La Audiencia Nacional comienza el jueves a juzgar a Botín por las cesiones de crédito del Banco Santander
publicado en Diario Siglo XXI
Redacción / EP
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará el próximo jueves a juzgar el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander, en el que están acusados el presidente del SCH, Emilio Botín, el ex consejero delegado Rodrigo Echenique y el ex jefe de la asesoría jurídica José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, antiguo jefe central contable, por cuatro delito continuados de falsedad, tres en documento mercantil y uno en documento oficial, y 30 delitos contra la Hacienda Pública.
El jueves y el viernes están señalados para celebrar las cuestiones previas al juicio, en las que tanto las defensas como la Fiscalía -que no ejerce ninguna acción en este procedimiento- y las acusaciones particulares pueden solicitar medidas de suspensión o incluso la anulación de la causa alegando vulneración de derechos fundamentales.
El pasado 21 de febrero, la juez que instruyó el caso, Teresa Palacios, remitió sus actuaciones "junto con las piezas y los depósitos si los hubiere" a la Sección Primera para su enjuiciamiento. La Sala también juzgará a 28 clientes de la entidad por delito fiscal cometido en el ejercicio de 1988 ó 1989, al considerar que adquirieron cesiones de crédito, producto financiero de fiscalidad opaca que el Santander comenzó a comercializar en la década de los ochenta.
ACUSACIONES POPULARES.
La acusación popular que ejerce la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes solicita 180 años de prisión y multa de 46.266.233,92 euros para Botín, Echenique, Uclés y Alonso. En su escrito, presentado en julio de 2004, considera que los entonces responsables del Santander fueron cooperadores necesarios en "36 delitos contra la Hacienda Pública cometidos en el ejercicio de 1989".
Además, les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial y de tres continuados de falsedad en documento mercantil, como consecuencia de la "simulación de los contratos de cesión de crédito". Para las otras 36 personas contra las que se solicitaba que se abriera juicio oral, clientes del banco que contrataron el producto de fiscalidad opaca, se pide 4 años de prisión por cada delito fiscal que se les imputa, que en su mayoría sólo es uno.
Por otro lado, la otra acusación popular personada en el caso, que ejerce Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), solicita en su escrito de calificación un total de 116 años de prisión y multa de 46.247.233,92 euros para Botín y sus colaboradores, por la presunta comisión de 36 delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
En cambio, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la Abogacía del Estado han solicitado en reiteradas ocasiones el sobreseimiento de las actuaciones respecto de los responsables del Banco de Santander, así como que se investiguen los delitos fiscales cometidos por los clientes de la entidad en los Juzgados que les correspondieran por su lugar de residencia.
30 DELITOS CONTRA HACIENDA
En el auto de apertura de juicio oral, dictado el 6 de octubre de 2004, la juez impuso a Botín, Echenique, Uclés y Alonso una fianza en concepto de responsabilidad civil de 67.754.490,07 euros y les acusó de 30 delitos contra la Hacienda Pública.
No obstante, en el apartado de relato de hechos del auto, la magistrada afirma que "deben ser condenados a abonar a la Hacienda Pública en concepto del perjuicio causado por el delito continuado de falsedad en documento oficial en la cuantía de 84.935.195,86 euros, de los cuales, 7.707.038,98 se corresponden con las cuotas defraudadas en los 36 delitos fiscales de los que deben responder como coautores".
La rebaja de 36 a 30 delitos contra la Hacienda Pública y en la cuantía de la responsabilidad civil exigida coincide con el hecho de que se haya extinguido la responsabilidad de seis clientes, dos por fallecimiento y cuatro por aplicación de la reforma del Código Penal.
A los 28 clientes contra los que se ha abierto juicio oral se les impone, en concepto de responsabilidad civil, la cuota defraudada por cada uno de ellos, que fluctúa entre los 726.171,08 euros que se reclama a uno por defraudación del Impuesto sobre Sociedades en 1989 y los 7.336.256,04 que se imponen a otro por la cuota del mismo arancel en 1988.
SEGUNDO JUICIO
Este no será el primer juicio al que se enfrente Emilio Botín en la Audiencia Nacional, ya que la Sección Tercera de lo Penal de este órgano judicial le sentó en el banquillo junto con el ex copresidente del Santander José María Amusátegui y el ex consejero delegado Angel Corcóstegui. Los tres fueron absueltos del delito societario del que eran acusados en relación con las indemnizaciones de 56 y 108 millones de euros cobradas por los dos últimos, respectivamente, tras su salida del banco.
En este caso la Fiscalía tampoco acusó y se limitó a solicitar la absolución de los tres procesados por considerar que los hechos denunciados carecían de relevancia penal. Los acusados sólo se enfrentaban a las peticiones de prisión de las dos acusaciones particulares, en representación del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y del accionista minoritario del Juan Francisco Franco Otegi.
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Redacción / EP
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará el próximo jueves a juzgar el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander, en el que están acusados el presidente del SCH, Emilio Botín, el ex consejero delegado Rodrigo Echenique y el ex jefe de la asesoría jurídica José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, antiguo jefe central contable, por cuatro delito continuados de falsedad, tres en documento mercantil y uno en documento oficial, y 30 delitos contra la Hacienda Pública.
El jueves y el viernes están señalados para celebrar las cuestiones previas al juicio, en las que tanto las defensas como la Fiscalía -que no ejerce ninguna acción en este procedimiento- y las acusaciones particulares pueden solicitar medidas de suspensión o incluso la anulación de la causa alegando vulneración de derechos fundamentales.
El pasado 21 de febrero, la juez que instruyó el caso, Teresa Palacios, remitió sus actuaciones "junto con las piezas y los depósitos si los hubiere" a la Sección Primera para su enjuiciamiento. La Sala también juzgará a 28 clientes de la entidad por delito fiscal cometido en el ejercicio de 1988 ó 1989, al considerar que adquirieron cesiones de crédito, producto financiero de fiscalidad opaca que el Santander comenzó a comercializar en la década de los ochenta.
ACUSACIONES POPULARES.
La acusación popular que ejerce la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes solicita 180 años de prisión y multa de 46.266.233,92 euros para Botín, Echenique, Uclés y Alonso. En su escrito, presentado en julio de 2004, considera que los entonces responsables del Santander fueron cooperadores necesarios en "36 delitos contra la Hacienda Pública cometidos en el ejercicio de 1989".
Además, les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial y de tres continuados de falsedad en documento mercantil, como consecuencia de la "simulación de los contratos de cesión de crédito". Para las otras 36 personas contra las que se solicitaba que se abriera juicio oral, clientes del banco que contrataron el producto de fiscalidad opaca, se pide 4 años de prisión por cada delito fiscal que se les imputa, que en su mayoría sólo es uno.
Por otro lado, la otra acusación popular personada en el caso, que ejerce Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), solicita en su escrito de calificación un total de 116 años de prisión y multa de 46.247.233,92 euros para Botín y sus colaboradores, por la presunta comisión de 36 delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
En cambio, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la Abogacía del Estado han solicitado en reiteradas ocasiones el sobreseimiento de las actuaciones respecto de los responsables del Banco de Santander, así como que se investiguen los delitos fiscales cometidos por los clientes de la entidad en los Juzgados que les correspondieran por su lugar de residencia.
30 DELITOS CONTRA HACIENDA
En el auto de apertura de juicio oral, dictado el 6 de octubre de 2004, la juez impuso a Botín, Echenique, Uclés y Alonso una fianza en concepto de responsabilidad civil de 67.754.490,07 euros y les acusó de 30 delitos contra la Hacienda Pública.
No obstante, en el apartado de relato de hechos del auto, la magistrada afirma que "deben ser condenados a abonar a la Hacienda Pública en concepto del perjuicio causado por el delito continuado de falsedad en documento oficial en la cuantía de 84.935.195,86 euros, de los cuales, 7.707.038,98 se corresponden con las cuotas defraudadas en los 36 delitos fiscales de los que deben responder como coautores".
La rebaja de 36 a 30 delitos contra la Hacienda Pública y en la cuantía de la responsabilidad civil exigida coincide con el hecho de que se haya extinguido la responsabilidad de seis clientes, dos por fallecimiento y cuatro por aplicación de la reforma del Código Penal.
A los 28 clientes contra los que se ha abierto juicio oral se les impone, en concepto de responsabilidad civil, la cuota defraudada por cada uno de ellos, que fluctúa entre los 726.171,08 euros que se reclama a uno por defraudación del Impuesto sobre Sociedades en 1989 y los 7.336.256,04 que se imponen a otro por la cuota del mismo arancel en 1988.
SEGUNDO JUICIO
Este no será el primer juicio al que se enfrente Emilio Botín en la Audiencia Nacional, ya que la Sección Tercera de lo Penal de este órgano judicial le sentó en el banquillo junto con el ex copresidente del Santander José María Amusátegui y el ex consejero delegado Angel Corcóstegui. Los tres fueron absueltos del delito societario del que eran acusados en relación con las indemnizaciones de 56 y 108 millones de euros cobradas por los dos últimos, respectivamente, tras su salida del banco.
En este caso la Fiscalía tampoco acusó y se limitó a solicitar la absolución de los tres procesados por considerar que los hechos denunciados carecían de relevancia penal. Los acusados sólo se enfrentaban a las peticiones de prisión de las dos acusaciones particulares, en representación del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y del accionista minoritario del Juan Francisco Franco Otegi.
![Compromisos por pensiones [pero menos..]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u9wDXCtM-033I1v242cBNgnSNgqwC3aiPl7pSrCYlxIBzlZC4UBs46DtZYJGbEhKzo6m3rCM_WarrmagunjTCrx4y9LA2V0MCu33bk5iguxdHCgGIoiDVJaacx0u3trkukpA=s0-d)
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