Del libro El Estado fragmentado de Francisco Sosa Wagner e Igor Sosa Mayor:
Proyectemos ahora nuestra mirada a los municipios. A nuestro juicio, es imprescindible que dispongan de una complexión robusta. Para ello deben disponer de una esfera propia y acotada de autonomía. Pero, y esta conjunción adversativa es clave, tal autonomía solo será admisible y apta para desplegar sus efectos jurídicos y constitucionales cuando alcancen un tamaño y una dimensión poblacional adecuados: la broma de los ocho mil y pico municipios españoles -miles de ellos con cifras irrisorias de habitantes- debería pasar resueltamente a la historia. Y además -otro extremo trascendental- han de disponer de unas fuentes de financiación objetivas, ancladas en preceptos legales y en mecanismos transparentes, que aseguren, en la sociedad sobre la que ejercen su jurisdicción, un funcionamiento autónomo o sea independiente. Si no es así, si tales organizaciones han de recurrir a fuentes anómalas de financiación -no queremos decir necesariamente ilegales- haciéndolas tributarias o vinculándolas a decisiones que pueden venir inspiradas por desnudos intereses privados, como ocurre en buena medida con el uso de instrumentos urbanísticos en España, entonces es mejor recortar esa autonomía o simplemente olvidarse de ella porque ese respetable concepto se habrá degradado y convertido en un artilugio destinado a encubrir el poder rellenado con un tóxico caciquil. Constituiría la indeseable autonomía-cortijo.
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