del informe TI 2006

Del informe de Transparencia Internacional 2006

La corrupción en el ámbito local: urbanismo y especulación.

El 10 de marzo de 2005, se produjo en Marbella (Málaga) la mayor operación contra el blanqueo de capitales conocida en Europa, con ramificaciones en Estados Unidos y Canadá. La policía española desarticuló una red cuyo centro neurálgico residía en un despacho de abogados de Marbella, donde se canalizaban inversiones millonarias procedentes de grupos relacionados con el crimen organizado. En ese despacho, y con la colaboración de tres notarías, se tejía una maraña de más de mil sociedades cuyos tentáculos acababan en Gibraltar y que invertían preferentemente en el sector inmobiliario de la Costa del Sol, reconocido por los expertos policiales europeos como uno de los centros neurálgicos del crimen organizado.

Para entender esta noticia es preciso saber que, en términos globales, el ámbito donde la corrupción es más elevada en España es el del nivel local de gobierno. En estos gobiernos, sobre todo en los situados en la costa –el caso de Marbella es internacionalmente conocido- o en las inmediaciones de las grandes ciudades, la calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción. España es el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años.

Diversos informes, entre ellos el del Defensor del Pueblo, advierten de este foco de corrupción permanente. En ese informe se indica que los convenios consisten “en que el titular de unos terrenos se compromete a llevar a cabo determinadas cesiones de los mismos, independientemente de aquellas a las que los propietarios de los terrenos están obligados por ley o, incluso pagos en metálico a favor de la Administración urbanística, para el caso de que se apruebe o modifique por parte de dicha administración un plan con unas determinaciones concretas (clasificaciones, usos, intensidades...) sobre terrenos especificados en el convenio”. Estas posibilidades y prácticas están generando situaciones de corrupción muy numerosas.

De forma resumida, sobre este complejo tema podríamos afirmar (Vercher, 2004):
1. Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos.
2. La modificación de los planes es frecuente, sólo en Mallorca los municipios en los últimos cuatro años han modificado en 227 ocasiones sus planes.
3. La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa.
4. Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones.
5. En España hay una enorme cantidad de dinero negro, que se refugia naturalmente en la construcción. Normalmente, un tercio del precio de la vivienda se paga con dinero opaco, con lo que las pérdidas para Hacienda son muy cuantiosas.
6. Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar una aparente escasez del mismo y la consiguiente subida de precios.
7. Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos.
8. Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a elecciones locales para conseguir la concejalía de urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan, en otras ocasiones se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos.
9. La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna, así, donde dicha corrupción es muy importante, los juzgados han sufrido las consecuencias, siendo el caso de Marbella el más famoso.