picaresca en la VPO

Los sorteos para la concesión de un piso de protección oficial son una constante en la geografía española. ¿Por qué hay que ayudar con dinero público a comprar un piso? ¿Por que no se crea un parque público de viviendas en alquiler, propiedad del estado y gestionado conjuntamente por agencias públicas y empresas, para acceso a la vivienda de ciudadanos con determinadas rentas según la declaración anual a Hacienda?.

Hay picaresca en la concesión, y en la compraventa, tanto en la compra como en la venta. Se ha creado una burocracia para administrar estas operaciones. Y ahora hay que crear un cuerpo de inspectores para controlar la picaresca.

Adjunto artículo de La Vanguardia, vía Radical.es

Es notorio que hay fraude en la adjudicación y en la reventa de las viviendas de protección oficial (VPO) Lo novedoso, sin embargo, es la determinación de las administraciones en atajarlo. El paso más drástico lo dio la semana pasada el Gobierno vasco, al anunciar la expropiación de ocho viviendas protegidas por incumplimiento grave de las condiciones de adjudicación: sus propietarios no residían en ellas, y alguno incluso las alquilaba por habitaciones.

Euskadi ha sido pionera en el control del fraude en viviendas protegidas: ha creado un cuerpo de inspectores de viviendas que han revisado la situación de un tercio de las VPO de la comunidad y ha detectado irregularidades en 1.972 casos: un 9% del total de las viviendas revisadas…

En Euskadi, se han inspeccionado 17.235 viviendas protegidas de las cerca de 50.000 de la comunidad y se han abierto 1.972 diligencias por irregularidades. De éstas, 390 han tenido que cerrarse sin sanción por haber prescrito la infracción, 138 se han cerrado con sanciones, por un importe total de 302.000 euros, y en ocho casos se ha iniciado la expropiación. El resto de las diligencias sigue en tramitación. Según la consejería, la mayoría de las irregularidades consisten en no ocupar la vivienda, teniéndola vacía o alquilada, y en haberla vendido sin autorización del Gobierno autónomo.

El resto de las autonomías avanzan más lentamente en el control del fraude en las viviendas protegidas. Andalucía se ha propuesto crear un cuerpo inspector similar al de Euskadi, que aún no tiene operativo, y ha creado una agencia para comprar las VPO iniciadas después de 1999 que se pongan en venta, con un presupuesto de 70 millones de euros. Catalunya, como Euskadi y Aragón, han creado registros de solicitantes para garantizar que los compradores cumplen los requisitos (especialmente el nivel de renta limitado y no ser titulares de otras viviendas).