Reformas necesarias en la Justicia

Escribe Daniel Martín en Estrella Digital sobre la Justicia:

Para que una democracia lo sea hasta sus últimas consecuencias, el imperio de la ley, estricto y riguroso, debe estar garantizado por un sistema judicial que defienda a los legalmente ofendidos y proteja a los ciudadanos de los desmanes del resto de la sociedad y del Estado. Este principio, tan claro en el plano teórico, en la realidad es la pieza más quebradiza de un Estado de Derecho. La Justicia suele tender a funcionar tarde y, en algunos regímenes bananeros como el español, puede ser absolutamente aleatoria. Es decir, la ley se interpreta de muy diferentes formas según sea el juez o magistrado que te toque.

La Justicia española está en precario fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque el Poder Judicial depende completamente del poder Ejecutivo y está sometida a los intereses partidistas que dominan el cotarro nacional; en segundo lugar, apenas tiene medios para afrontar el aumento de población y de casos que necesitan de una solución judicial. En España creemos que tenemos un sistema judicial. Nos equivocamos. Por eso creo que habría que adoptar las siguientes medidas:

• En primer lugar, habría que conseguir la separación fáctica de los tres poderes. El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo deberían ser elegidos por los propios jueces sin que los partidos pudiesen influir de ningún modo. Los jueces deben gobernarse a sí mismos. Como control al poder judicial, se deben establecer los juicios con jurado —institución que debe funcionar únicamente en este caso— cuando el acusado o demandado sea un juez o magistrado, y el Ejecutivo —de forma indirecta a través del Ministerio Fiscal— y el Parlamento debe velar porque los tribunales apliquen las leyes vigentes en cada caso.



• El otro punto esencial en la reforma de la Justicia debe consistir en proveerla de todos los medios materiales, especialmente informáticos, y personales necesarios para funcionar con la diligencia y coherencia debidas. Nuestra justicia funciona casi siempre con medios decimonónicos que desdicen la modernidad de España. Los juzgados deben tener capacidad para afrontar muchos casos y de manera rápida y certera. Es más, hasta que la Justicia y la Sanidad no tuviesen todos los medios necesarios, habría que pensarse mucho el resto del Gasto Público.



• Por otro lado, la calidad personal de muchos jueces y magistrados está en duda, ya sea por dependencias de los poderes fácticos, ya sea por escasa preparación. Por eso, habría que convocar urgentemente unas oposiciones a judicatura para sustituir a todos los jueces suplentes o del cuarto turno que operan en la geografía española. Aparte, todos los jueces deberían realizar un curso de adaptación y formación para adaptarse a los nuevos tiempos, tanto tecnológicos como legales.



• Las leyes procesales del Reino deberían adaptarse a los nuevos tiempos para agilizar los trámites que alargan el proceso, tanto penal, civil como contencioso administrativo, y para acortar sustancialmente los plazos. Debemos tener una justicia más rápida y diligente.



• El Tribunal Supremo debe absorber al Tribunal Constitucional y crear una sala de lo constitucional. No pueden existir dos máximos tribunales en constante lucha. Debemos tener uno solo libre de cualquier tentación partidista.



• La instrucción en los casos penales debe ser responsabilidad del Ministerio Fiscal, que así incluso podría defenderla en la vista oral de los juicios. Es decir, en el enjuiciamiento criminal deberíamos adoptar un sistema anglosajón, sin jurado, donde el Fiscal, completamente independiente del resto del poder judicial, velaría porque se condene a aquellos sujetos contra los que existan pruebas suficientes.



• Las garantías procesales deben cumplirse a rajatabla, pero también hay que impedir las continuas prolongaciones de procesos con ardides jurídicos que muchas veces muestran la mala fe de los abogados. En este sentido, el juez debe ser soberano para imponer penas automáticas a aquellos que cometan desacato contra su autoridad. Para ello necesitamos recuperar el prestigio de los jueces, ahora bajo mínimos. Un juez debe ser alguien respetado por toda la sociedad.



• Hay que potenciar los órganos de arbitraje que liberen de procesos a juzgados y tribunales. Se intentó en su día, pero está fórmula para dirimir conflictos jurídicos en España apenas tiene fuerza.



• En cuanto a la ejecución de las penas, hay que poner más medios para que juzgados y policías puedan perseguir al inculpado o condenado sin que argucias tan sencillas como decir “no estoy en casa” puedan ser usadas de forma reiterada.

Estas son sólo algunas medidas que propongo para hacer de la Justicia algo más dinámico, seguro y prestigioso. No tiene sentido que simulemos vivir en democracia cuando la Justicia es un cachondeo tan patético como el que padecemos. La seguridad física es un bien necesario y visible. La seguridad jurídica no resulta tan evidente, pero al final es más esencial en un Estado de Derecho. Claro que, como siempre que escribo de estas cosas, hay tantas posibilidades de reforma como de que lluevan pepitas de oro. Nuestra Justicia funciona mal. Cuando pase a depender de las Comunidades Autónomas, no quiero ni pensar en cuál será el grado de inseguridad jurídica en el que se sumirá España.

dmago2003@yahoo.es

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