el salario social

Escrito por Juan Neira y publicado en El Comercio,Vía Caffè Reggio

La implantación del salario social ha sido más un gesto de generosidad que una exigencia ciudadana

En la mañana que precede a la Nochebuena reconforta constatar que Asturias está entre las cuatro comunidades autónomas que tienen institucionalizado el salario social. Otras trece regiones, entre ellas la acaudalada y progresista Cataluña, no consideran que debe haber una renta mínima para las personas que carecen de los más elementales recursos: tener plaza fija en cualquier esquina también produce ingresos. Madrid, el País Vasco y Navarra forman con Asturias el cuarteto de comunidades con sensibilidad social. De las cuatro comunidades sólo una tiene gobierno de izquierdas.

Hay otra diferencia entre las cuatro regiones: Madrid, País Vasco y Navarra tienen economías prósperas, mientras Asturias marcha en la cola del crecimiento económico. De todas formas, este es un dato relativo porque en la clasificación de los ingresos medios por hogares Asturias roza los 24.000 euros, lo que la sitúa en el sexto puesto del pelotón autonómico. Una cosa es la Asturias productiva y otra la Asturias de la Seguridad Social.

La implantación del salario social, tal como está concebido en España, no supone un gesto heroico de los gobiernos, se trata de una cuestión de mera decencia. El Principado, con 15 millones de euros, socorre las necesidades elementales de 11.000 personas. No es la solución al problema de la pobreza, pero sí es un paliativo.

Una de las cosas más llamativas que ocurren con los indicadores de la pobreza en España es que los índices casi se mantienen estancados pese al gran desarrollo económico experimentado en los últimos años. En el año 1991, había ocho millones de personas que no alcanzaban el 50% de la renta media de la población. Quince años más tarde, ocho millones de españoles no llegan al 60% de la renta media. Esta última ratio es sobre la que se ha establecido hoy día el umbral de la pobreza. Puede colegirse que el crecimiento económico no llega a todos aunque estemos en plenas vacas gordas del empleo, porque hay gente que no se presenta en los sitios adecuados y que no sabe engancharse a las redes sociales. Para las personas carentes de educación, salud y medios, no es fácil transitar por nuestra sociedad.

Hay acuerdo general en que la marginación alcanza más a las mujeres que a los hombres, y dentro de estas, las que tienen más de sesenta y cinco años llevan la peor parte. Sin embargo, es más desconocido que la soledad produce pobreza cuando se está en la tercera edad, con indiferencia del sexo. El 47,3% de los españoles de más de sesenta y cinco años, que viven solos, son pobres. Un dato estremecedor. Este indicador es muy preocupante para Asturias, porque somos la región más envejecida, y la que tiene menos gente comprendida en la franja de edad de cero a veintinueve años; las próximas generaciones de viejos estarán destinadas a vivir en soledad, un tipo de vida que marcha en paralelo con la pobreza.

La persistencia de los niveles de pobreza en España, pese a conocer el ciclo de creación de empleo mayor de toda nuestra historia, obliga a buscar algún argumento sólido. Para explicar esta contradicción, la izquierda recurre a una explicación de libro: el escaso gasto social de los gobiernos de Aznar. Desde una perspectiva puramente política, el argumento se rebate solo: con más gasto social, entre los años 1996 y 2000, no habríamos cumplido los criterios de convergencia de Maastricht y ahora estaríamos fuera de la eurozona, con lo que no tendríamos ni empleo ni bienestar social. Había que escoger y se optó por reducir el déficit público, el nivel de endeudamiento y rebajar la inflación.

Dejando a un lado las explicaciones en clave de partido, la verdadera razón estriba en que los programas de protección social no tienen como principal destinatarios a los pobres. Tras cotejar datos, a esta tesis ha llegado el profesor Barea, nada sospechoso de profesar izquierdismo. Sin entrar en las cifras, hay un hecho que avala esta tesis: el Estado de Bienestar está pensado para personas integradas en el sistema, que contribuyen al mismo y reciben sus beneficios, pero no es tan eficaz para ciudadanos enteramente marginados. La pobreza precisa de tratamientos más específicos.