eramos tan jóvenes...

Por si se olvidan del texto, (por si se borra), de como un filósofo político da coba a un presidente de Gobierno de España; el texto en su integridad (por si lo borran), esto no es un POST, es una condena:

Borrador para comentarios, 22 de mayo de 2007

Introducción

Nací en Irlanda, de modo que en España soy un outsider.

Y he vivido dedicado a la filosofía, de manera que también soy un outsider en cuanto a la práctica de la política.

Entonces, ¿qué demonios estoy haciendo aquí, hablando a un distinguido público español sobre el gobierno y la política españoles? En realidad, la primera vez que salí de Irlanda, de niño, fue para visitar España, y aún conservo muchas amistades y vínculos aquí. Y también es verdad que la teoría política es una rama de la filosofía a la que dedico buena parte de mi trabajo.

Pero sigue habiendo algo que es lógico que os preguntéis.

¿A qué se debe que esté aquí, ante vosotros, dando esta conferencia?

Se debe al Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha abrazado la larga tradición europea del pensamiento republicano y centrado en el ciudadano, y que aceptó replicar a una conferencia que di en Madrid en 2004 acerca de la posible utilidad actual de esta tradición para modelar la acción política. En respuesta a mi opinión de que le sería difícil respetar plenamente los principios republicanos, me invitó a volver antes de las próximas elecciones para hacer un balance republicano de su gobierno. De manera que aquí estoy. No podía negarme. Mi agradecimiento a todos los responsables.

Permítanme abordar algunas cuestiones preliminares antes de pasar al fondo de mi presentación. En primer lugar, quiero dejar claro que no soy un amigo personal ni un consejero del Presidente Zapatero. Hemos coincidido dos veces: cuando di mi primera conferencia, y cuando le entrevisté después de su segundo año en el gobierno; la prensa se hizo eco de ambos encuentros. Mi imparcialidad se ve reforzada por el hecho de que ha tenido que preparar este balance basándome en mis propias pesquisas, para las que he recurrido sobre todo a análisis independientes y externos . Así pues, afronto mi tarea únicamente como árbitro ?no como un amigo personal ni como un consejero, ni siquiera como alguien que ha tenido acceso a fuentes especiales de información.

En segundo lugar debo decir, siempre a título preliminar, que con respecto a una dimensión importante mi balance será necesariamente poco profundo. Lo que me interesa es la medida en que el programa del gobierno ha sido fiel a los principios republicanos. Pero las políticas que un gobierno adopta sobre la base de ciertos principios también se ven influidas por consideraciones de orden práctico en cuanto a los mejores medios para promover tales principios. Son el producto de dos fuerzas, una filosófica, y la otra práctica. Al analizar la actuacióndel gobierno desde un punto de vista filosófico, me fijaré en cómo sus políticas han tenido en cuenta los principios republicanos. Pero no me pronunciaré sobre si las políticas seguidas han sido, desde un punto de vista práctico, la mejor forma de promover tales principios.
Aún no es posible realizar ese tipo de análisis; sólo el tiempo lo dirá.

La tercera observación preliminar que debo hacer podría ser más controvertida; se refiere al hecho de que por muy poco profundo que sea, mi balance habrá de ser más amplio que el documento que el Presidente me pidió que preparara.

Quienes asumen las riendas del gobierno español tras unas elecciones —al igual que los elegidos en cualquier democracia avanzada— no gobiernan solos. Gobiernan junto a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, tanto con los partidos de la oposición como con los que le apoyan en el parlamento, con la burocracia profesional de los ministerios, con los jueces y otros funcionarios que trabajan en los juzgados y tribunales, con los medios de comunicación y los movimientos sociales que siguen con atención la cosa pública —y por supuesto con el monarca o jefe del Estado, que representa esa comunidad en su conjunto.

La vida de una democracia es algo interactivo con muchos papeles que desempeñar, y muchas personas deben participar en ella. De este modo, tendré que decir algo sobre otras dimensiones del gobierno, más allá de las aportaciones específicas del Presidente Zapatero y de su partido.

Mi presentación se divide en tres partes. En la primera expondré los principios abrazados por el Presidente Zapatero. En la segunda examinaré hasta qué punto
su gobierno ha sido fiel a tales principios manteniendo el poder privado bajo control. Y en la tercera examinaré hasta que punto los ha respetado evitando los abusos de su propio poder público. Para acabar resumiré brevemente mis conclusiones.

En esta presentación tendré en cuenta únicamente la actuación interna del gobierno, dejando de lado lo que ha hecho en la esfera internacional. En este ámbito ha habido toda una serie de iniciativas internacionales interesantes del gobierno del Presidente Zapatero: por ejemplo, la creación de la Alianza de Civilizaciones en la ONU, el desarrollo de las relaciones de España y de la UE con Cuba y más en general con Latinoamérica, la promoción de la acción de la UE relativa al problema de los refugiados, el intento de resolver el problema de los
refugiados mediante negociaciones con Estados africanos, los progresos en los temas de Gibraltar y del Sahara Occidental, y por supuesto el incremento en más de un cuarto del nivel de la ayuda española a países extranjeros.

En estos casos, la España de Zapatero ha sido una ciudadana mundial de excepción. Sin embargo, sintiéndolo mucho, he decidido no referirme a las iniciativas internacionales en este contexto. En el tiempo de que dispongo no es posible examinar todas las dimensiones de la actuación del gobierno.

1. Los principios

Civismo

Los principios adoptados por el Presidente Zapatero derivan de las más antiguas tradiciones políticas europeas.
Es la tradición del republicanismo, que representa al Estado como un asunto público —una res publica, según la expresión latina. Es un asunto de todos, que debe orientarse según las opiniones de todos, no algo de unos pocos. En su origen, esta tradición se construyó sobre la base de ideas atenienses. Se institucionalizó en la Roma republicana, gozó de un renacimiento en las ciudades república medievales del norte de Italia, y modeló algunos de los regímenes y episodios fundamentales de la historia europea. Entre ellos se cuentan la república de la nobleza en Polonia; la república holandesa; la resistencia de independencia parlamentaria en Inglaterra; la revolución de las colonias británicas en América; y por supuesto la revolución francesa.

Aunque esta tradición suele llamarse republicana, tal vez sea mejor referirse a ella como una tradición que pone el poder en manos de la ciudadanía. Es una tradición de ‘civism’ o ‘civismo’ o ‘ciudadanismo’, en la que la empresa pública del Estado —la res publica— debe operar bajo el control de los ciudadanos y en los términos establecidos por ellos. El Estado debe ser, según otra expresión latina, una civitas: un cuerpo ciudadano al cual los cives o ciudadanos se incorporan como miembros de una empresa de cooperación. De forma más expresiva, según un término que nos llega del mundo de las ciudades-república italianas, debe ser una civitas sibi princeps: un cuerpo ciudadano que se gobierna a sí mismo. En esta organización ciudadana habrá funcionarios especiales—tal vez incluso un jefe del Estado hereditario— pero por muy importante que sea su papel, todas esas autoridades deberán desempeñar sus obligaciones según los deseos del pueblo. Tendrán que actuar, como ya he dicho, bajo el control de los ciudadanos y en los términos establecidos por ellos. Nadie tiene un poder independiente, nadie está por encima de la ley. El foro público es el tribunal de última instancia.
La libertad como no-dominación Desde el principio de su liderazgo del PSOE, el Presidente Zapatero se ha identificado con los principios de la tradición republicana o cívica. Hay muchos representantes de esta tradición, tanto históricos como filosóficos, también en la propia España. Pero el hecho es que el punto de partida del Presidente Zapatero fue una exposición de tales principios que presenté en un libro publicado en inglés en 1997, y en español en 1999 .

Según esta exposición del pensamiento republicano, existe un valor político superior —la libertad como nodominación— y un principio último de gobierno: igualar y maximizar el disfrute de dicha libertad entre la ciudadanía.

El Estado cívico, la res publica, debería organizarse de forma que sus miembros o ciudadanos no tengan un dominus o amo en ninguno de los aspectos de su vida. Deben ser libres en el sentido esencial de no estar sometidos al control de ninguna otra persona o grupo u organización. Deben ser ellos mismos como hombres y mujeres, capaces de vivir sin miedo ni sumisión —capaces de tomar sus propias decisiones sin tener que pedir favores o rogar a los demás.

¿Cuándo puedes decir que disfrutas de libertad entendida
como no-dominación con respecto a los demás?
¿Cuándo puedes decir que eres igual a los demás,
un ciudadano entre otros ciudadanos? Muy sencillo:
cuando los recursos cívicos de que dispones como ciudadano
hacen que la interferencia de los demás resulte
demasiado difícil o demasiado costosa. Los demás no
pueden hacerte daño ni ponerse en tu camino. No pueden
amenazarte realmente. Ni siquiera pueden condicionarte.
O al menos no pueden hacer nada de eso sin
correr graves riesgos. Imaginad que yo quiero correr ese
riesgo, que quisiera cometer un crimen contra uno de
vosotros. Mas ese caso me expondré a la condena de mi
comunidad ?en la hipótesis del crimen podría incluso
ser juzgado y castigado? y dicha condena servirá para
defender y restablecer tu posición. Será la posición de
alguien cuya libertad de elegir sin opresión alguna constituye
un espacio protegido e inviolable.
Cuando cuentas con tales recursos cívicos de protección
y defensa, entonces también te respetarán. Podrás
caminar con la cabeza bien alta entre nosotros, tus
conciudadanos, consciente de tu posición, consciente
de que somos conscientes de tu posición, y consciente
de que cada uno de nosotros es consciente de esa conciencia
común. Podrás mirarnos a la cara. Es posible que
no seas tan rico como otros, que no tengas tan buenos
contactos, que no seas tan conocido o influyente. Pero
como ciudadano igual a los demás —como miembro de
la comunidad ciudadana— tendrás todo lo necesario
para salvaguardar tu posición. No estarás desamparado
frente a la pobreza o la ignorancia o la inseguridad, que
te dejarían desprotegido. Y se te protegerá frente al poder
superior de los demás, e incluso frente al poder superior
de los gobernantes, gracias a un marco jurídico
eficaz y al espíritu de una cultura propicia.
Que nos dominen no es el único mal en la vida.
También hay el miedo, el hambre, la marginación ?un
pozo sin fondo de desgracias. ¿Por qué, entonces, la tradición
trata sobre todo de evitar que nos dominen? ¿Por
qué hace que el objetivo principal de la acción política
sea la libertad entendida como no-dominación?
Existen dos explicaciones. En primer lugar, la no-dominación
es un valor que todas las tendencias políticas
pueden reconocer como un objetivo adecuado de la acción
política; equivale a la libertad en un sentido en el
que ha sido aclamada a lo largo de la mayor parte de la
historia europea. En segundo lugar, este valor universalmente
reconocido tiene la cualidad especial de que preservándolo
también se garantizan otros valores. Proteged
a los ciudadanos de la opresión y también tendréis
que protegerles de la pobreza, la ignorancia y la inseguridad,
de la violencia, el engaño y la manipulación, y de
las múltiples formas de abuso que el propio gobierno
puede ejercer sobre sus ciudadanos.
Las diversas consecuencias de la libertad concebida
como no-dominación la distinguen de la idea contrapuesta
y liberal en un sentido más tradicional de la libertad
como no-interferencia. Para disfrutar de la no-dominación
hace falta disponer de los medios necesarios para
estar fuera del alcance del control de los demás, incluso
del control sutil que no implica una interferencia activa:
por ejemplo, el control imperceptible de los que se hayan
en una posición cultural o económica privilegiada.
Y en el único caso en el que se permite interferir ?cuando
el gobierno puede interferir mediante impuestos, leyes
o castigos?, tal interferencia tendrá que estar bajo
nuestro control y bajo el control de nuestros conciudadanos;
tendrá que concretarse en términos que cada uno
de nosotros acepte.
El ideal de la no-dominación tiene dos consecuencias
por lo que se refiere a cómo debe actuar un Estado
en los asuntos internos. En primer lugar, el Estado debe
reducir el potencial opresor de los poderes privados,
adoptando políticas que apoyen y refuercen la posición
de la gente en cuanto ciudadanos: su capacidad para ir
con la cabeza bien alta, mirando a la cara a los demás.
En segundo lugar, el Estado debe estar bien organizado
y tener límites ?debe organizarse y limitarse a sí mismo?
de modo que su poder público no represente una fuerza
dominante en la vida de los mismos ciudadanos a los
que debe servir. La república debe ser un guardián no
dominante frente a los poderes dominantes.
Paso ahora a analizar brevemente la actuación interna
del Presidente Zapatero y de su gobierno en los últimos
tres años. En primer lugar me ocuparé de las medidas
que ha adoptado para proteger a los ciudadanos
frente a los efectos del poder privado, y a continuación
me fijaré en las iniciativas adoptadas frente a la dominación
pública debida al propio Estado. Como ya he dicho,
no examinaré las políticas que ha promovido con
respecto al poder internacional.
2. La protección frente al poder privado
Hay toda una serie de frentes en los que cualquier
gobierno deberá estar presente para proteger a los ciudadanos
frente al peligro de dominación por parte de
individuos o de grupos privados de particulares. En primer
lugar, el gobierno deberá asegurarse de que la infraestructura
de la no-dominación existe y está en buenas
condiciones; ello incluye los sistemas económico y
jurídico de los que dependen los ingresos y la independencia
de la mayoría de los ciudadanos. En segundo lugar,
deberá reforzar la posición de los más débiles, estableciendo
un sistema de seguridad social y un marco
equitativo para regular aquellas relaciones potencialmente
opresoras como las que se dan en el trabajo o en
la familia. En tercer lugar, el gobierno deberá proteger a
todos los particulares frente a aquellos que recurren al
crimen y a la corrupción, o incluso a las estrategias del
terror, para salirse con la suya. Y en cuarto lugar, puede
que tenga que adoptar medidas para limitar a aquellos
individuos y grupos que detenten un poder relativamente
importante. Analizaré la actuación del gobierno en
cada uno de estos capítulos.
La infraestructura de la no-dominación
La infraestructura necesaria para garantizar de forma
amplia la libertad entendida como no-dominación se
compone de cinco elementos esenciales: 1. una economía
floreciente; 2. un Estado de derecho sólido; 3. un
sistema educativo abierto; 4. un sistema de salud en perfecto
estado; y 5. un medio ambiente sostenible.
La economía. El estado de la economía tiene una
gran importancia para los republicanos, dado que la pobreza
nos hace correr el riesgo del dominio de unos pocos.
La economía española creció bajo el gobierno de
Aznar y ha seguido creciendo en los últimos tres años.
La tasa de crecimiento anual siempre ha estado por encima
del 3 %. La tasa de desempleo ha seguido bajando
—en los últimos tres años ha bajado aproximadamente
de un 11.5 % a un 8.5 % o incluso menos— y el número
de empleos disponibles ha aumentado de forma considerable.
Aunque ha estado por encima de la media europea,
a lo largo de este periodo la tasa de inflación se
ha mantenido en torno al 2.5 %. Son buenos indicadores
que muestran que el gobierno actual no sólo ha
mantenido la prosperidad de los años del gobierno Aznar
sino que ha seguido una trayectoria ascendente.
Pero hay problemas económicos insoslayables. Entre
los problemas a largo plazo está el bajo nivel de investigación
y desarrollo y el relativamente bajo nivel de
productividad . En 2004 se dijo que haría falta un ‘esfuerzo
hercúleo’ por parte del gobierno para mejorar en
estas cuestiones pero al menos el gobierno se ha mostrado
dispuesto a afrontar esos retos . Según los datos del
propio gobierno, la productividad aumentó en un 1 %
en 2006, mientras que en 2004 aumentó sólo un 0.3 % .
Y mientras el porcentaje del PIB invertido en I + D en
2004 fue del 1 % del PIB —en el mismo año se gastó un
1.8 % en lotería— según el plan Ingenio del gobierno el
porcentaje debería llegar al 2 % en 2010; y el gobierno
afirma haber aumentado su propio gasto en I + D desde
2004 en un 125 % . Sólo podemos esperar que se alcance
ese 2 % de inversión en I + D. El déficit de la balanza
de pagos es muy alto y a largo plazo sólo la innovación
y la inversión en tecnología de punta podría reducirlo.
El Estado de derecho. El artículo 24 de la Constitución
reconoce a todos el derecho fundamental a obtener
una tutela judicial efectiva de los tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Esta es la
base sobre la que puede prosperar el Estado de derecho,
como sucede generalmente en España; quiere decir que
a nadie se le niegan sus derechos por falta de medios
económicos. Pero hay un problema que desde hace
tiempo dificulta el funcionamiento del sistema judicial,
y la efectividad del Estado de derecho: la sobrecarga y
los retrasos de los tribunales. Ello se debe a la falta de inversión
de varios gobiernos; en 2000 España no tenía
más que un tercio de los jueces per capita que había en
Alemania . El gobierno Aznar empezó a ocuparse de
este problema con leyes de 2000 y 2002, y el gobierno
Zapatero ha seguido las mejoras financieras y de organización
que empezaron entonces. Según el gobierno,
desde abril de 2004 se han nombrado unos 800 jueces y
fiscales nuevos en España, y se ha creado una nueva
Oficina Judicial encargada de simplificar y acelerar el
funcionamiento de los tribunales . Esperemos que estas
medidas sean eficaces.
El sistema educativo. Para garantizar de forma amplia
la libertad entendida como no-dominación es esencial
que los ciudadanos comprendan su sociedad y comunidad
política, que estén informados sobre ellas, y
que posean los conocimientos necesarios para tener una
vida llena y activa. A la postre tales conocimientos dependen
del buen funcionamiento del sistema educativo.
Y en este caso el historial español no es bueno. Los informes
de la OCDE presentan una imagen poco halagüeña.
En 2003, por ejemplo, un 30 % de los estudiantes
dejaron la educación secundaria, frente a una media
del 12 % en la OCDE; y el gasto público de España en
educación estaba en el puesto 28 entre 30 países . El gobierno
ha adoptado nuevas leyes sobre la educación y la
universidad, e informa de que el gasto en educación ha
aumentado en un 63 % desde 2004 . Es de esperar que
estas medidas mejoren la situación. El gobierno ha dado
un paso importante al introducir una educación ciudadana
en la que niños y adolescentes tendrán una primera
aproximación a los problemas de la política en una
sociedad pluralista, a las diferentes perspectivas sobre
tales problemas, y a los medios de resolverlos a través de
un diálogo democrático exento de beligerancia secularista
y de integrismo religioso .
El sistema de salud. La garantía de la libertad entendida
como no-dominación no sólo necesita una adecuada
infraestructura económica, jurídica y educativa.
También depende de la existencia de un buen sistema
público de salud y cuidados médicos, y de un uso sostenible
del medio ambiente. El sistema de salud no ha sido
uno de los temas principales de la política del gobierno
en los últimos tres años, salvo en lo relativo a los discapacitados;
a estos se les ha ayudado con la Ley de Dependencia,
a la que me referiré más adelante. Los datos
indican que aunque hay variaciones de región a región,
en general los servicios sanitarios se encuentran en buen
estado. Las cifras españolas de longevidad son muy altas
y, según un analista, ello ‘es una consecuencia de las
grandes mejoras en el sistema de sanidad pública y de
los saludables hábitos alimenticios españoles’ . Como
otros gobiernos europeos, el gobierno adoptó una ley
para limitar el consumo del tabaco, y afirma que en su
primer año de aplicación el número de fumadores se redujo
en 750.000 .
El medio ambiente. España debe afrontar problemas
debidos al cambio climático, con graves sequías en los
últimos años, además de problemas de dependencia
energética. Está por ver con qué eficacia pueden luchar
los gobiernos contra tales problemas, problemas, por lo
demás, presentes en varias partes del mundo. Pero este
gobierno sí que parece haber tomado medidas adecuadas.
Su política medioambiental se dirige a cumplir los
requisitos del protocolo de Kyoto, y ha realizado importantes
inversiones en plantas desalinizadoras para
combatir la escasez de agua . Además, desde que el gobierno
se adhirió al Convenio de Aarhus, los ciudadanos
españoles gozan de importantes derechos a la hora
de atacar medidas medioambientales para asegurarse de
que respetan niveles adecuados de protección . En
cuanto a la energía, el país se ha convertido en un líder
mundial en el desarrollo de la energía eólica —que el
año pasado suplió el 9 % del consumo energético español—
y el gobierno se ha comprometido a incrementar
el uso de esta tecnología y a promoverla en Europa .
Reforzar la posición de los desfavorecidos
Según la idea cívica de la acción política, nunca será
suficiente limitarse a establecer la infraestructura de la
no-dominación y los medios para proteger a las personas.
Pues en toda sociedad siempre habrá algunos individuos
que se encuentran en una posición relativamente
inerme. Si no se les refuerza con respecto a los poderosos,
en la sociedad habrá mucha opresión, por invisible
o silenciosa que sea. Tradicionalmente los hombres han
venido teniendo ventajas con respecto a las mujeres, los
conformistas con respecto a los que no lo son, los que
tienen buenas cualidades físicas o mentales con respecto
a los discapacitados, los empleadores con respecto a los
empleados, etc. Si el gobierno no actúa para corregir estas
desigualdades en cuanto a ventajas y poder, los más
débiles no podrán caminar con la cabeza bien alta al
lado de los más fuertes, ni podrán mirarles a la cara
como ciudadanos a otros ciudadanos. El Presidente se
identifica con esta vieja prueba republicana de ‘poder
mirar a la cara’. Cuando defendió las demandas de igualdad
de derechos por parte de los gays y las lesbianas,
lanzó un reto a sus detractores: ‘mirad a los homosexuales
a la cara, y decidles que son ciudadanos de segunda
categoría’ .
Existen serias dudas en cuanto al alcance de las iniciativas
del gobierno en este ámbito, dado que en los
datos clave de bienestar España todavía está muy lejos
de los países europeos más importantes, y que las relaciones
laborales aún no se han estabilizado. Los representantes
de los desfavorecidos seguirán insistiendo en
estas cuestiones y espero que den lugar a nuevas respuestas
si el gobierno es reelegido. Pero a pesar de las
dudas en cuanto al alcance de las iniciativas del gobierno,
no puede dudarse de su amplitud y extensión.
Como las medidas son bien conocidas, puedo limitarme
a recordar algunas de las reformas principales promovidas
por el gobierno.
La Ley contra la Violencia de Género (enero de
2005) protege a las mujeres contra las agresiones domésticas.
La Ley de Matrimonio Homosexual (julio de
2005) permite que personas del mismo sexo contraigan
matrimonio en las mismas condiciones que las parejas
heterosexuales. La Ley de Dependencia (enero de
2007) asiste a los discapacitados y a quienes deben quedarse
en casa para cuidarlos; fue aprobada, excepcionalmente,
con el apoyo de la oposición. Por último, la Ley
de Igualdad (marzo de 2007) trata de establecer condiciones
para que las mujeres puedan desempeñar un papel
igual al de los hombres en la vida pública y en el ámbito
laboral. Dicha ley obliga a los partidos políticos a
tener al menos un 40 % de mujeres en sus listas electorales
—desde el principio un 50 % de los ministros de
Zapatero han sido mujeres— y obliga a las empresas
con más de 250 empleados a poner en marcha medidas
de igualdad dirigidas a eliminar toda discriminación
contra las mujeres en materia de salario, promoción, y
otras prestaciones .
Aparte de estas leyes, el gobierno también adoptó
otras medidas para reforzar la posición de los más débiles.
Una novedad importante fue la regularización concedida
en 2005 a los trabajadores ilegales. Unos
700.000 trabajadores ilegales —sobre todo de Latinoamérica
y del Este de Europa— fueron regularizados, a
condición de probar que tenían un contrato de trabajo y
que llevaban viviendo en España seis meses o más . La
medida protegió a estas personas contra los abusos, y
también incrementó los ingresos fiscales y de seguridad
social. Existe el peligro de que la adopción frecuente de
este tipo de medidas de regularización atraiga más inmigración
ilegal. En adelante las regularizaciones dependerán
de un mecanismo más estricto, denominado arraigo,
en virtud del cual los inmigrantes ilegales deben satisfacer
un requisito de residencia de tres años y haber
tenido un contrato de trabajo durante más de un año .
Un problema constante en España ha sido el porcentaje
de trabajadores —más o menos un tercio— con
contratos de trabajo a corto plazo. Tales contratos son
fuente de inseguridad y además tienen otros inconvenientes
como la dificultad de conseguir una hipoteca. El
2006 el gobierno acordó con los empresarios y los sindicatos
un paquete de medidas dirigidas a resolver este
problema. Todo empleado que haya tenido dos o más
contratos temporales por un total de 24 meses en un periodo
de 30 meses tiene derecho a un contrato indefinido.
El acuerdo se suaviza concediendo a las empresas
subvenciones durante dos o tres años por cada trabajador
que accede a un contrato de ese tipo . Tal vez la
aceptación de esta medida, y de las exigencias de la ley
de igualdad, por parte de las empresas se ha visto facilitada
por el hecho de que el impuesto de sociedades se
redujo de un 35 % a un 30 % . Queda por ver si las reformas
serán efectivas en cuanto al problema de la temporalidad.
El hecho de que haya tantos empleados en
los sectores de la construcción y del turismo indica que
tal vez no sea una solución definitiva.
El crecimiento de la economía española ha incrementado
el precio de la vivienda hasta alcanzar niveles
en los que las familias menos prósperas y la gente joven
lo tienen difícil para comprar. El gobierno ha tratado de
resolver este problema reservando suelo para viviendas
de protección oficial, y subvencionando este tipo de viviendas
de otras maneras, así como incentivando el alquiler
de propiedades por parte de los propietarios . El
problema que estas medidas tratan de resolver podría
desvanecerse si baja el precio de la vivienda. Pero una
bajada así podría causar otro tipo de problemas graves,
pues la gente se encontraría con hipotecas de mayor valor
que sus viviendas. La deuda doméstica en España ya
es lo bastante elevada, y una bajada de precios podría
agravar aún más este problema.
Proteger a la ciudadanía
En todas las teorías sobre cómo debe actuar el Estado,
la protección de los ciudadanos frente a los efectos
directos e indirectos de la criminalidad tiene una importancia
primordial. Esto es verdad especialmente desde la
perspectiva cívica, dado que la criminalidad supone ponerse
en una posición de dominio sobre los demás. Los
delitos directos de violencia, robo o estafa hacen que las
víctimas sean conscientes del control que los demás
ejercen sobre sus vidas, pero dicho control también se
lo arrogan y lo ejercen quienes cometen, por ejemplo,
delitos de corrupción, en cuyo caso puede que las víctimas
no sean conscientes del daño que sufren.
España tiene la suerte de tener una tasa de criminalidad
que, a pesar de haber aumentado en los últimos
veinte años, sigue siendo inferior a la media de los principales
países europeos . Los robos constituyen un problema
importante, pero los delitos violentos y los homicidios
son inferiores a la media y se han reducido en los
últimos tres años . Aparte de la amenaza del terrorismo
—a la que volveré enseguida— existen problemas en
dos ámbitos: uno es el tráfico de drogas, y el otro la corrupción.
El primer problema se debe a la posición geográfica
de España, que la hace ideal para el tráfico de
drogas, y también para las actividades del crimen organizado.
En sus aspectos más graves, el otro problema se
debe al gran boom del sector de la vivienda, que ha
dado pie a muchas oportunidades para la corrupción en
el planeamiento del desarrollo urbanístico y en el negocio
inmobiliario. Miloon Kothari, consejero especial de
la ONU a quien el gobierno encargó preparar un informe
sobre este sector, definió lo que se encontró en 2006
como una cultura de ‘especulación salvaje’ y de corrupción
‘extrema’ .
¿Ha hecho el gobierno lo suficiente para afrontar estos
problemas? Por lo que se refiere a la vivienda, actualmente
está negociándose una ley del suelo dirigida a
controlar la especulación y a hacer que los planes de
desarrollo urbanístico sean más transparentes . En diciembre
de 2006, se adoptó una ley para la prevención
del fraude fiscal que debería reforzar estas medidas, de
la misma forma que el nuevo Centro de Inteligencia
Contra el Crimen Organizado. En 2005 las investigaciones
de la policía en Marbella revelaron la presencia
del crimen organizado en el sector inmobiliario y en
2006 el gobierno disolvió el ayuntamiento después de
que el alcalde y tres concejales entraran en prisión acusados
de corrupción y malversación . Se trata de desarrollos
positivos, pero no son suficientes para garantizar
que los problemas se resolverán realmente.
En España el terrorismo es un problema especial. El
mal y la tragedia que representa el terrorismo se pusieron
de manifiesto con los sucesos del 11 de marzo de
2004, fecha en que Madrid sufrió los efectos del terrorismo
en su dimensión internacional. Pero el terrorismo
lleva mucho tiempo siendo un componente de la España
democrática, como consecuencia de la lucha de ETA
por la independencia vasca. El último atentado de ETA
en el aeropuerto de Madrid en enero de 2007 llegó a tener
lugar mientras el gobierno estaba negociando con
esa organización. No dispongo de datos para evaluar las
medidas tomadas para proteger a la ciudadanía frente a
las amenazas terroristas nacional e internacional, pero
debo añadir que desde el exterior la respuesta de la policía,
los tribunales y el gobierno a la tragedia del 11-M
ha sido firme y exenta de histerismo —un modelo para
el mundo entero.
¿Fue apropiado que el gobierno dialogara con ETA,
como lo hizo, sin que esa organización hubiera renunciado
al uso de la fuerza? La historia de muchos países,
entre los que se cuenta Irlanda, mi país de origen, nos
enseña que a menudo el camino hacia la paz requiere
dialogar con grupos violentos. Y dicho diálogo es necesario
antes de que se renuncie a la fuerza, aunque sólo
sea a efectos de acordar los términos de dicha renuncia.
Esta verdad puede resultar desagradable pero es de puro
sentido común. ¿Se apartó el gobierno de forma radical
de la práctica habitual al abrir el diálogo con ETA? La
oposición ha condenado duramente al gobierno por sus
esfuerzos, invocando el pacto antiterrorista celebrado
entre los partidos en 2000. Pero los analistas académicos
consideran que esta condena es huera, dado que el
gobierno de Aznar también trató de negociar con ETA
en los mismos términos. Según un analista académico,
‘El desacuerdo del Partido Popular con los socialistas’ no
se basa en una diferencia real entre las respuestas pasadas
y actuales a ETA, sino ‘en una interpretación caprichosa
según la cual Zapatero se habría alejado radicalmente
de la política tradicional’ .
Aunque la tasa de criminalidad es buena con respecto
a la media europea, España cuenta con una población
carcelaria muy elevada. En junio de 2006 había 146 reclusos
por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de
la Unión Europea, lo que llevó a un grave hacinamiento
en las cárceles . Podemos juzgar a una sociedad por
cómo trata a los que delinquen, así como a los que sufren
la delincuencia, y me preocupa la situación de los
reclusos en las condiciones actuales. También me preocupa
la forma en la que los reclusos de ETA se hayan
desperdigados por toda España, en lugar de estar en cárceles
en el País Vasco o cerca de él. Por graves que sean
las acciones de ETA, esta tendencia parece un peso innecesario
y arbitrario que debe causar grandes sacrificios
a las familias de estos criminales. El Estado debe
comportarse según el más alto criterio, sobre todo cuando
recurre a los mecanismos de la justicia criminal, y
quisiera que un gobierno español empezara a ocuparse
de estos problemas.
Controlando a los más fuertes
En una democracia avanzada como España, los que
tienen más poder relativo son los que causan más daño a
la libertad de la gente entendida como no-dominación,
en la medida en que tienen una influencia indebida en la
actuación de los poderes públicos. Por influencia indebida
entiendo aquella influencia que no puede justificarse
abiertamente con razones que podrían invocarse y
aceptarse de forma amplia en los diversos sectores de la
sociedad. En este respecto se diferencia de la influencia
de las organizaciones no gubernamentales, cuyos argumentos
se exponen en público y están formulados en
términos aceptados por la comunidad. Se trata más bien
de una influencia a la que los partidos y los políticos se
pliegan en silencio, no por razones de interés público
que podrían reconocer, sino por ventajas personales o
de partido.
Existen muchas fuentes potenciales y muchas formas
potenciales de influencia indebida, y un indicador de la
salud de una democracia es la medida en que la misma
se mantiene constantemente alerta contra ese peligro.
En la mayoría de las democracias la influencia más importante
se produce a través de la financiación de las
campañas electorales y las correspondientes presiones al
gobierno. En España el alcance de esta influencia se ve
reducido por las restricciones a la financiación de las
campañas y por la disciplina de partido exigida en un
sistema parlamentario. En un sistema de este tipo el partido
o los partidos que gobiernan deben mantenerse
unidos para seguir gobernando, a diferencia de lo que
ocurre en el sistema de Washington. De modo que la
presión a diputados o ministros determinados apenas
surte efecto. Un grupo de presión debe convencer a
todo un partido, o al menos a todo un gobierno, para salirse
con la suya en una cuestión importante. En esto la
situación es mucho mejor que en los Estados Unidos, o
que en muchos países Latinoamericanos.
Este rasgo del sistema español quiere decir que, salvo
que se imponga la corrupción, la influencia corporativa
indebida es limitada. El indicio más importante de
influencia indebida pero lícita podría ser la reducción
del tipo de gravamen del impuesto de sociedades, determinada
por la existencia de tipos inferiores en el resto
de Europa. Existe el peligro de una carrera hacia mínimos
entre los países europeos con el afán de atraer la inversión
empresarial, y la solución obvia debe ser un
acuerdo paneuropeo para que no llegue a suceder algo
así. Espero que el gobierno español trabaje en este sentido
en los próximos años.
Pero si existe una separación razonable entre el
mundo de los negocios y el Estado en España, aún no
hay una separación adecuada entre la iglesia y el Estado.
En 1979 se acordó con la Iglesia Católica que la misma
llegaría a autofinanciarse pasados seis años, con la ayuda
de una disposición según la cual los miembros de la
Iglesia podría decidir, como en Alemania, dedicar un
pequeño porcentaje de los impuestos a la Iglesia. A pesar
de este acuerdo fiscal, la Iglesia no asumió su responsabilidad
de autofinanciación en el plazo establecido y
ha seguido recibiendo importantes subvenciones estatales;
tales subvenciones se han concedido, presumiblemente,
ante el temor de que la Iglesia pudiera movilizar
fuerzas opositoras contra cualquier partido que no siguiera
subvencionándola. Este abuso se equilibró en
buena medida cuando el gobierno decidió subvencionar
también a otros credos . Pero es evidente que sigue tratándose
de un abuso. ¿Por qué debería obligarse al conjunto
de los ciudadanos de un país a financiar los costes
de organizaciones religiosas del tipo que sean y por excelentes
que sean?
El gobierno Zapatero ha llegado finalmente a un
acuerdo más razonable con la Iglesia. Los contribuyentes
podrán dedicar un porcentaje mayor de sus impuestos
a la Iglesia —0.7 % en lugar de 0.57 %—, pero el
gobierno ya no otorgará una contribución anual para
cubrir la diferencia entre los ingresos y los gastos de la
Iglesia. Asimismo, la Iglesia deberá presentar un informe
explicando cómo gasta el dinero que recibe de los contribuyentes
. Se trata de mecanismos razonables que debían
haberse establecido hace mucho. El gobierno también
ha llegado a un compromiso con la Iglesia en cuanto
a la enseñanza de la religión en las escuelas. El acuerdo,
sin embargo, es complejo, y resulta difícil pronunciarse
desde el exterior.
3. La protección frente al poder público
Marco
Lo anterior nos da una idea de las políticas adoptadas
por el gobierno Zapatero y de el punto hasta el que
pueden considerarse políticas cívicas, dirigidas a salvaguardar
la libertad de la gente entendida como no-dominación
respecto del poder privado. ¿Pero qué ha hecho
el gobierno en el otro ámbito interno que me he
propuesto analizar? ¿Con qué éxito o hasta qué punto se
ha dedicado a salvaguardar a los ciudadanos contra el
peligro derivado de su propio poder público? El gobierno
ha hecho gala de respetar fielmente los límites existentes
de transparencia, responsabilidad y abertura. Tales
límites tienen la función de que el gobierno elegido
no sea opresor, aunque decida y adopte las políticas que
dirigen la vida de la gente. ¿Pero ha hecho algo para
mejorar la organización que permite que la acción gubernamental
revista un carácter no opresor?
El modo tradicional de protección frente a la dominación
pública ya estaba bien definido en las fuentes republicanas
clásicas. Se basa en someter a quienes gobiernan
a toda una serie de límites, muchos de ellos relacionados
con lo que los republicanos de Roma y del renacimiento
denominaron la constitución mixta. Bajo
este tipo de constitución había un número importante
de cargos públicos y organismos —en algunos actuaba
el pueblo en su conjunto, otros se ponían en manos de
cargos electivos, y otros incluso otorgaban el poder a
autoridades hereditarias. Estos cargos y organismos debían
limitarse recíprocamente a fin de que toda ley o
política que superara las objeciones de todos los bandos
reflejara más o menos la que se consideraba el bien común.
La idea de fondo era que una medida que podía
justificarse en los distintos sectores de la sociedad no
equivaldría al ejercicio de un poder incontrolado de dominación
sobre sus vidas.
Así pues, desde una perspectiva republicana todos
podrían ver el Estado como una fuente necesaria pero
no opresora de límites y de coordinación. Nadie equipararía
las acciones del gobierno con las de un gobernante
arbitrario y sin trabas. Verían en ellas la mano de
un poder que está obligado a tratarles como personas
merecedoras de igual consideración que los demás.
Tres iniciativas positivas
En los últimos tres años el gobierno no ha tratado de
reformar la constitución. Ello no debería sorprendernos,
dado que la tradición y constitución democráticas de
España son capaces de asegurar el cumplimiento de las
condiciones necesarias para obtener una legitimidad republicana
y cívica. Lo que se refleja en el hecho de que
entre 167 países está situada en el puesto 16 en el índice
del Economist Intelligence Unit —por delante de los
EE.UU., del Reino Unido y de Francia . Tiene una puntuación
muy alta en los dos elementos del índice que
son de especial importancia para lo que nos ocupa: la
calidad del proceso electoral y la protección de las libertades
civiles .
Aunque no ha tratado de reformar la constitución en
los últimos tres años, el gobierno sí que tomó otras iniciativas
para reducir la posibilidad de que quienes detentan
la autoridad y el poder puedan dominar. Son las
siguientes: la medida dirigida a reforzar los poderes de
control del parlamento sobre el gobierno; la novedad de
que el gobierno presente sus datos con mayor rigor; y la
independencia concedida a la televisión pública.
Una serie de modificaciones menores han reforzado
la posición del Parlamento con respecto al gobierno.
Una de ellas es la adopción de una ley según la cual el
parlamento debe aprobar el envío de tropas españolas
en servicio activo al extranjero . Otras novedades en la
misma línea son las medidas en virtud de las cuales una
vez al mes el Presidente se somete a un turno de preguntas
en el Senado, y ha renunciado al derecho a dar preferencia
a las preguntas de su partido tanto en el Senado
como en el Congreso . En una democracia parlamentaria
como es España, el gobierno suele estar seguro de
poder controlar el voto legislativo, pero desde cierto
punto de vista es importante recurrir al parlamento.
Asegura la transparencia de la acción de gobierno, dado
que las sesiones del parlamento son públicas. Permite
que se cuestionen las políticas y que se planteen objeciones
y preguntas. Y por supuesto hace posible, en
principio, la censura del gobierno.
También ha habido algunos cambios menores —
que merecen ser mencionados y alabados— en el modo
en que el gobierno presenta sus datos. La ley sobre publicidad
institucional en virtud de la cual el dinero público
no puede dedicarse a la propaganda de los partidos
sino únicamente en asuntos de claro interés y utilidad
públicos, constituye una excelente iniciativa . Y
también lo son los cambios ya anunciados según los
cuales deberá aumentar la disponibilidad de datos y estadísticas
en internet, incluyendo datos y estadísticas relativos
a las cuentas anuales trimestrales y a los presupuestos
económicos de la política gubernamental. Estas
medidas deberían contribuir a evitar el problema de la
lentitud o parcialidad de los canales de información
existentes, aunque no afrontan otro problema igualmente
importante y presente en casi todas las democracias:
el carácter a menudo incompleto de dicha información;
a menudo los organismos gubernamentales no están
dispuestos a hacer pública la información relativa a sus
actividades. La legislación de transparencia debe ser
complementada por legislación sobre la libertad de información.
El cambio más importante promovido por el Presidente
Zapatero para evitar la dominación por parte del
gobierno es probablemente la transformación de
RTVE, la televisión pública, que ha pasado a ser independiente
y autónoma —y que, desde todos los puntos
de vista, ha empezado a actuar en consecuencia . El
consejo de administración es nombrado por el parlamento
con una mayoría de dos tercios, y a continuación
elige al Director General. Se trata de una excelente novedad
por razones de fondo y también simbólicas. En
cuanto al fondo, permite que exista un analista y crítico
creíble del gobierno que no está condicionado por ningún
grupo privado y que tiene un incentivo para demostrar
su autonomía. Desde un punto de vista simbólico,
es una prueba de que la democracia cívica o republicana
no equivale a la dictadura del partido que se encuentra
en el poder; la opinión pública dispone de abundantes
recursos para mantener el gobierno bajo control y para
hacerle rendir cuentas. Cuando en 2004 le dije a Zapatero
que le sería difícil ser fiel a los objetivos que se había
fijado, pensaba en la política de independencia de la
televisión pública. Me complace reconocer que me
equivocaba. En este punto ha mantenido su fidelidad a
los principios cívicos. O por lo menos lo habrá hecho si
la financiación pública de la televisión estatal se mantiene
a un nivel razonable.
Mayor autonomía regional
Hay otra serie de reformas relacionadas con la organización
de los poderes públicos a la que debo referirme:
el apoyo del gobierno a los nuevos estatutos de Cataluña
y de otras comunidades autónomas. Estas reformas
han sido importantes en la medida en que reconocen
ciertas aspiraciones regionales que no pueden silenciarse
o suprimirse en una democracia libre. Y son importantes
por su modo de promover la división y descentralización
del poder. Dado que los niveles regional
y nacional influyen conjuntamente en la evolución de la
salud, la educación, la seguridad e incluso de los asuntos
financieros a nivel local, debería facilitarse que el tenor
de dicha evolución se decida según unos términos que
coincidan con las expectativas de los ciudadanos. Y de
este modo, debería ser más difícil adoptar decisiones
que favorezcan intereses particulares: por ejemplo, para
favorecer a un determinado partido, región, profesión,
sindicato o empresa. Y así sería menos probable que el
gobierno acabara siendo arbitrario u opresor.
Permítanme insistir sobre esta cuestión. Si en ciertos
temas el gobierno de una comunidad está dividido entre
dos núcleos de poder, con diferentes foros de responsabilidad,
será menos probable que alguien resulte oprimido
por las decisiones públicas; los intereses especiales de
grupos y sectores se controlarán y equilibrarán recíprocamente.
Muestra de ello es la forma en la que las instituciones
de la Unión Europea han reforzado organismos
como el Tribunal de Cuentas de España, o instituciones
como el Defensor del Pueblo en la lucha contra
la corrupción . El reforzamiento de las comunidades autónomas
en un marco en el que el gobierno central
mantiene necesariamente su propia función puede ser
un mecanismo importante para asegurarse de que el gobierno
sea franco y justo. Se trata del viejo principio republicano
según el cual el poder debe dividirse entre
muchos; es el mismo principio que justifica la independencia
del poder judicial con respecto del gobierno.
Es evidente que el problema de la autonomía regional
tiene otra dimensión que no es posible soslayar. El
sistema español de comunidades autónomas tiene un
carácter multiforme, dado que algunas comunidades gozan
de más autonomía que otras; ello se debe a la diversidad
histórica, expresamente reconocida por el derecho
y por la constitución. Sin embargo, este carácter
multiforme hace que cualquier cambio en el estatuto de
una sola comunidad pueda generar cierta inestabilidad.
Podría llevar a que otras comunidades traten de alcanzarla
e intenten restablecer el equilibrio anterior. Lo que
nos lleva a la siguiente cuestión: ¿Ha arriesgado demasiado
el gobierno al permitir la reforma en Cataluña?
¿Ha creado un riesgo de ‘balcanización’, como ha afirmado
la oposición?
La democracia española sólo puede mantenerse unida
si todas sus partes pueden considerarse partícipes voluntarias
en un ‘proyecto de vida en común’, como diría
Ortega y Gasset . Así pues, las bases de la comunidad
política se verán necesariamente sometidas a revisiones
y reformas periódicas, y las modificaciones del tipo de
las adoptadas en Cataluña y en otras comunidades son
bastante previsibles. La estabilidad de España debe ser
de naturaleza dinámica, no estática; debe derivarse del
proyecto ininterrumpido y mutuamente respetuoso de
construir una vida en común. Parece ser que ambos sectores
políticos aceptan esta idea, dado que ciertas reformas
han contado con el apoyo de la oposición y no sólo
del gobierno.
¿Pero podría un proceso de reforma ininterrumpido
conducir a la balcanización o disgregación de España?
Los vínculos históricos entre las comunidades autónomas,
y las ventajas derivadas del proyecto de integración
en un único país —especialmente a la vista del hecho
de que España es miembro de la Unión Europea—
deberían hacer que una disgregación sea muy improbable.
Tales vínculos y ventajas son lo bastante sólidos y
evidentes como para asegurar un apoyo democrático
mayoritario a la pertenencia a España en las comunidades
más independentistas, como sigue desprendiéndose
de las encuestas. El único riesgo es que el temor de la
balcanización, y la correspondiente desconfianza hacia
las comunidades autónomas, nutran un centralismo
agresivo y provoquen un movimiento opuesto de independencia.
El Partido Popular prácticamente ha abrazado
un centralismo agresivo de esta naturaleza. En consecuencia
ha atacado la constitucionalidad del estatuto de
Cataluña ante el Tribunal Constitucional y, para algunos,
ha tratado de ejercer una presión política sobre los
miembros del Tribunal . ¿Alguien cree que se pueda
mantener la unidad de España acudiendo a los tribunales
en la esperanza de que se anule una medida que ha
sido aprobada por los parlamentos catalán y español, y
que ha recibido un apoyo de cerca del 75 % en un referéndum
en Cataluña? La vía de la confrontación podría
acabar siendo el camino más corto hacía la propia balcanización
que se propone evitar.
La oposición, los tribunales y los movimientos sociales
Antes de terminar esta visión de conjunto, me referiré
a tres dimensiones en las que la organización de la comunidad
política española, desde mi punto de vista, ha
empeorado en los últimos tiempos. No afectan directamente
al gobierno, pero —como dije al empezar— gobernar
no es sólo la tarea del partido que está en el poder
—al menos en una democracia cívica genuina. Mis
críticas tienen que ver con la oposición, los tribunales y
los movimientos que operan en la sociedad.
El papel de la oposición —‘la oposición leal’— en
una democracia parlamentaria debe obligar al gobierno
a justificar sus políticas en un parlamento abierto, plantear
cuestiones difíciles sobre esas políticas, y luchar
por lo que considera alternativas mejores. Lo que no
debe hacer es intentar convertir el país en algo ingobernable;
sería una traición al sistema al que debe lealtad.
Pues bien, desde mi punto de vista externo, y desde
el de otros analistas, esto es precisamente lo que la
oposición parece proponerse. En esta línea, un analista
muy moderado y respetado, William Chislett, se ha referido
en varios informes a la ‘política de extrema hostilidad’
seguida por la oposición, a su ‘nula cooperación’,
a su ‘posición histérica’, y a ‘su estado permanente de
confrontación con el gobierno’ . Y Jesús de Polanco,
Presidente de PRISA, el grupo propietario de El País,
ha afirmado que la oposición se cree que ‘todo vale
para recuperar el poder’ . Desde un perspectiva cívica,
en la política todas las partes deben ser oídas con respeto,
y el énfasis que el gobierno ha puesto en el diálogo
refleja estas ideas —al igual que su política de ‘oposición
tranquila’ cuando no estaba en el gobierno. La
oposición no acepta estas ideas, por lo que parece, y favorece
una imagen fundamentalista y polarizada. Desde
su perspectiva, el gobierno es una fuerza maléfica
que ellos, los únicos representantes buenos y justos de
España, deben combatir con todos los medios, sean del
tipo que sean. Esta concepción le hace un flaco favor a
la democracia —y al sentido común.
El papel del poder judicial en una democracia parlamentaria
consiste en estar al margen de la política y en
ser capaz de pronunciarse sobre el fondo de cada asunto
desde un punto de vista jurídico, sin verse afectado por
las posiciones de los partidos políticos. Con esta finalidad
se creó el Consejo General del Poder Judicial, el órgano
encargado del nombramiento de los jueces de todos
los tribunales a excepción del Tribunal Constitucional.
Tengo la impresión de que esta independencia judicial
está en peligro, al menos en la percepción general.
Es muy común que se piense que los miembros del
Consejo General del Poder Judicial defienden posiciones
partidistas, en una distorsión manifiesta de la idea de
partida de esta institución. Ello puede deberse a la adopción
de un sistema parlamentario de nombramiento,
que introdujo el gobierno socialista en 1985; esta reforma
favorece los intentos de los partidos de ‘jugar’ con el
sistema, como sucede actualmente con la reticencia de
la oposición a ponerse de acuerdo a la hora de acordar
una nueva serie de nombramientos . En palabras de un
autor, en la actualidad suele verse a menudo al Consejo
como ‘un órgano fuertemente politizado’ . Peor aún,
empieza a generalizarse la idea de que el Tribunal
Constitucional, que durante mucho tiempo gozó de
gran admiración por su independencia , ha empezado a
plegarse ante las presiones políticas . La existencia misma
de estas percepciones y convicciones apunta a que
deben adoptarse medidas importantes para reforzar la
independencia del poder judicial con respecto a la política
de partidos. Podría incluso tratarse de un ámbito en
el que sea necesario reformar la constitución.
La tercera cuestión relativa a la estructura de la comunidad
política española tiene que ver con la forma en
que la sociedad civil controla al gobierno. En una sociedad
compleja, el ejercicio del control cívico no puede limitarse
a los particulares, a la vista de las dificultades
existentes para estar bien informado. Lo mejor es que lo
lleven a cabo organizaciones no gubernamentales e independientes.
Estas organizaciones deberán financiarse
en parte con fondos públicos y en parte con fondos privados,
y deben ser independientes del gobierno y gozar
del respeto del conjunto de la población. Sólo este tipo
de organismos pueden controlar con una cierta profesionalidad
la actuación del gobierno en toda una serie
de ámbitos: por ejemplo, derechos de las mujeres, cuestiones
medioambientales, derechos del consumidor,
asuntos de salud y derechos de los reclusos. El número
de manifestaciones masivas muestran con claridad que
en España existe un interés por este tipo de control social
sobre el gobierno. Sin embargo, el ejercicio correcto
del control social requiere la experiencia de organizaciones
no gubernamentales y me parece que las mismas
no tienen una presencia lo suficientemente importante
en la vida social española. Aunque las organizaciones no
gubernamentales tienen una buena reputación, en realidad
sólo uno de cada cuatro españoles es miembro de
una de estas organizaciones —una cifra baja con respecto
a la media europea .
Conclusión
Puede ser útil, para acabar, que resuma el tenor general
de mis conclusiones e impresiones. He intentado examinar
las iniciativas internas del gobierno Zapatero desde
un punto de vista republicano o cívico, según el cual
el gobierno debe tratar de reducir la dominación privada
sin llegar a la opresión pública. Primero me he fijado
en las políticas dirigidas a evitar la dominación privada y
luego en las políticas dirigidas a controlar la dominación
pública.
La dominación privada se ve favorecida por defectos
generales como una economía floreciente pero poco
equilibrada, un sistema judicial complicado, y un sector
educativo por debajo de la media. Y se debe a ciertos
problemas más concretos, entre los que se encuentran
los siguientes: la vulnerabilidad personal, que puede deberse
a desventajas físicas, económicas o culturales; los
riesgos de criminalidad y terrorismo en la comunidad; y
el poder excesivo de las organizaciones empresariales o
religiosas.
El gobierno no ha sido capaz de eliminar los defectos
generales mencionados, pero ha promovido políticas,
a menudo sobre la base de la actuación del gobierno
Aznar, que deberían reducirlos a medio plazo. Ha
adoptado iniciativas valientes y pioneras en el campo de
la posición vulnerable de las mujeres, los homosexuales,
los emigrantes ilegales, los discapacitados, y los trabajadores
con contratos temporales. Ha afrontado la amenaza
terrorista con firmeza, aunque ETA asestó un duro
golpe a los razonables intentos de llegar a un acuerdo.
Por último, ha corregido en buena medida la anomalía
histórica de seguir concediendo subvenciones estatales
a la Iglesia Católica.
Los riesgos de dominación pública son tan comunes
como los de dominación privada. La dominación será
más probable en la medida en que el gobierno es poco
transparente en cuanto a la información, por ejemplo, o
reacio al debate parlamentario, intolerante con los medios
de comunicación independientes, o deseoso de
concentrar el poder en sus manos. Cuando se deja llevar
por estas tendencias, un gobierno se convierte en un poder
que influye en la vida de la gente y que es difícil vigilar
y controlar.
El gobierno de Zapatero ha sido menos secreto, menos
reacio al parlamento, menos intolerante con los medios
de comunicación independientes, y menos deseoso
de concentrar el poder que otros gobiernos similares.
De hecho ha adoptado varias iniciativas significativas.
Ha aprobado una ley de publicidad, ha prestado más
atención al parlamento, reforzando sus poderes, ha
adoptado una ley que garantiza la independencia de la
televisión pública, y ha favorecido una mayor autonomía
de las comunidades autónomas.
No estoy diciendo que en ambos frentes el gobierno
haya obtenido la máxima puntuación. Hay otras cosas
que me parece que debería hacer en una serie de ámbitos.
Si es reelegido, espero que refuerce los derechos sociales
de los desfavorecidos, que se ocupe del grave hacinamiento
en las cárceles, que mejore la transparencia
del gobierno reforzando la libertad de información, y
que adopte todas las medidas posibles para que se vuelva
a confiar en un poder judicial independiente.
Aunque las medidas adoptadas por el gobierno pueden
mejorarse, es importante que haya adoptado tantas
medidas en la buena dirección. No sé cómo saldrá el
gobierno del tumulto de las elecciones. Ni sé cómo reaccionará
cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie
sobre el Estatuto catalán. Pero sí que sé que el gobierno
Zapatero ha sido fiel a la visión cívica o republicana
del gobierno. Y de esta forma ha puesto el listón
muy alto en términos de corrección, valor y eficacia. A
pesar de los importantes retos que ha tenido que afrontar
en los últimos años, ha mantenido una dirección
constante y ha hecho de España un modelo para las democracias
avanzadas.
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