Si los legisladores fueran auténticos representantes de la ciudadanía, las leyes que éstos propusieran y aprobaran responderían eficazmente a las necesidades sociales. La demanda social de regulación de nuevas situaciones antes inexistentes se plasmaría en la propuesta legislativa correspondiente, cubriendo el vacío legal.
Las sentencias que dictan los Juzgados y Tribunales inseparados de ese poder político adolecen de la correlativa extravagancia, siendo como son en muchas ocasiones la simple consecuencia de la norma en vigor, por mucho que luego escandalicen a la opinión pública.
Si el control político del funcionamiento de la Justicia como mero departamento administrativo del poder resulta evidente y fácilmente demostrable por grosero e indisimulado, los efectos de la ausencia de representación en la producción normativa son igualmente perniciosos. Sin auténtica representación, la cadena de lo legal y lo justo se rompe irremisiblemente.
Leyes absurdas o contrarias a los más básicos principios generales del Derecho se interpretan al hilo de una Jurisprudencia servil y dependiente, que necesita retorcer la letra y el espíritu de la norma para darles validez o aún su posible aplicación, siempre mirando y buscando el aplauso de la mayoría de turno. Desde Estatutos de Autonomía imposibles hasta la lesión del principio básico de igualdad por razón de sexo a la hora de castigar el crimen representan una voluntad ideológica, la partidista, ajena a necesidades sociales claras ya que, por su propia irrepresentatividad, los legisladores carecen de la información eficiente siquiera para intuirlas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario