Todos sabían que se trataba de una ligera y frívola pieza de teatro de vodevil, que allí no había tragedia, ni drama, ni siquiera comedia. Esta ha sido la demostración más palpable del vacío creciente entre la clase política y los ciudadanos, vacío que desde el innecesario proceso estatutario va en aumento, sin perspectivas de final.
Esta sintomática despreocupación ciudadana, no obstante, ofrece graves peligros. Es más que inquietante el desprecio de la clase política catalana por el Estado de derecho. El presidente del Parlament, señor Ernest Benach, se permite declarar con toda impunidad que si la sentencia del Tribunal Constitucional declara inconstitucionales artículos del Estatut de Catalunya se creará un problema de Estado y nadie, ni desde las instituciones ni desde la prensa, pide su inmediata dimisión.
Anteayer, una moción parlamentaria que pedía algo tan obvio en una democracia como que se respetara la sentencia del Tribunal Constitucional, sólo obtuvo el apoyo del Partido Popular y de Ciutadans de Catalunya, 14 votos entre 135 escaños.
¿Es esto representativo de lo que piensa el conjunto de la sociedad catalana sobre el deber de acatar las sentencias de los tribunales? No sólo, creo, no es representativo, sino que es un pésimo ejemplo para el indefenso ciudadano al que en muchos casos la Guardia Urbana le impone arbitrariamente multas de aparcamiento y la grúa se le lleva el coche al depósito municipal.
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