colaboración necesaria

Núria Almirón publica en Viento Sur, vía Attac Catalunya

...Sin embargo, de la instrucción judicial se desprendía algo incluso peor que la insolidaridad fiscal demostrada por la entidad financiera y unos cuantos cientos de ciudadanos: se trata de la colaboración necesaria que el banco había prestado a sus clientes para ocultar los datos a Hacienda y para obstaculizar la investigación de la Agencia Tributaria, primero, y del juzgado de instrucción encargado del caso, después.

Esta colaboración necesaria, en lo que constituye hasta hoy el mayor fraude fiscal en tiempos de democracia en España, es a lo que se ha enfrentado principalmente la entidad financiera desde entonces. El SCH consiguió que los servicios jurídicos del Estado le exculparan —incluida la Agencia Tributaria, que contradictoriamente mantuvo mientras en su seno a un equipo de funcionarios que seguían descubriendo evidencias de la actitud obstructiva del banco—. Y consiguió la exculpación por escrito y bien claro.

[...] Esto es lo que se dirime ahora, después de que el 23 y el 24 de noviembre se vieran ante el juez las cuestiones preliminares. En ellas, la fiscalía pública y la defensa del banco pretenden impedir que el juicio tenga lugar, declarándolo nulo —esto es archivándolo— por un defecto de forma en su tramitación. Según afirman, en un procedimiento abreviado, y el de las cesiones lo es, la acusación no puede venir sólo de la acusación popular, representada aquí por la Asociación para la Defensa de Inversiones y Clientes (ADIC) y por ICV-EUA —aunque esta formación presentó su escrito fuera de plazo—. Produce estupor que causa tan grave pueda archivarse por motivo tan nimio, pero así están las cosas. ADIC pide hasta 180 años de cárcel para Emilio Botín y otros tres directivos del banco y 46 millones de euros de multa para cada uno por su presunta participación en 36 delitos fiscales, un delito continuado de falsedad en documento oficial y otros tres delitos continuados de falsedad en documentos mercantiles. Si habrá o no juicio se sabrá el próximo 20 de diciembre cuando el juez resuelva sobre la cuestión de nulidad planteada por la fiscalía con apoyo de la defensa.

Dado que esta coincidencia total entre gobiernos de distinto color y la defensa de la entidad financiera no es nueva, sino que viene sucediéndose, para vergüenza de propios y ajenos, desde 1996-1997, los más escépticos riñen a los idealistas con un «qué esperabas». Pero deberíamos esperar mucho más. Las autoridades públicas han tenido que enfrentarse a una doble preocupación con el caso de las cesiones. La primera es la envergadura del banco implicado, bandera de la economía española dentro y fuera del país y agente económico con enorme poder. La segunda es la dependencia financiera de los partidos políticos de todos los colores, pero especialmente de las dos mayores formaciones, de las entidades financieras, sin cuyos créditos y condonación de deudas no podrían ganar elecciones. Sin embargo, todo ello podría no haber sido suficiente a tenor de la premura con que el banco de Emilio Botín se aprestó a echar un cable al gobierno en el caso Endesa en cuanto le fue posible. La financiación de la entrada de Acciona en Endesa, por parte del Santander, puede interpretarse como un movimiento de preparación para la fatídica fecha del 23-24 de noviembre, día en que se veían las citadas cuestiones previas del juicio por las cesiones y en el que el gobierno, a través del fiscal, podía actuar a su discreción. O también puede verse como un movimiento de agradecimiento ante los servicios ya prestados, pues a Solbes le faltó tiempo para exculpar de nuevo al SCH en el caso de las cesiones nada más llegar a la Moncloa. Interprétese como se quiera pero siempre se topará con la abdicación de sus funciones por parte del gobierno de turno cuando lo que se tiene en frente es al Poder en mayúsculas. Y es preciso recordar aquí que, en caso de archivarse finalmente el caso, el pulso mantenido por el banco contra la Justicia no habrá sido perdido por ésta —que ha resistido numantinamente durante 14 años— sino ganado por el banco con la ayuda de los representantes políticos de los ciudadanos. No hay soluciones mágicas pero la ley de financiación de los partidos debe ser revisada ya sin más dilaciones para acabar con al menos una de las principales dependencias que atan de manos a los partidos políticos y, en consecuencia, a los gobiernos y sus decisiones. Tal exigencia debería ser un clamor.