Aún no ha comenzado la legislatura y algunas letras comienzan a vencer. La más peliaguda de todas es la prometida revisión del sistema de financiación de las autonomías. El nuevo Estatut de Catalunya –ley orgánica aprobada por el Parlamento español- establece unos plazos para fijar las bases del nuevo modelo. Y estos plazos finalizan el próximo mes de agosto. Lo dice una ley orgánica española. Lo dice el Estatut de Catalunya.
Afrontar esta discusión en un momento de clara desaceleración de la economía, es, cuando menos, peliagudo, por muchos esfuerzos que haga Pedro Solbes para desvincular una cosa de la otra. No hay duda de que la primera preocupación del nuevo Gobierno Zapatero será la adopción de una serie de medidas de choque (plan de obras públicas, fomento de la vivienda de protección oficial, facilidades crediticias a las empresas inmobiliarias, posibilidad de prolongar el pago de las hipotéticas…), para evitar un frenazo en seco del sector de la construcción, frenazo que ya se está produciendo. El problema que se avecina no es menor, sobre todo en un país acostumbrado psicológicamente a las 'vacas gordas'. Más de 14 años consecutivos de crecimiento económico nos contemplan. Un caso único en la Unión Europea.
Y el debate de la financiación va necesariamente unido al de las balanzas fiscales. Las citadas balanzas deberían poder establecer un retrato objetivo de cómo discurren los flujos de renta entre los distintos territorios o comunidades que conforman el Estado español. En pocas palabras, qué se aporta y qué se recibe. De todos es sabido que Madrid, Catalunya y Baleares son las autonomías que más aportan a la caja común. Y que Andalucía y Extremadura son las que más se benefician de la citada caja. Y que el País Vasco y Navarra prácticamente no pagan nada, gracias a un privilegio del siglo XIX reconocido por la Constitución de 1978: ¡el único privilegio realmente existente en España!
En la pasada campaña electoral, Convergència i Unió dijo que sólo apoyaría a Zapatero si se publicaban las balanzas fiscales. Y el PSC, atento a la jugada, se declaró firme partidario de su publicación. Ayer, Pedro Solbes tiró pelotas fuera. Y José Blanco, secretario de Organización del PSOE, dijo que no hay nada decidido al respecto. Unas horas antes, el presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, había dicho que la publicación de las balanzas fiscales vulneraría el espíritu constitucional, argumentando que los impuestos los pagan las personas y no los territorios. (En el fragor de la discusión, es curioso que nadie recuerde que las subvenciones europeas las reciben los territorios españoles y las pagan… los ciudadanos alemanes).
¿Es perjudicial saber con una cierta exactitud cómo se articula la solidaridad interna española?
Aún no ha comenzado la legislatura y hay letras que ya comienzan a vencer.
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