El Musel y el HUCA, dos puertas abiertas a la corrupción

en El Blog de Juan Vega, vía Reggio

Diciembre 19, 2007 – 10:40 pm

Impresiona la fotografía publicada por La Nueva España en su edición de papel –en la de Internet no se ve nada, parece una obra del mejor posimpresionismo, digna de un Seurat-, en la que se inmortaliza al grupo principal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, celebrado el martes 18 de diciembre del 2007, dos días antes de que concluyese el período de sesiones del Congreso de los Diputados, el jueves 20, a tres semanas por tanto de que se convoquen, un mes después, en enero, las Elecciones Generales, para el próximo mes de marzo.

Un hito más en la España de los reinos de taifas, pues este organismo portuario, que depende legalmente del Ministerio de Fomento, está controlado de manera indirecta, por la comunidad autónoma Principado de Asturias, cuyo consejero de Infraestructuras, que lo es también del puerto, afirmó en su última comparecencia en la Junta General del Principado, que el Gobierno autonómico no tiene ninguna responsabilidad sobre la gestión de tan extraño ente.

Los representantes del pueblo asturiano no pueden pedir cuentas al Gobierno, en el Parlamento asturiano, porque aunque el ejecutivo nombre directa o indirectamente a la mayoría de los cargos, su gestión no depende de la comunidad autónoma, sino del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como el Congreso de los Diputados, a todos los efectos, ya está disuelto, quedan unos meses de margen de maniobra, sin que aquí nadie tenga que enseñar un papel.

¡Sursum corda!

Y decimos que impresiona esta fotografía, porque bien se advierte en ella, a qué extremos de degradación ha llegado la vida pública en nuestra bendita tierra, pues ese grupo de diez hombres sin piedad, están ahí por obra y gracia del presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, que es el que de una u otra manera los nombró a todos ellos, para tomar la decisión de tirar al mar los 250 millones de euros de un sobrecoste del que nadie tendrá nunca explicación cabal, mientras se embarca en la loca carrera de conseguir que de ellos, 135, los ponga la Unión Europea otra vez, puesto que el poder continental ya puso 247 en una anterior tacada, y aquí nadie ha demostrado de manera fehaciente la necesidad de poner más dinero por razones que resulten confesables.

En la foto están ni más ni menos que los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios de Asturias, Antonio Pino y Justo Rodríguez Braga, que junto con el presidente de la patronal, Severino García Vigón, se incorporaron al consejo, el lunes 24 de septiembre, apenas unas semanas antes de que se hiciese público el sobrecoste, en un momento en el que los tres ya estaban negociando con el gobierno que los nombra, las prebendas y las sinecuras que les han de caer, en forma de lluvia de millones, por obra y gracia de los llamados ‘pactos de concertación’, el óbolo de la formación, la lotería de los agentes sociales, a mayor gloria de un sistema orgánico de representación, muy similar al que mantenía Francisco Franco Bahamonde con el Tercio Sindical.

En la imagen a la que nos venimos refiriendo, están también, como no, Fernando Menéndez Rexach y Francisco González Buendía, los dos nombrados por Areces, y detrás, medio camuflados por el paisaje, Francisco Villaverde y Luis Arias de Velasco. El primero, gerente del Serpa, una empresa pública dedicada a chollos de obras del gobierno, fue el promotor de la llegada de Areces a la alcaldía de Gijón, desde la secretaría de la agrupación socialista local, mientras que el segundo consiguió grandiosos resultados en la vida, con su empresa publicitaria -la reina de la contratación con las administraciones arecistas-, que al parecer vendió recientemente, pues entre la Cámara de Comercio, la Feria de Muestras y el puerto, tiene ya demasiadas ocupaciones.

Y con todo y con ello. No hay cuentas que dar en la Junta General del Principado. Como tampoco se van a dar en el Congreso, ¡las cuentas al maestro armero!

El consejero de Salud, Ramón Quirós, hizo estas declaraciones, que reproducimos, a propósito de la otra gran fisura por la que se filtra una buena parte de las aguas residuales de la administración pública asturiana:

«Tendremos un Hospital mejor que el que se proyectó en 2002, que responda a las necesidades de la sanidad asturiana». Ramón Quirós, consejero de Salud, justificó así la iniciativa del anterior equipo, liderado por Rafael Sariego, de solicitar un modificado del plan funcional del futuro Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA),que supondrá un aumento de 14.000 metros cuadrados y un sobrecoste que Quirós no cuantificó porque, según explicó, se negocia actualmente entre la empresa pública Gispasa y la UTE adjudicataria de las obras. El acuerdo se conocerá en «breves semanas», añadió.

Lo mismo que en el caso de El Musel. La administración contrata unas obras fastuosas, se quita de en medio a la dirección de obra, los contratos se disparan, nadie pide responsabilidades a la contrata, se consiguen manos libres con la creación de una empresa instrumental, Gispasa, se da por sentado que los precios se pueden subir a lo loco, y los mismos responsables técnicos tienen un pie en la administración y otro en las empresas contratistas. Juan Navarro Baldeweg y Ángel Fernández Alba, los arquitectos que ganaron el concurso del HUCA, se fueron por donde vinieron, y nadie convocó un concurso para sustituirlos. Desde entonces las obras del hospital son un Juan Palomo en el que los mismos se lo guisan y se lo comen todo. Lo mismo que en El Musel, donde se cesó a la ingeniero Ana Dizy en el mismo comienzo de las obras, y desde entonces, la responsabilidad del proyecto, del modificado, y de todo lo que está sucediendo allí, recae sobre el propio director de la Autoridad Portuaria, José Luis Díaz Rato.

Y personajes como el consejero de Sanidad, Quirós, o el presidente de la Autoridad Portuaria, Menéndez Rexach, declaran públicamente que los precios se “negocian”, cuando todo el mundo sabe que eso es terreno vedado en la administración pública, algo que está prohibido expresa y claramente, pues si una cosa está clara, es que nuestro ordenamiento jurídico establece de manera indiscutible que los contratos han de ser objetivos, tanto en la oferta como en la selección de los contratistas, y pretextos como los empleados para modificar estos contratos, tanto en un caso como en otro, son insostenibles.

¿Por qué prohíbe nuestro ordenamiento jurídico la negociación de contratos de envergadura? La respuesta es obvia: porque la negociación de los contratos, sin concursos, sin subastas, sin procedimientos objetivos, es una vía de agua para la corrupción.

Este artículo se publica también como Editorial de ElComentarioTV

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