Mallorca anda revuelta con un escándalo donde se entremezclan vidas privadas, sueldazos públicos, irregularidades en la contratación de inmigrantes y, sobrevolándolo todo, la eterna guerra PP-PSOE. Todo empezó en otoño del año pasado, cuando el presidente autonómico Jaume Matas se sacó de la manga una conselleria de Inmigración. Al frente de la misma colocó a Encarnación Pastor, cuyo único aval profesional hasta entonces era haber ocupado la Presidencia de la Casa de Extremadura.
Quizá esa falta de tablas llevó a la nueva consejera a querer nombrar directora general a la que fue primero su empleada doméstica y, más tarde, camarera en la pizzería que regenta, la argentina Laura Giorgio. Los primeros que se llevaron las manos a la cabeza fueron sus compañeros del PP, quienes le recordaron que esos cargos los nombraba el partido. Encarnación Pastor tuvo que conformarse con nombrarla jefa de su Gabinete, un puesto de menor rango para el que ella entendió que no era ya necesario un currículum de la candidata para avalar su decisión.
Como ven, nada que pueda sorprendernos en la España del nepotismo, de no mediar algún que otro detalle de la anterior vida laboral de la flamante nueva jefa de Gabinete. Laura Giorgio llegó a España en 2002, con un visado de turista, lo cual le impedía trabajar. Un año después, su valedora y gran amiga, la ahora consejera, cursó una petición para contratarla como empleada del hogar, que le fue denegada por la insuficiencia de sus ingresos para actuar como patrona. Giorgio -que hoy cobra el equivalente a ocho millones de pesetas anuales en el gobierno regional del PP- aprovechó tiempo después la regularización extraordinaria de sin papeles del Gobierno de Zapatero para conseguir permiso de trabajo y residencia. Un trámite para el que utilizó como domicilio de residencia la vivienda de la consejera Pastor.
Todo un sin fin de lazos de amistad entre una y otra que ahora han sido esgrimidos al destaparse la escandalosa contratación. Resulta que Inspección de Trabajo cursó en marzo de este año una denuncia contra la jefa de gabinete por contratación irregular. La marejadilla ascendió a fuerte marejada cuando el delegado del Gobierno en Baleares, el socialista Ramón Socías, le impuso en fecha reciente una multa de 6.001 euros al Govern de Matas, alegando que hubo un cambio en el estatus contractual de una trabajadora inmigrante sin que fuera comunicado como era preceptivo.
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