Madrid-Cuarto intento en lo que va de Legislatura. El presidente de la Cámara Baja, Manuel Marín, reunió ayer a los grupos parlamentarios para urgirles a desencallar la negociación del nuevo Reglamento de la Cámara. Dice que se lo ha pedido el presidente del Gobierno, pero él mismo se lo marcó como reto personal al inicio del mandato. Así, ayer distribuyó a todos los partidos una nota sobre los trabajos ya avanzados en la ponencia parlamentaria que se reunió entre febrero y marzo de 2005.
Y el documento incluye, cómo no, la ansiada subida de sueldo de sus señorías. En concreto, el artículo 8 establece la «equiparación tendencial» de los diputados con las retribuciones de los miembros de otros órganos constitucionales, una vieja reivindicación que legislatura tras legislatura se ha «aparcado» para no afrontar la impopularidad de la medida.
Ahora, si los plazos de Marín de aprobar el nuevo Reglamento antes de que concluya el actual periodo de sesiones (diciembre de 2006) se cumplen, los diputados tendrán mayor capacidad adquisitiva: su sueldo podría ser el mismo que de, por ejemplo, un magistrado del Constitucional (121.851 euros anuales) o el de un vocal del CGPJ (121.088), lo que supondrá un aumento progresivo de la nómina.
Hoy, la asignación constitucional para un diputado de provincias es de 4.620 euros al mes, es decir 55.440 euros anuales. Los parlamentarios de Madrid cobran, un poco menos, 3.730 euros al mes, lo que supone 44.760 euros. Pero ese es el sueldo fijo; luego están los complementos por presidir o vicepresidir una comisión u ostentar alguna portavocía (entre 1.484 y los 2.500 euros más mensuales). Y a eso, no se olviden, hay que añadir las ayudas de transporte, las dietas por desplazamientos, y hasta las tarjetas monedero para taxi.
Es de suponer que estos complementos o prebendas serán suprimidos en el caso de que la subida retributiva llegue a la equiparación real con otros miembros de órganos constitucionales, pues los diputados duplicarán prácticamente el sueldo actual. La medida no sería efectiva hasta 2008.
Además de la subida salarial, el nuevo Reglamento deberá prever cómo tramitar los escritos en catalán presentados en la Cámara una vez que ha entrado en vigor el Estatuto de Cataluña, en el que se reconoce, en su artículo 33, el derecho de los ciudadanos catalanes «a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y jurisdiccionales de ámbito estatal».
Así se señala en un informe elaborado por los letrados del Congreso que ayer facilitó Marín a los miembros de la Ponencia que estudia el Reglamento y al que tuvo acceso este diario. Los letrados entienden que desde ahora el Parlamento deberá aceptar textos escritos en euskera, gallego o catalán relacionados con el gobierno interior de la Cámara, las peticiones y las propuestas de iniciativa legislativa popular.
Los servicios jurídicos consideran que, si bien el Estatuto de Cataluña limita por razones del ámbito territorial al que se aplica, el reconocimiento del derecho a los ciudadanos de esta comunidad, el Congreso «debería plantearse si cabe, en la regulación de esta materia, discriminar a los ciudadanos por razón de su lugar de residencia».
Son las cosas de la España plural".
- Presidente del Tribunal Supremo: 142.080 euros
- Vicepresidente del Tribunal Constitucional: 134.091 euros
- Presidente de Sección del Constitucional: 127.941 euros
- Magistrado del Tribunal Constitucional: 121.851 euros
- Presidente del Tribunal de Cuentas: 121.443 euros
- Vocal del CGPJ: 121.088 euros
- Fiscal general del Estado: 121.125 euros
- Presidente de la Audiencia Nacional: 118.271 euros
- Presidente del Consejo de Estado: 83.936 euros
- Diputados de provincias: 55.440 más complementos (en 2006)
- Diputados de Madrid: 44.760 más complementos (en 2006)
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