totalitarismo digital

Escribe Daniel Rodríguez Herrera en Libertad Digital, Vuelve, en silencio, el fascismo digital

Durante la tramitación de la LSSI durante la última legislatura del PP los autodenominados ciberactivistas hicieron una tremenda cruzada en la que se acusaba al Gobierno de José María Aznar de fascista y se ponían las dos eses de las siglas de la ley con el logotipo de las SS hitlerianas. La Asociación de Internautas, a la que pertenezco, fue objeto a su vez de una completa campaña de descrédito por negociar con el Gobierno para limar los aspectos más controvertidos de la ley, esfuerzo en el que obtuvimos ciertos éxitos, y ciertos fracasos. El PSOE se apuntó a la campaña, llegando a afirmar el senador Félix Lavilla que "garantizaba" que " que cuando los socialistas gobernemos, suprimiremos esta ley tan nefasta para los intereses generales de nuestro país". Sí, por supuesto; sigue siendo senador.

Ahora el PSOE ha propuesto una nueva ley, la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), que hasta en el nombre parece imitar lo peor de la anterior. La Asociación de Internautas, por boca de su presidente, ha denunciado ya que "entra en el terreno de la Inquisición" y se lamenta de que los socialistas parecen creerse "demócratas de fábrica" que lo son porque sí y hagan lo que hagan. Es más, recuerda que pese a ser miembro del Consejo Asesor de la Telecomunicaciones se ha enterado de este proyecto por la prensa, suponemos que por aquello del Gobierno transparente y con talante. Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, considera que con esta nueva ley "podemos caer en situaciones como las recientemente acontecidas en China".

¿Y a qué se debe tanto revuelo? Básicamente a dos puntos de esta ley. El primero, y menor, es que hace responsable a los motores de búsqueda y creadores de páginas web en general por el contenido de los enlaces que hagan, aunque siempre y cuando esos enlaces sean a sitios web bajo su "dirección, autoridad o control". El problema es que no se especifica qué se considera dirección, autoridad o control. ¿Es por ejemplo Google culpable de los enlaces que haga a las bitácoras alojadas en su servicio Blogspot? Pues quedará al arbitrio del juez. ¿Seré yo culpable por lo que se ponga en los blogs alojados en Red Liberal? Pues me da que también eso quedará al arbitrio del juez.

Pero el segundo punto conflictivo es que se faculta a "órganos competentes" sin especificar a cerrar y bloquear el acceso a páginas web, una función que la denostada LSSI dejó finalmente en las exclusivas manos de los jueces. Ya puedo ver a Moraleda frotándose las manos; ya no sólo estará "vigilante con los periodistas para ver hasta dónde llega el veneno del PP" sino que podrá hacer algo al respecto. Al fin y al cabo, ¿qué puede haber más competente para cerrar un periódico digital que la Secretaría de Estado de Comunicación?