Solbes y las cesiones de crédito [1]

No hay que fiar de ministros muy preciados de limpios de manos. Ladrones hay que hurtan con los pies y con la boca, y con los oídos y con los ojos.

Francisco de Quevedo

El asunto de las cesiones de crédito [BSCH] ofrece un aspecto de notorio interés jurídico, ya que no afecta solamente y de manera personal a Emilio Botín y sus colaboradores mas inmediatos, sino que se refiere también al propio banco, que podría verse condenado como responsable civil subsidiario a pagar una suma considerable, puesto que, como hemos dicho, la Asociación para la Defensa de Inversores y clientes cifra el perjuicio causado a la Hacienda pública en casi 85 millones de euros (14.100 millones de pesetas). Sin embargo, el consejo de Administración del SCH, con Emilio Botín a la cabeza, ha decidido eludir sin más la obligación de constituir cualquier provisión por las probables consecuencias adversas del caso para la entidad. Y, además, se ha empeñado en confundir a los accionistas, a las autoridades supervisoras y al mercado, al exponer el asunto en las memorias anuales como si se tratara de una cuestión menor sin verdadera transcendencia.

La memoria del banco, que forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2003, presenta, dentro de la nota relativa a la situación fiscal, una versión tan atenuada del asunto que viene a ocultar el verdadero carácter del proceso, y, lo que es más grave, el riesgo que supone para el banco al no haber constituido sus administradores la necesaria provisión.

Ante un repertorio tan abundante de fraudes fiscales y falsedades mercantiles en el asunto de las cesiones de crédito, a finales del 2004 se produjeron dos acontecimientos contradictorios. El vicepresidente Solbes, también ministro de Hacienda aunque no lo parezca, al contestar a una interpelación formulada por Iniciativa por Catalunya, ha tenido la osadía de sostener en el parlamento que resulta correcta la actuación del abogado del Estado y del fiscal Fungairiño, cuando uno y otro piden con reiteración el archivo judicial de la causa. Inmediatamente después, los Inspectores de Hacienda, en una asamblea nacional celebrada en Toledo, han puesto el grito en el cielo ante semejante dislate, ya que lo manifestado por su ministro en sede parlamentaria contradice de manera intolerable el propósito del Gobierno socialista, según ha declarado reiteradamente, de acabar con las bolsas de fraude. Los del partido popular, aunque siempre tan serviles a las órdenes de Botín, no se atrevieron a tamaña indignidad. Para sostener su postura, el vicepresidente Solbes se basa en las "razones técnicas" aducidas por el abogado del Estado, unas razones que son un verdadero arcano, el secreto de Estado mejor guardado del mundo, porque hasta ahora no se han revelado al común de los ciudadanos en lo más mínimo.

Lo que obviamente está fuera de lugar si caemos en la cuenta del dispar comportamiento de la abogacía del Estado, según que el asunto se refiera a Botín y sus compinches o si en otros asuntos de la misma naturaleza, exactamente la misma, esos próceres tan amparados por el poder político se hallan al margen de la causa. Porque es evidente, ya lo hemos dicho, que ni el ministerio fiscal ni el abogado del Estado se han dignado formalizar acusación contra los 38 clientes del banco que se encuentran encausados en la Audiencia Nacional junto a los representantes del Banco Santander. Pero en cambio, esos dignísimos funcionarios, el fiscal y el abogado del estado, no han tenido el menor inconveniente en acusar a otros cien clientes que por idénticas conductas delictivas están siendo enjuiciados en los juzgados de instrucción de sus respectivos domicilios fiscales.

Sigue….

MEMORIAS, Rafael Pérez Escolar, Foca ediciones y distribuciones generales. Madrid. 2005

Y sobre los lobbies el interesante post y artículo de Enrique Dans en Libertad Digital