¿Por qué estos jueces han de ser elegidos por el Legislativo y por el Gobierno, y no por los miembros de la carrera judicial?
Me parece deleznable el tratamiento informativo que se da a los sucesivos acontecimientos propiciados por los dos grandes partidos- ahormar a la opinión pública al tiempo que al Tribunal-; no menos deplorable es el uso recurrente del latiguillo de "conservadores" y "progresistas", cuando lo que no se quiere contar es que se quiere utilizar a unos jueces -lo que realmente son o deben de ser (esa es su función)- para ganar batallas políticas. Como sí su decisión, en definitiva, hubiera de ser -por narices-, fiel reflejo de la aritmética parlamentaria y partitocrática.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, ha escrito:
Sigue la campaña para desprestigiar al Tribunal Constitucional con un objetivo evidente: coaccionar a los magistrados e intentar deslegitimar la institución en vistas al contenido de la pendiente sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Las líneas de ataque son dos: primera, tratarlo como un órgano jurisdiccional que actúa sólo por razones políticas; segunda, cuestionar su legitimidad para enjuiciar un Estatuto que ha sido ratificado por referéndum. Vamos a comentarlas.
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Un Tribunal Constitucional serio debe saber que su papel en el sistema jurídico y político de un país es decisivo. En muchos casos - en Estados Unidos, en Alemania, también en España-, las decisiones judiciales de estos tribunales han tenido trascendencia histórica. Nuestro Tribunal está compuesto por doce CASAS magistrados, tiene un excelente servicio de letrados y doctrina acumulada suficiente como para haber dictado hace varios meses la sentencia en un asunto tan importante como es la constitucionalidad del Estatut de Catalunya. Todo retraso consolida situaciones con difícil vuelta atrás y cada vez la sentencia tendrá más dificultades de aplicación.
El Tribunal Constitucional, por primera vez en 28 años, está demostrando que no está a la altura de las circunstancias históricas. O miedo al veredicto de la sentencia o pereza en su estudio y debate, señores magistrados. No hay otras explicaciones razonables a la tardanza con la que ustedes están actuando. Tienen razón en quejarse por el trato que reciben de los políticos y de la prensa. Pero - a cada uno lo suyo- también ustedes contribuyen, con su inactividad, a esta lamentable situación.
Se repiten últimamente las noticias y polémicas sobre el poder que tienen o pueden llegar a tener los "conservadores" en dos importantes instancias relacionadas con el poder judicial: el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para evitarlo o limitarlo, las Cortes actuales, de mayoría "progresista", han aprobado cambios en las leyes que regulan su funcionamiento.
Lo que a mí me asombra es la naturalidad con la que todo el mundo parece aceptar que se hable, tanto en el TC como en el CGPJ, de miembros "conservadores" y "progresistas", de los cuales además se espera que actúen al unísono, en bloques sin fisuras, en las votaciones que tienen pendientes sobre las cosas más variadas. Es decir, que ambos órganos están llenos, al parecer, de personas sin criterio propio, banderizos y partidistas.
A veces incluso se habla de magistrados "propuestos" por el PP o por el PSOE o incluso "elegidos" o "nombrados" por el PP o por el PSOE. Sin embargo, todos los miembros del CGPJ, y la mayoría de los del TC, son elegidos por mayoría cualificada de tres quintos del Congreso o del Senado, lo que en la práctica significa que todos ellos han sido elegidos con los votos del PP y el PSOE. Precisamente, esa mayoría de tres quintos se estableció, en la Constitución y las leyes que regulan estos órganos, para forzar a los grandes partidos a acuerdos, de manera que las personas elegidas fueran aceptables para todos. Pero el sistema ha sido pervertido y en lugar de buscar personas capaces, neutrales e independientes, los dos grandes partidos han establecido un sistema de cuotas, en el que, reproduciendo la mayoría del momento, cada partido propone a "sus" candidatos, y los dos partidos votan a los candidatos de ambos.
De aquellos barros vinieron estos lodos. Por eso me resulta curioso e hipócrita que alguien trate de arreglar los efectos indeseados de este estado de cosas cambiando las leyes que regulan el funcionamiento de ambos órganos. "Como no hemos cumplido la Constitución y las leyes que nos obligaban a elegir a la gente por su competencia, y no por su sectarismo, vamos a cambiar las leyes que regulan estos órganos". ¿Para incumplirlas de nuevo?
En fin, dada la penosa trayectoria de nuestros partidos en la selección de miembros de órganos supuestamente independientes (porque cosas parecidas pasan en muchos otros organismos, como el Tribunal de Cuentas, el consejo de RTVE, y los equivalentes a nivel autonómico) a veces se pregunta uno si no sería mejor que los órganos de este tipo fuesen designados por sorteo, entre personas o funcionarios con 15 ó 20 años de experiencia en el tema de que se trate, exisgiendo luego mayorías cualificadas para sus decisiones. Fueran del color que fueran las mayorías resultantes, al menos serían órganos verdaderamente independientes y no sectarios.
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