La vida sigue igual

artículo de Pedro M. González en Diario de la República Constitucional:

Ha terminado la campaña electoral en el Estado de los poderes inseparados. La paz del cementerio volverá a reinar tras la matemática del pacto postelectoral y con ella, el engranaje de la Justicia partitocrática comenzará a girar de nuevo, ejecutando eficazmente su labor.

El Tribunal de lo Político que es el falsamente denominado Constitucional retomará sus actividades y verán ustedes como en breve tendremos su veredicto sobre temas tan importantes como el Estatuto catalán, paralizado hasta que el panorama político estuviera despejado con un nuevo ganador al que obedecer.

La cobardía de quien espera un resultado electoral para decidir el sentido de un fallo judicial aplicando supuestamente criterios jurídicos, evidencia la falsedad del sistema que lo sustenta. Bajo la excusa de no influenciar en los resultados electorales se retrasa sin disimulo la solución a un problema que hipócritamente se disfraza como de carácter jurídico. Asumir como cierta tal aberración equivale a reconocer la prevalencia de los tiempos políticos sobre el deber estatal de juzgar y hacer cumplir lo juzgado.

Con la victoria electoral del PSOE el visto bueno del Tribunal Constitucional al Estatuto queda más cerca, sabedores al fin Sus Excelentísimas Señorías de los vientos que han de correr en la nueva legislatura-judicatura.

En esta ocasión la Razón de Estado tenía que esperar al momento procesal oportuno en el que se conociera el ganador de la contienda partidista, precisamente al contrario que en el asunto de “Los Albertos”, en que la premura en dar una solución al entuerto de estos hijos predilectos del sistema era inaplazable por las nefastas consecuencias institucionales que conllevaría su ingreso en prisión.

La ecuanimidad y la valentía institucional sólo pueden garantizarse con la separación de poderes. No puede esperarse actuación judicial independiente, sólo sometida a Derecho, cuando tal separación es inexistente tanto orgánica como funcional y económicamente. En el Estado de poderes inseparados el reino de la deslealtad sólo puede dirigirse por criterios de simple oportunidad partidista.

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