Escribe Ignacio Pérez Sarrión una entrada El blog de esPublico sobre los Secretarios de Ayuntamiento y el poder político, y a propósito de un artículo del profesor Sosa Wagner, lo siguiente:
Continúa el Profesor diciendo que “Ha sido una lástima que el modelo legal fuera malogrado por la discrecionalidad implantada a partir de las «libres designaciones» y otras corruptelas (finales de 1991), amén del progresivo vaciamiento de competencias de tales funcionarios, especialmente lacerante en las «grandes poblaciones» proclives a convertirse, a poco que nos esforcemos, en campo del más añejo caciquismo, ahora en favor de los partidos políticos y de sus intereses clientelares.” Y añade que “resulta muy goloso para el político contar con personas sumisas que asperjen sobre sus ocurrencias las palabras litúrgicas de la ley o apliquen con astucia el bálsamo de la cobertura presupuestaria”. Termina señalando que “Se comprenderá, a la vista de estos argumentos, el recelo con el que contemplo -en este punto- el Estatuto de los empleados públicos que acaba de ser aprobado por las Cortes y que ha supuesto el desapoderamiento práctico del Estado de su responsabilidad en la selección, formación, disciplina, retribuciones y demás extremos del régimen jurídico de los funcionarios locales. … Y es que el Ayuntamiento es un palco privilegiado para percibir la enorme falacia que considera «progresista» esa cantinela de la «cercanía» a la Administración. Sabemos perfectamente que esto no es necesariamente así y que, a menudo, la objetividad y la imparcialidad derivan justo de lo contrario, de la «lejanía». Fue este sencillo razonamiento -parece mentira tener que recordarlo- el que sirvió para desmontar el régimen feudal. … «Todo el poder para las comunidades autónomas», ha sido la consigna que buena parte de los legisladores han convertido en derecho positivo, fragmentando una vez más al Estado. Esperemos que tal poder decisivo se ejerza adecuadamente, pero adelanto que el tamaño y la envergadura de muchas comunidades, más los riesgos de la «cercanía» denunciada y la progresiva e implacable ocupación de las administraciones públicas por los intereses partidarios, hacen temer los peores presagios. Contar con un señor lejano en Madrid ha sido siempre una garantía para muchos secretarios e interventores de pueblo, como lo era tener un juez en Berlín para el campesino prusiano. Pero el Estado actual ha dicho adiós a estas responsabilidades, lo que nos distancia de lo que vieron con claridad los políticos de la II República.”
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