “A ver qué dice el mercado, porque me parece que vamos a ver unos cuantos FT-VPO este año”, concluye.

Como ejemplo para observar la dimensión de esta medida, cabe destacar que las inmobiliarias cotizadas en bolsa tuvieron durante 2007 unos beneficios netos de 1.464,6 millones de euros. El beneficio que conseguirían las promotoras gracias al ICO sería del 74,9% de ese total, aunque se repartiría en varios años, ya que los pisos tardan unos 20 meses en terminarse.

Una cifra abultada que se multiplicaría si el Gobierno se decantase por ampliar a la vivienda libre el auxilio del ICO, ya que ésta ofrece un margen de alrededor del 20%. Los promotores y Convergència iUnió ya lo han pedido.

Los 5.000 millones se reparten hoy entre 44 entidades
El Instituto de Crédito Oficial desvelará hoy el reparto provisional de los 5.000 millones en avales para titulización de créditos hipotecarios destinados a vivienda protegida. El saldo agregado de VPO (según sus estados contables) que han comunicado las 44 entidades de crédito que han presentado solicitud asciende a 25.112 millones de euros.

Esta cifra representa el 84,5% del saldo total estimado de VPO del conjunto del sistema financiero español, que asciende a 29.721 millones de euros, según estadísticas del Banco de España. El 21 de mayo es la fecha tope para que los bancos, cajas y cooperativas de crédito confirmen su voluntad de continuar en el proceso.

El ICO comunicará antes del 29 de mayo el reparto definitivo del aval. Los fondos de titulización deberán estar constituidos antes del 30 de junio de 2009. Los participantes se comprometen a reinvertir la totalidad de los fondos obtenidos a través de la venta del tramo avalado en la financiación de nuevas VPO.

Han de ser fondos cerrados, debiendo ascender el importe del tramo triple A avalado al menos a 100 millones de euros. Por otro lado, los promotores ya le han hecho saber al Secretario de Estado de Economía, David Vegara, su intención de que el Gobierno lance una línea similar para la vivienda libre, con “al menos” la misma financiación. Vegara no lo descartó para el futuro.

hedor en la Presidencia

Jesús Cacho escribe hoy en El Confidencial sobre el caso Taguas:

Criticaba yo el pasado miércoles el fichaje (je, je, je, perdonen, es que me da la risa floja) de Eduardo Zaplana por Telefónica y en el chat de aquel Con Lupa no faltaron las buenas gentes de obediencia sociata que censuraron que para criticar la conducta de Zaplana yo sacara a colación el fichaje previo, no menos llamativo, del socialista Javier de Paz como miembro del Consejo de Telefónica. Pues bien, sorpresas te da la vida que decía la canción, en la tarde de ese mismo miércoles nos enterábamos del nombramiento de David Taguas como nuevo presidente de SEOPAN, la patronal de la construcción, que es quizá el caso más llamativo, por escandaloso, de colusión entre lo público y lo privado, vale decir simplemente que de corrupción, de los muchos que se han dado en la Historia de nuestra renqueante democracia. por Telefónica y en el chat de aquel Con Lupa no faltaron las buenas gentes de obediencia sociata que censuraron que para criticar la conducta de Zaplana yo sacara a colación el fichaje previo, no menos llamativo, del socialista

Y es que el caso que nos ocupa se me antoja bastante más grave que cualquiera de los habidos hasta ahora, porque afecta directamente a la presidencia del Gobierno y a la persona del Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. La salida por peteneras de David Taguas viene a certificar el fracaso sin paliativos de la que quizá fue la gran novedad del primer Gobierno Zapatero: esa pomposa Oficina Económica del Presidente, con sede en la propia Moncloa, convertida de inmediato, como no podía ser menos en un país sin tradición democrática como España y con un presidente provisto de una idea borrosa de lo que es la economía de mercado y la libre competencia, en un gran lobby al servicio de empresas constructoras e inmobiliarias.

La cierta discreción de que hizo gala, o al menos lo intentó, el primer titular de dicha Oficina, el ahora ministro Sebastián, se convirtió con Taguas en abierto compadreo. Por su despacho pasaban un día sí y otro también los grandes popes de la obra civil, los Luis del Rivero, Florentino Pérez, José Manuel Entrecanales, etcétera, que como todo el mundo sabe dependen de la obra pública que licita el Estado, y los nuevos millonarios del sector inmobiliario. Los unos para entrar a saco en el sector eléctrico, una peculiar diversificación que, huyendo de la libre competencia, como es norma en España, todavía se ciñe, se pliega, se somete más al Estado, que es quien fija la tarifa; los otros para pedir árnica cuando al crisis del ladrillo hizo su aparición estelar en la burbuja española.

Lo relataba Carlos Sánchez en este diario con ajustada crudeza: “¿Que había que articular una alternativa española a la OPA de la alemana E.On sobre Endesa? Ahí estaba Taguas -junto a su mentor, Miguel Sebastián- para favorecer la opción Acciona-Enel. ¿Que había que dejar de considerar a Panamá un paraíso fiscal para que las constructoras pudieran participar en la ampliación del canal? Ahí estaba Taguas. ¿Que había que diseñar una línea de crédito oficial para que las inmobiliarias obtuvieran liquidez? De nuevo Taguas, dispuesto a defender esta opción frente a Solbes. ¿Que había que lanzar a la opinión pública el mensaje de que la falta de liquidez podía ahogar al ‘ladrillo’? Ahí estaba Taguas para escribir los discursos del presidente”. En los últimos meses, el trabajo de este David nada ejemplar se ha centrado en sacarle las castañas del fuego a Sacyr, a cuenta del callejón sin salida en que el audaz señor de Murcia se metió con el caso Eiffage.

Pero, ¿está la Presidencia del Gobierno de un país supuestamente democrático para hacer ese tipo de “trabajos” en favor de intereses privados? ¿Han elegido los ciudadanos a Zapatero para que dedique su tiempo a defender la cuenta de resultados de cuatro o cinco grandes empresas, cuentas a menudo puestas en peligro por los groseros errores de gestión de sus directivos? ¿Es que no hay nadie, en el entorno de Moncloa o del propio PSOE, capaz de advertir la dinámica de corrupción en cadena que provoca ese tipo de servicios? ¿O es que esa ayuda presidencial sale gratis? Es obvio que no. Ahora, el señor Taguas acepta la oferta de los constructores para presidir su patronal, y los españoles tienen todo el derecho para pensar que se va para cobrar los servicios prestados.

Y no es problema de que los políticos, como se ha escrito con profusión estos días, estén bien o mal pagados. Es evidente que están mal pagados, y también lo es que si los españoles queremos tener a los mejores implicados en tareas de función pública habrá que cambiar ese estado de cosas. Pero aquí hablamos de otra cosa. Hablamos de una cuestión de orden moral que tiene que ver con la obligación de todo funcionario público, lo diga o no la llamada Ley de Incompatibilidades, no sólo de no corromperse, sino de aparentarlo; de no someterse a presiones, promesas o dádivas de los poderosos, porque estará faltando a la Ley y traicionando a quienes lo eligieron.

Pero dejémonos de eufemismos. El gran culpable de este episodio, que habla otra vez a las claras de la paupérrima calidad de una democracia que despide un insoportable hedor a corrupción, es el presidente del Gobierno, de quien directamente dependía y de quien recibía instrucciones el señor Taguas hasta hace unos días. Este es un escándalo que salpica directamente a Zapatero. Por eso, esa frase repetida con profusión por la prensa adicta, según la cual el Presidente se había sentido “desagradablemente sorprendido” por la noticia, no es sino una broma pesada. Perdón, es más que eso: es una clara demostración de falta de vergüenza democrática, porque hubiera bastado una gesto suyo para que los ricos de SEOPAN se fueran con su música a otra parte. Levitando en su nube, el señor Zapatero empieza a creer que todos nos chupamos el dedo, y lo peor es que a lo mejor no le falta razón. Tontos y consentidores.

fiscalidad desigual

Algunas desigualdades de las que no se va a ocupar el Ministerio de la Igualdad:

Vascos y navarros pagan un 25% menos de impuestos que el resto de españoles IRPF

@Cotizalia.com - 28/04/2008 6:00h

Los ciudadanos que residen en el País Vasco y Navarra pagan menos impuestos que los que viven en el resto de autonomías de España, según el último número de la revista Papeles de Economía Española editada por la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).

Según una nota sobre el estudio remitida por FUNCAS, el País Vasco tiene una presión fiscal sustancialmente inferior a la del resto de España, un 35%, mientras que en Navarra es un 25% más baja. En términos per cápita, los ayuntamientos del País Vasco son los que más gastan e ingresan. En concreto, gastan casi un 15% más que los de Madrid, que son los segundos que más invierten, y casi el doble que los de Galicia, que son los que menos ingresan.

Por municipios, el mayor esfuerzo fiscal lo registran Jerez de la Frontera (458,6), y Burgos (308,8), mientras que el lado opuesto se sitúan Las Palmas de Gran Canaria (9,9) y Badajoz (6,3). Entre los ayuntamientos “grandes” destaca Zaragoza, duplicando el índice de Barcelona y triplicando el de Madrid.

En relación a los impuestos, se indica que “sería oportuno habilitar para los ayuntamientos de tamaño medio una cierta capacidad normativa en relación con los grandes impuestos estatales: IRPF e IVA.

En relación al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), los autores del estudio proponen “la sustitución de este impuesto por un recargo en el IRPF, en la parte imputable a los rendimientos de las actividades económicas, y en el Impuesto sobre sociedades.

Consideran que hay que incentivar la suficiencia financiera de las entidades locales mediante nuevas fuentes tributarias, y proponen un impuesto sobre contaminación acústica en los aeropuertos, impuestos de entrada en los barrios céntricos de las ciudades, e impuestos sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento, entre otros.

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