Escribe Pedro M. González en Diario de la República Constitucional:
La voluntad de la casta política de someter a la Justicia en el Estado de poderes inseparados es directamente proporcional al afán de protagonismo político de aquellos de sus titulares que persiguen la relevancia personal a través del desempeño de la noble función de juzgar, en cuya dignidad está implícita la discreción.
La corrupción del concepto de Justicia es tal, que en muchas ocasiones tan siquiera es preciso utilizar los innumerables mecanismos políticos para su control y sometimiento. La intuición de los vientos políticos por los Jueces y Magistrados menos escrupulosos para posicionarse públicamente a favor de los nuevos amos basta por sí sola en un vergonzoso afán de medrar.
Un ejemplo de esta maligna perspicacia son las recientes declaraciones del Juez Baltasar Garzón alabando la reforma propuesta del PSOE de acabar con la función investigadora de los delitos por los Jueces de Instrucción para entregarla a la Fiscalía, dependiente orgánicamente del ejecutivo.
El Juez de la Audiencia Nacional se mostró partidario de que el fiscal se encargue de la investigación de los hechos presuntamente delictivos, en lugar del juez, reforzando así la dependencia política de la labor investigadora. Por si quedaba alguna duda de sus intenciones, en las mismas declaraciones Garzón manifestó su oposición a la unidad e integración de las carreras Fiscal y Judicial en un cuerpo único y separado. En este sentido subrayó “todas las complicaciones que ello conlleva”, significando que “esta integración no sólo produciría problemas de índole orgánico, sino también de acomodación, antigüedades, sistemas de acción o asignación de funcionarios”.
Claro que tales complicaciones desaparecerían con la reforma propuesta al borrar de un plumazo cualquier leve destello de independencia judicial en la investigación penal. Para ello, como no, Garzón propone utilizar el instrumento liberticida por antonomasia, el consenso político, ya que en su opinión “si no existe acuerdo no puede prosperar un modelo de este tipo porque queda en el aire ante eventuales modificaciones de las mayorías parlamentarias”. Tal vez sea que, frustradas sus intenciones de ser Ministro de Justicia y premio Nobel de la Paz, ahora quiera ser Fiscal General del Estado.
La corrupción del concepto de Justicia es tal, que en muchas ocasiones tan siquiera es preciso utilizar los innumerables mecanismos políticos para su control y sometimiento. La intuición de los vientos políticos por los Jueces y Magistrados menos escrupulosos para posicionarse públicamente a favor de los nuevos amos basta por sí sola en un vergonzoso afán de medrar.
Un ejemplo de esta maligna perspicacia son las recientes declaraciones del Juez Baltasar Garzón alabando la reforma propuesta del PSOE de acabar con la función investigadora de los delitos por los Jueces de Instrucción para entregarla a la Fiscalía, dependiente orgánicamente del ejecutivo.
El Juez de la Audiencia Nacional se mostró partidario de que el fiscal se encargue de la investigación de los hechos presuntamente delictivos, en lugar del juez, reforzando así la dependencia política de la labor investigadora. Por si quedaba alguna duda de sus intenciones, en las mismas declaraciones Garzón manifestó su oposición a la unidad e integración de las carreras Fiscal y Judicial en un cuerpo único y separado. En este sentido subrayó “todas las complicaciones que ello conlleva”, significando que “esta integración no sólo produciría problemas de índole orgánico, sino también de acomodación, antigüedades, sistemas de acción o asignación de funcionarios”.
Claro que tales complicaciones desaparecerían con la reforma propuesta al borrar de un plumazo cualquier leve destello de independencia judicial en la investigación penal. Para ello, como no, Garzón propone utilizar el instrumento liberticida por antonomasia, el consenso político, ya que en su opinión “si no existe acuerdo no puede prosperar un modelo de este tipo porque queda en el aire ante eventuales modificaciones de las mayorías parlamentarias”. Tal vez sea que, frustradas sus intenciones de ser Ministro de Justicia y premio Nobel de la Paz, ahora quiera ser Fiscal General del Estado.
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