corrupción urbanística, y más

"Suelen decir, los propagandistas del Partido Socialista, apoyados por el órgano teórico que elabora día a día buena parte de su discurso -el diario El País-, que la culpa de la terrible situación que se abre en la actualidad española, en lo que podríamos calificar como crisis abierta de todo un sistema político, por el afloramiento continuado de casos de corrupción urbanística tras el estallido del tapón que retenía un río de excrementos en Marbella, que la culpa del deterioro generalizado de la convivencia, como consecuencia del descubrimiento de las tramas que se están depurando en la Operación Malaya, es cosa del Partido Popular y de la vigente Ley del Suelo, por haber establecido la liberalización generalizada de la condición de suelo edificable.

Hablamos de una mentira de proporciones inauditas, pues no hay peor mentira que achacar a esta ley promovida por Rodrigo Rato en 1998, la actual situación de putrefacción generalizada de la política española, por la sencilla razón de que esta ley nunca entró en vigor de manera operativa, no se trasladó a la legislación particular de ninguna comunidad autónoma, y no afectó a la redacción de ningún plan general, en ningún ayuntamiento español. ¿Puede decirse una mentira tan grande y quedarse el personal tran tranquilo ante una falsa explicación para un fenómeno tan preocupante, como es el que estamos viviendo? Pues claro, porque cuando la gente quiere engañarse, lo hace y sin ningún problema.

Las nuevas mentiras sustituyen a las anteriores, pues ésta la puso de moda José Blanco, con su pintoresca consigna de la Tolerancia Cero, leyendo un editorial del periódico de Polanco, tras años diciendo que en realidad el problema estribaba en la ausencia de mecanismos para financiar a los ayuntamientos, que fueron recibiendo nuevas competencias sin la financiación para poder abordarlas, y los alcaldes, cómo no, con la puerta abierta para entrar en una barra libre de contratación, llenaron las ciudades españolas de parques, viales, polideportivos, equipamientos culturales y mobiliario urbano, financiándolo casi todo con las plusvalías del proceso urbanizador, cuando no aplicaron también esas plusvalías para financiar el crecimiento del gasto corriente.

Pero en realidad, la verdad no es lo uno ni lo otro. La verdad es que la clase política se ha ido blindando contra el poder judicial, con una politización incontrolada de la cúpula de este poder del Estado que ya es, a ojos de todo el mundo, un microparlamento dividido entre socialistas, conservadores y nacionalistas, nombrados por la intervención de sus respectivos partidos (¡qué más da que no militen!), que los apoyan en su carrera, lo que hace casi imposible que ese poder actue de manera solvente, en asuntos en los que está en cuestión la credibilidad de los aparatos que los nombran. La descentralización de la justicia, encima, viene a poner en manos de los cacicatos autonómicos los nombramientos de jueces y fiscales, con lo que todo se complica aún más de lo que ya estaba.

Sólo así se explica que nadie quiera hablar de la terrible realidad que desfila ante los ojos de todo el mundo, sin que nadie quiera verla, porque como casi siempre ocurre, los humanos preferimos que no se nos diagnostiquen las enfermedades, hasta que la evidencia de su desarrollo hace que sea necesaria una intervención que cuanto más tiempo transcurre, debe tener características más agresivas. Y la realidad es que las campañas electorales ya no se ciñen a los períodos legalmente establecidos, que empiezan cada vez primero (es el caso de la actual campaña del PSOE en Oviedo), que la compra de períodicos para apoyar estas campañas resulta perfectamente visible, y que a su vez, esas campañas se declaran sólo en una pequeña parte, y su fiscalización corresponde a un organismo compuesto también por políticos, el Tribunal de Cuentas del Reino, que están ocupando cargos que evidentemente deberían ejercer personas realmente independientes.

¿Cómo se financian estas campañas? La evidencia es la evidencia, y aquí ya nadie se esconde ni se recata en nada. Esta semana hemos contemplado el terrible espectáculo, escamoteado de la crítica por todos los medios de comunicación, que dio el presidente del Principado, con una charla ridícula y aldeana en el Ritz de Madrid, y una audiencia invitada por la constructora a la que él mismo adjudicó la construcción del Hospital Central de Asturias. Hace veinte años, en España se debatía qué tenía que hacer un político cuando recibía en casa un jamón de Jabugo. Ahora, el presidente de la comunidad autónoma, el hombre que tiene el poder de adjudicar El Musel (a otro de los invitados presentes en el acto), el nuevo hospital, la nueva autovía Oviedo-Gijón, los solares de la Zalía o de SOGEPSA, etcétera, puede recibir públicamente prebendas como la que le acaban de financiar en Madrid para el muy aldeano lucimiento de su verborrea, con la garantía de que al día siguiente, su atrabiliario uso de las prebendas de sus adjudicatarios, se transforma en los medios de comunicación que también esperan licencias de televisión digital y campañas de turismo como la del Oso Yogui -en la que va a repatir un millón y medio de euros entre los medios asturianos-, en un "acto institucional del Gobierno en Madrid".

ESCRIBE bERNARDO DE LA rEDONDA sANMARTÍN, EN EL cOMENTARIO.tv, vía Caffè Reggio