En España, las sentencias judiciales sobre ciertos asuntos, al no existir separación del poder, no son cuestión de justicia, sino precisamente de poder. Es en este sentido desde el que hay que interpretar la condena a F. J. Losantos por injurias graves a Gallardón. A pesar de ello, el propio líder de opinión de la COPE, y otros medios de posición afín, se empeñan en el ritual del análisis de los fundamentos de derecho y del razonamiento en los que se hace asentar el taimado fallo. Vuelven a eludir el verdadero problema de fondo, realizando a la perfección la tarea para la que han sido seleccionados: aquello que llaman su “función democrática”, esto es el recrear el “como si” esta fuera la naturaleza de la actual Monarquía.
Hasta tal punto llegan los prejuicios de Losantos, que el hecho de sufrir la injusticia en su propia carne no le hace escapar de ellos. La jueza Dña. Mª. Inmaculada Iglesias condena por injurias graves al director de La Mañana, no por sus exageradas expresiones, sino agarrándose al clavo ardiendo de que efectúa un juicio basado en “hechos falsos”. Apoya semejante disquisición en los testimonios de los políticos del PP, Esperanza Aguirre, Eduardo Zaplana, Ángel Acebes e Ignacio González, compañeros de Gallardón y testigos propuestos por la propia defensa; y cuyo testimonio la Sra. Iglesias consideró más relevante que el de los demás. Todo porque, a pesar de lo que los mencionados políticos decían en conversaciones privadas sobre Gallardón, según han desvelado varios periodistas, cuando se ventilan los asuntos internos de las organizaciones de poder que dominan el Estado, con la publicidad y ante la oficialidad de un tribunal, la disciplina se impone por si sola.
Sorprende que alguien que se proclama liberal como el Sr. Jiménez Losantos, continúe apoyando todos los días un Régimen político en el que los partidos dominen externamente a los individuos, al estar basado en un sistema electoral que impide que las personas puedan ser directa y democráticamente elegidas por los ciudadanos. O que acepte como natural que un mandamás de estas organizaciones, a través del control de los diputados mediante las listas de partido, pueda aunar el ejecutivo y el legislativo, ventilados en una única votación, amén de someter al judicial. Y que no encuentre ninguna pega en que los impuestos de los españoles sean obligatoriamente destinados a subvencionar a los partidos políticos, y administrados por ellos mismos con total discrecionalidad. No queda más remedio que concluir que el Sr. Jiménez Losantos es un ignorante, un cínico o un cobarde. A no ser, claro está, que se sienta partícipe de este régimen de poder; aunque, por lo visto, pinte poco.
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