La corrupción urbanística en Andalucia

José Bejarano hace recuento en La Vanguardia de los ayuntamientos implicados en la corrupción urbanística en Andalucia:

Marbella es la cuna del monstruo que se ha aposentado en buena parte de la Costa del Sol y se reproduce incluso después de la desaparición del gilismo.El descabezamiento hace dos años de la trama instaurada en Marbella no sirvió de aviso a sus vecinos de Estepona, Manilva, Mijas... Quizá porque, al contrario de lo que se suele creer, no fue Jesús Gil quien creó el monstruo. Lo que hizo al llegar a la alcaldía fue dar carta de naturaleza e institucionalizar la mordida que él mismo tuvo que pagar en los años ochenta en su faceta de constructor.

Lo que hay es un antes y un después de Jesús Gil porque si hasta 1991 había maletines y algunos pagos se hacían de forma tan burda como firmar talones bancarios - entregados a veces en las propias sedes del partido- después se hizo con dinero en efectivo, bajo el manto de los alegales convenios urbanísticos y a través de empresas municipales que escapaban a todo control. Tanto éxito tuvo el sistema que se extendió como una mancha de aceite y hoy son multitud los alcaldes sobre los que pesan denuncias de corrupción urbanística. El fenómeno no entiende de colores políticos y afecta a todos los partidos que tocan poder municipal. En Málaga, el año pasado la fiscalía enumeró más de mil delitos de ese cariz. Uno de cada cinco alcaldes de la provincia está imputado y términos como prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias son habituales en el lenguaje municipal.

En muchos casos, como ha ocurrido en Estepona, alguien había dado la voz de alarma asustado por la fuerza del monstruo. El primer alcalde democrático de Marbella, el socialista Alfonso Cañas, ya alertó de los maletines y aseguró haber tratado de poner al tanto a Felipe González, que no lo recibió. En Estepona fueron dos concejales, también socialistas, David Valadez y Cristina Rodríguez, enfrentados al alcalde, los que lo intentaron sin éxito. Barrientos les respondió: "No estoy dispuesto a recibir de nadie lecciones de moralidad política, ética, honestidad, integridad, socialismo y lucha contra la corrupción urbanística".

Uno de los que dijeron haber sido extorsionados en los albores de la corrupción en Marbella fue Jesús Gil, que al ganar las elecciones municipales de 1991 dijo que se hacía cargo del Ayuntamiento para ganar dinero, pero a cambio de hacer que todos ganaran con él. Elevó la corrupción a su época dorada. El gran invento fue el convenio urbanístico, sistema que mostró a muchos alcaldes el camino para aliviar las escuálidas arcas municipales y, de paso, las suyas propias y las de sus partidos. Una década más tarde, centenares de alcaldes y concejales están procesados aunque eso, a tenor de los resultados de las pasadas elecciones, no parece influir mucho en el sentido del voto de sus vecinos.

Un repaso a la relación de alcaldes condenados o pendientes de juicio no deja libre a ninguna provincia costera. Desde Roquetas de Mar, Garrucha y Níjar, en Almería, hasta El Granado y Matalascañas, en Huelva. La que más causas tiene es Málaga por razones obvias: Marbella, Estepona, Alhaurín de la Torre, Tolox, Benalmádena, Rincón de la Victoria, Mijas, Casares, Ronda y Manilva, entre otros municipios. En Cádiz ha habido denuncias en Grazalema, Prado del Rey, La Línea y El Puerto de Santa María. En Granada, Armilla y Alhendín. En Sevilla, Camas, Burguillos y Guillena. La conclusión a la que llegó la fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz el año pasado ofrece una explicación: "Todo esto sucede (los delitos urbanísticos) sin que las administraciones ejerciten de la forma que sería de desear las funciones que les atribuye el ordenamiento". En el 2007, el Ayuntamiento de Estepona dejó de ingresar diez millones de euros por sanciones urbanísticas no ejecutadas, según el tesorero, ahora llamado a declarar como testigo en la operación Astapa. La pregunta que se hacen en Estepona es ¿a cambio de qué se hacía esa dejación de responsabilidad municipal?