"Hace unos meses Marbella, unas semanas Seseña, antesdeayer Ciempozuelos, ayer Telde y Fuensalida y Manilva y Camas y Calvià. Los casos de presunta corrupción en España se extienden como una metástasis por la piel de toro como envés de la España boyante y rumbosa.
Algunos periódicos están pensando hacer como los diarios de Internet, que han inventado secciones donde se pueden realizar denuncias. Y lo cierto es que se producen por cientos.
Los tahúres del dinero fácil no sienten dudas a la hora de corromper a concejales y alcaldes que rozan sueldos de mileuristas y, sin embargo, tienen capacidad para hacer ‘producir’ nuevos ricos.
Es una típica asimetría que pone a los servidores de los entes locales en el foco de las mafias y también de los que se han hecho ricos ‘a paladas’. Sale tan barato darles una paga extra a cambio de una recalificación, que se ha convertido, por lo que se ve, en práctica habitual.
Multimillonarios que no aparecen en las listas de los más top de los mercados, pero que han llegado a tocar el pelo de la dehesa de las clases dirigentes. Cuentan con yates como los de los hermanos Carls y Berg, invitan a otras fortunas de vacaciones, disfrutan de coches de lujo, se codean con la crème de la crème, también de la política, y ganan dinero a espuertas, nunca mejor dicho.
Ellos han conseguido que España llegue a situarse en la zona alta de los rankings de corrupción y que incluso personajes como Putin sean capaces de usarlos públicamente contra sus adversarios políticos, caso de un levantisco José Borrel que se había mostrado en contra de ese deporte de matar periodistas en Rusia.
No en vano, la construcción se ha convertido en el principal objeto del deseo del dinero negro porque allí ha encontrado gran acomodo.
Pues bien, los casos de corrupción urbanística que tocan tanto al PSOE como al PP, igual que a otros partidos y coaliciones han entrado de lleno en el debate político. Tanto es así que desde el PSOE se llegó a lanzar a los cuatro vientos un decálogo contra la corrupción. Desde el PP escuchamos ayer mismo a Ángel Acebes subrayar que tienen más de 26.000 representantes locales y que es imposible controlarlos a todos, así que a los delincuentes se les echará.
Es de todo punto insuficiente esta posición, igual que la del PSOE, elaborando una especie de tabla de la ley por que la corrupción persiste.
Los partidos políticos saben de sobra que una mayoría de alcaldes consiguen parte de los ingresos para pagar gastos sociales dándole un buen uso a los convenios urbanísticos, que se tarda menos en modificar un plan que en celebrar una boda gay y que la construcción ilegal y ajena al medio ambiente campa a sus anchas.
Bastaría con que se pusieran de acuerdo primero para hacer una ley clara y racional de financiación de los partidos y hacer lo propio con los entes locales. No es tan difícil, pero simple y llanamente no se ponen de acuerdo porque los ayuntamientos y las comunidades se han convertido en auténticos bastiones de poder en los partidos y, en algunos casos, suculentos semilleros de votos. Además, a los partidos les gusta tanto la transparencia como la democracia interna.
Alguna vez se planteó la posibilidad de que el Estado recuperara las responsabilidades y derechos transferidos sobre el suelo a comunidades y ayuntamientos. Pero sólo su insinuación provoca sarpullidos en las distintas bancadas. Se ha hecho una Ley del Suelo por el Gobierno del PSOE como se hizo otra por el PP, pero en el trámite sufren auténticos descalabros.
Es difícil luchar contra la delincuencia y dotar a las fiscalías especializadas de expertos en el sector, pero, sobre todo, no se consigue nada si lo único que subyace en los discursos es el... “y tú más”. Es de todo punto insuficiente hacer decálogos o decir a los cuatro vientos, pues los echamos ¿Y bien?
Los ciudadanos, los votantes, demandan soluciones a asuntos tan graves como la corrupción. No demandan diagnósticos ni guía burros, ni catones, sino so-lu-cio-nes.
Algunos periódicos están pensando hacer como los diarios de Internet, que han inventado secciones donde se pueden realizar denuncias. Y lo cierto es que se producen por cientos.
Los tahúres del dinero fácil no sienten dudas a la hora de corromper a concejales y alcaldes que rozan sueldos de mileuristas y, sin embargo, tienen capacidad para hacer ‘producir’ nuevos ricos.
Es una típica asimetría que pone a los servidores de los entes locales en el foco de las mafias y también de los que se han hecho ricos ‘a paladas’. Sale tan barato darles una paga extra a cambio de una recalificación, que se ha convertido, por lo que se ve, en práctica habitual.
Multimillonarios que no aparecen en las listas de los más top de los mercados, pero que han llegado a tocar el pelo de la dehesa de las clases dirigentes. Cuentan con yates como los de los hermanos Carls y Berg, invitan a otras fortunas de vacaciones, disfrutan de coches de lujo, se codean con la crème de la crème, también de la política, y ganan dinero a espuertas, nunca mejor dicho.
Ellos han conseguido que España llegue a situarse en la zona alta de los rankings de corrupción y que incluso personajes como Putin sean capaces de usarlos públicamente contra sus adversarios políticos, caso de un levantisco José Borrel que se había mostrado en contra de ese deporte de matar periodistas en Rusia.
No en vano, la construcción se ha convertido en el principal objeto del deseo del dinero negro porque allí ha encontrado gran acomodo.
Pues bien, los casos de corrupción urbanística que tocan tanto al PSOE como al PP, igual que a otros partidos y coaliciones han entrado de lleno en el debate político. Tanto es así que desde el PSOE se llegó a lanzar a los cuatro vientos un decálogo contra la corrupción. Desde el PP escuchamos ayer mismo a Ángel Acebes subrayar que tienen más de 26.000 representantes locales y que es imposible controlarlos a todos, así que a los delincuentes se les echará.
Es de todo punto insuficiente esta posición, igual que la del PSOE, elaborando una especie de tabla de la ley por que la corrupción persiste.
Los partidos políticos saben de sobra que una mayoría de alcaldes consiguen parte de los ingresos para pagar gastos sociales dándole un buen uso a los convenios urbanísticos, que se tarda menos en modificar un plan que en celebrar una boda gay y que la construcción ilegal y ajena al medio ambiente campa a sus anchas.
Bastaría con que se pusieran de acuerdo primero para hacer una ley clara y racional de financiación de los partidos y hacer lo propio con los entes locales. No es tan difícil, pero simple y llanamente no se ponen de acuerdo porque los ayuntamientos y las comunidades se han convertido en auténticos bastiones de poder en los partidos y, en algunos casos, suculentos semilleros de votos. Además, a los partidos les gusta tanto la transparencia como la democracia interna.
Alguna vez se planteó la posibilidad de que el Estado recuperara las responsabilidades y derechos transferidos sobre el suelo a comunidades y ayuntamientos. Pero sólo su insinuación provoca sarpullidos en las distintas bancadas. Se ha hecho una Ley del Suelo por el Gobierno del PSOE como se hizo otra por el PP, pero en el trámite sufren auténticos descalabros.
Es difícil luchar contra la delincuencia y dotar a las fiscalías especializadas de expertos en el sector, pero, sobre todo, no se consigue nada si lo único que subyace en los discursos es el... “y tú más”. Es de todo punto insuficiente hacer decálogos o decir a los cuatro vientos, pues los echamos ¿Y bien?
Los ciudadanos, los votantes, demandan soluciones a asuntos tan graves como la corrupción. No demandan diagnósticos ni guía burros, ni catones, sino so-lu-cio-nes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario