el Fiscal quiere instruir

El PSOE quiere que la instrucción en los procesos judiciales la haga el fiscal, y hasta tanto se haga la necesaria reforma de la ley, el Fiscal General del Estado ha dado unas instrucciones al respecto a los fiscales, que han originado una notable polémica.

La pretendida reforma podría ser acertada si la Fiscalia dejase de depender del Gobierno, empezando por el nombramiento del Fiscal General del Estado, pasando este a ser elegido por una mayoría calificada del Congreso; pero no, nuestros políticos apuran al máximo para que la administración de justicia sea un negociado más de un Ministerio o de una Consejería Autonómica.

¿Se imaginan algunos casos célebres - las cesiones de crédito- cuya instrucción hubiera dependido de la Fiscalía? No habría habido instrucción. La verdad fue otra, con una instrucción de 13 años no hubo juicio.

La noticia en ADN , y editoriales de Libertad Digital y de Málaga Hoy:

NO ha habido que esperar muchos días para que el mundo de la Justicia viva un nuevo episodio de tensión, esta vez a cuenta de la instrucción emanada en la Fiscalía General del Estado que da potestad a los fiscales para ordenar a la policía judicial la apertura de investigaciones aunque un juez tenga abierto un procedimiento por el mismo caso. Lo que a jueces, analistas y juristas en general parece meridianamente claro en la Ley de Enjuiciamiento Criminal -"cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos"-, no lo parece tanto para el fiscal general, aun a sabiendas del revuelo que su instrucción ha provocado desde que trascendió a la opinión pública. La instrucción de la Fiscalía ha obrado el milagro de unir en su contra a todas las asociaciones de la magistratura, que ven en la notificación de Conde Pumpido un primer paso para que la instrucción sea dirigida por los fiscales, pero sin cambiar la ley. Si bien otros países aplican ese sistema, en España se necesitaría un cambio de modelo que hoy por hoy está lejos de contar con consenso: la junta de Jueces Decanos se mostró recientemente en contra de tal cambio. Ahora, cuando significados magistrados de la Audiencia Nacional se han rebelado, alertando sobre la posible nulidad de las causas que siguieran este camino, el Consejo General del Poder Judicial se apresta a revisar el caso la próxima semana. Cuando aún no se han apagado los ecos de polémicas recientes entre el Supremo y el Constitucional, cuando el alto tribunal se divide en debates de tinte político, ese CGPJ que monolíticamente vota según las cuotas de su composición por extracción parlamentaria, el ciudadano no puede sino asistir estupefacto a esta pugna que añade un elemento más al deterioro de imagen de la Justicia, a fin de cuentas un servicio público que necesita la confianza de los administrados como herramienta básica de su funcionamiento.

EDITORIAL DE LIBERTAD DIGITAL, 19-3-2008

Haciéndose con el control del poder judicial

El Gobierno socialista no ha esperado mucho para dar un nuevo paso en pos del control del poder judicial, el único que aún no domina por completo. Cándido Conde Pumpido ha dado instrucciones a los fiscales –que, recordemos, han de atenerse al principio de dependencia jerárquica– para que ordenen actuaciones policiales aunque el caso se encuentre en manos de un juez. Una orden que no sólo contradice las leyes vigentes, sino que abre un peligroso camino hacia la politización completa de la jurisdicción penal.

Si nuestra democracia ya padecía desde el principio de una incorrecta separación entre los poderes legislativo y ejecutivo, pues el titular de este último es elegido por el parlamento, se establecía una cierta salvaguarda en la independencia del judicial. Sin embargo, ya en el primer Gobierno del PSOE se procuró enterrar a Montesquieu otorgando al Congreso la potestad de escoger a los magistrados del CGPJ, el “Gobiernos de los jueces”. Desde entonces se han cometido muchas otras tropelías contra la independencia del poder judicial; este último atropello de Conde Pumpido no es sino la última de ellas.

La instrucción dada por el Fiscal General del Gobierno contradice abiertamente varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que especifican que corresponde al juez la tarea de instruir el sumario y que los fiscales tienen la obligación de cesar cualquier investigación en cuanto un juez se haga cargo de ella. Además, al quebrantar el derecho a la defensa, las pruebas que pudieran obtenerse de ese modo serían previsiblemente declaradas nulas por los tribunales. En resumidas cuentas, la última de Conde Pumpido parece que tendrá enfrente a la judicatura, pero indica muy bien por dónde van los tiros de esta nueva legislatura en lo que a Justicia se refiere.

Ya hemos visto en estos últimos cuatro años, por ejemplo, cómo la Fiscalía Anticorrupción ha centrado su labor de forma casi exclusiva en las comunidades gobernadas por el PP, con acusaciones y detenciones conocidas antes por la prensa amiga que por los propios interesados, mientras se procuraba paralizar la investigación de casos que afectaran a los socialistas, como el de Ciempozuelos. Da miedo pensar lo que podría suceder si encima tuvieran la facultad de hacer una investigación paralela a la del juez.

Pero, sobre todo, si pese a que las leyes indican explícitamente que han de ser los jueces quienes instruyan los casos de forma exclusiva los socialistas han dado este paso, seguramente será porque piensan llegar mucho más lejos, quién sabe si hasta el extremo de eliminar la figura del juez instructor y otorgarle sus funciones a los fiscales, que dependen jerárquicamente de un cargo político, nombrado a dedo por el Gobierno de turno. La experiencia de todas las legislaturas en las que el PSOE ha gobernado justifica todos los temores.