El pinchazo del ‘ladrillo’ tiene, a priori, un pagano desde el ámbito del sector público: los ayuntamientos. Un reciente estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda, refleja que nada menos que el 44% de sus inversiones se financia directamente con dos actuaciones: la venta de suelo público y la firma de convenios urbanísticos. Gracias a ambos actividades, la inmensa mayoría de los ayuntamientos ha podido afrontar gasto social que de otra manera no podría haber sido satisfecho, salvo elevando de una forma drástica los impuestos y tasas municipales.
El estudio ha sido elaborado por los profesores Manuel Esteban Cabrera y José Sánchez Maldonado, y entre sus principales conclusiones se encuentra la demostración empírica de que los ayuntamientos han aprovechado el dinero procedente del boom inmobiliario para asumir muchas competencias que no les corresponden según la legislación vigente, y que ascienden a más de 9.700 millones de euros. En un contexto como el actual de depresión del mercado inmobiliario, no parece fácil mantener este modelo de financiación. De ahí que los autores planteen la necesidad de abordar un nuevo sistema capaz de lograr la autonomía financiera de los municipios que reclama la Constitución.
El estudio se refiere al año 2004 y pone de relieve que, en ese ejercicio, los municipios ingresaron 2.071,5 millones de euros vendiendo suelo (en la mayoría de los casos al mejor postor), mientras que otros 1.908,5 millones se incluyeron en el capítulo 3 del presupuesto como un ingreso corriente, aunque en realidad se trataba de recaudación vía convenios urbanísticos. En total, 3.980 millones de euros que representan el 43,8% de las inversiones realizadas por los municipios españoles, y que ascendieron en total a 9.095 millones de euros.
A tener de estos datos, los autores sugieren que la reorientación “prioritaria” del urbanismo ha tenido “una finalidad económica” destinada a financiar las inversiones, por lo que se ha “condicionado la planificación urbana en los últimos años”.
No pueden endeudarse más
Ahora -y tras el pinchazo inmobiliario- las cosas han cambiado. Por un lado, la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos está agotada; por otro, tampoco parece que puedan seguir exprimiendo el urbanismo como principal fuente de financiación. De ahí que los autores propongan un nuevo modelo de financiación basado en los siguientes parámetros. En primer lugar, aumentar hasta el 35% su participación en los ingresos del Estado. Gracias a ese fondo, las corporaciones locales ingresarían del orden de 2.650 millones de euros.
De la misma manera, se propone la creación de dos fondos autonómicos. El primero sería una especie de Fondo de Nivelación Corriente que se distribuiría en función de variables relacionadas con la población y la necesidad de servicios a prestar. Este fondo estaría dotado con otros 2.650 millones de euros del año 2003. El segundo sería un Fondo Complementario de Inversiones valorado en 2.140 millones de euros, también a precios constantes del año 2003.
Por último, se propone la creación de un recargo local sobre la cuota del Impuesto sobre la Renta, cuyo tipo sería decidido por los entes locales entre un máximo y un mínimo fijado por el legislador. Con un tipo máximo del 2,5%, eso supondría unos recursos adicionales de 1.135 millones de euros.
El resto, hasta financiar la totalidad del gasto ‘impropio’ que han asumido los municipios, saldría de la actual imposición local, cuya recaudación tiene todavía un recorrido al alza. Ya sea mediante una subida del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) o una actualización de las tasas y tributos que gravan el uso del automóvil en las ciudades.
En total, los ayuntamientos recaudarían los 9.706 millones de euros que hoy gastan por haber asumidas competencias ‘impropias’ a su actividad, y que en buena medida deberían haber asumido las comunidades autónomas, que en este asunto han preferido no asumir nuevas responsabilidades.
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