La administrativización de la Justicia, algo propio de la inseparación de poderes, conduce irremisiblemente a su burocratización, y el error deja de ser judicial para convertirse en político. Hechos tan lamentables como el sucedido con el presunto asesino de la niña Mari Luz, por omisión de la tutela ejecutiva en el cumplimiento de las penas pendientes del principal sospechoso, manifiestan carencias judiciales más allá de lo meramente material.
La desvergüenza de los políticos telefoneando al padre de la víctima para prometerle depuración de responsabilidades sólo es comparable al admirable ejemplo de serenidad y templanza de éste. Esas llamadas de los Sres. Fernández Bermejo y Rodríguez Zapatero son un reconocimiento de la supeditación del poder judicial al político, demostrando que los premios o castigos de las actuaciones de Jueces y Magistrados no corresponden al Órgano de Gobierno de éstos, sino al poder que realmente dirige la Justicia: el Ejecutivo.
La defenestración del juez indolente está cantada. Sin embargo no se atisba reprensión alguna para aquellos que ocupan cargos de responsabilidad por elección política en el Tribunal Superior de Justicia correspondiente ni en el Consejo General del Poder Judicial, a quienes corresponde la organización de la planta judicial, determinante del volumen y reparto de asuntos a cada Juzgado, factor clave de su adecuado funcionamiento. Tampoco para el Ministro de Justicia o responsables de la Comunidad Autónoma que han de proporcionar los medios materiales y personales para una eficaz puesta en marcha de la Administración de Justicia.
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