PSOE y PP se saltan a la torera la jurisprudencia del Constitucional sobre la independencia del Poder Judicial

Artículo de José L. Lobo en El Confidencial:

El PSOE y el PP han pasado como un rodillo sobre la supuesta independencia del Poder Judicial, certificando la muerte de la teoría de la división de poderes del barón de Montesquieu, deceso que ya pronosticara en su día el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. Los dos partidos mayoritarios no sólo han configurado un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a su medida, sino que se han saltado a la torera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que exhorta a mantener al Poder Judicial “al margen de la lucha de partidos”.

La falacia de la independencia judicial ha quedado en evidencia tras el acuerdo alcanzado el lunes por el PSOE y el PP para renovar el CGPJ, 17 de cuyos 20 vocales o bien no ocultan sus simpatías por ambas formaciones -dos más han sido propuestos por CiU y PNV, y el último es el único que puede considerarse no alineado-, o bien militan en las dos asociaciones judiciales afines: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), próxima al PP, y Jueces para la Democracia (JpD), cercana al PSOE.

Más allá de las declaraciones públicas de los portavoces de ambos partidos -el socialista José Antonio Alonso y la popular Soraya Sáenz de Santamaría- glosando el “perfil profesional” de los 20 nuevos vocales, lo cierto es que el acuerdo sellado el lunes garantiza a unos y otros el control del nuevo CGPJ y les asegura la minoría de bloqueo necesaria para frenar las decisiones que afecten a sus intereses políticos, entre ellas los decisivos nombramientos de jueces y magistrados.

Pero, además, socialistas y populares han ignorado la sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional, que, según la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFV) -la segunda en número de afiliados, sólo por detrás de la APM-, “ya advertía que no se podía reproducir la aritmética parlamentaria en el seno del tercer poder del Estado, ante los riesgos de politización en el caso de que los partidos políticos convirtiesen la elección de vocales en un simple reparto de cuotas, tal y como desgraciadamente ha vuelto a suceder”.

Recurso de inconstitucionalidad

Esa sentencia fue dictada en 1986 tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el año anterior. El Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso, señala en la sentencia que el artículo 122.3 de la Constitución pretende “asegurar que la composición del Consejo General del Poder Judicial refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial”, garantizando para ello ”la presencia en el Consejo de las principales corrientes de opinión existentes en el conjunto de jueces y magistrados” y equilibrando esta presencia “con la de otros juristas que, a juicio de ambas Cámaras [Congreso y Senado], puedan expresar la proyección en el mundo del Derecho de otras corrientes de pensamiento existentes en la sociedad”.

En opinión de la AFV, ese “pluralismo” ideológico y de pensamiento al que alude el Tribunal Constitucional ha sido ignorado por el PSOE y el PP al diseñar a su antojo el nuevo CGPJ, ya que ninguno de sus 20 vocales pertenece al colectivo de jueces no adscritos -es decir, ajenos a las asociaciones judiciales-, pese a que representan casi el 50% de los más de 4.000 jueces y magistrados que ejercen en España. Además, según la AFV, esta asociación -de tendencia moderada- sólo cuenta con un representante en el CGPJ, a pesar de ser la segunda en número de afiliados, por detrás de la conservadora APM y superando a la progresista JpD, que ha logrado colocar a cinco vocales en el órgano de gobierno de los jueces.

La citada sentencia del Tribunal Constitucional alerta del “riesgo de frustrar” ese “pluralismo” del CGPJ que consagra la Constitución “si las Cámaras atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir [en el CGPJ] entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”. Y añade el alto tribunal: “La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder, y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”.

“La sociedad asiste estupefacta al bochornoso espectáculo que transmiten los partidos políticos, nombrando exclusivamente vocales afines a su ideario e ignorando intencionadamente el amplio pluralismo de la carrera judicial”, sostiene la AFV, que denuncia “la desmesurada ambición de los partidos por repartirse las cuotas de poder” en el seno del CGPJ.

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