El patio de atrás del Fondo de Adquisición de Activos Financieros

Rosa Díez: “España es el país que más dinero ha destinado al fondo de ayuda a los bancos y el que goza de menos transparencia y control político".

6 de noviembre de 2008

Rosa Díez, diputada de Unión, Progreso y Democracia, UPyD, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que las medidas pactadas por el Gobierno para crear un Fondo de Adquisición de Activos Financieros, para el otorgamiento de avales a las entidades de crédito así como para ampliar hasta 100.000 € las indemnizaciones del Fondo de Garantía de Depósitos, están rodeadas de una “opacidad”, pactada con el Partido Popular. “Somos el país que más dinero ha destinado a ese fondo de ayuda a los bancos, en el que más puestos de trabajo se destruyen y, además, es el de menos transparencia y control político".

Precisamente, para acabar con esa falta de trasparencia, la diputada ha registrado en el Registro una PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre Medidas de Estabilización Financiera para su debate en Pleno.

A este respecto, ha asegurado Díez, conviene recordar que el Gobierno, en su presentación de las medidas adoptadas, insistió en que las intervenciones en las que se concretarían los mencionados Reales Decretos–Ley se ajustarían a los principios generales de transparencia, control por las instituciones democráticas y coste nulo para el Estado. Además, la propia Comisión Europea ha establecido que para que las ayudas estatales sean aceptables, deben ajustarse a los principios generales de limitación temporal y no discriminación entre las entidades crediticias comunitarias, así como con la exigencia de que el sector privado afectado comparta el esfuerzo del Estado y no emplee las ayudas para financiar su propia expansión.

Sin embargo, según Díez, desde la convalidación de los dos Reales Decretos–Ley aludidos diversos medios de comunicación nos han alertan “del eventual incumplimiento de algunos de los principios antes mencionados, singularmente el de transparencia”. En estas circunstancias, la diputada ha propuesto que el Gobierno establezca unas normas reglamentarias de desarrollo que respeten dicha transparencia. Entre las medidas propuestas, Díez pide que el Ministerio de Economía y Hacienda informe al Congreso de los Diputados de la identidad de los beneficiarios de las ayudas estatales, de su cuantía y, en el caso de adquisición de activos, de la calificación de riesgos de éstos y de su valoración de mercado. Además, que los informes cuatrimestrales previstos para el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, a presentar ante el Congreso, se extiendan a las operaciones de aval y de adquisición de participaciones en el capital de las entidades financieras. Asimismo, se habilitará, de manera extraordinaria, al Tribunal de Cuentas para que, con la misma periodicidad, emita informes de control y auditoria sobre todas esas operaciones.

Además, la diputada considera que son las entidades financieras que se beneficien de estas medidas quienes deben asumir los costes de las operaciones. Por ejemplo, en el caso de que alguno de los activos adquiridos resultara tener menor valor que el adjudicado en su adquisición o resultara total o parcialmente fallido, el diferencial negativo será imputado directamente a la entidad emisora de los mismos.

Asimismo, la diputada considera que para que la intervención del Estado no induzca un problema de riesgo moral en el sector financiero español, se especificará que la adquisición por el Estado de títulos aptos conlleve derechos de representación en los correspondientes Consejos de Administración. En este sentido, el Estado condicionará sus participaciones en el capital de las entidades crediticias, cuando la compra de títulos exceda del 3 por 100 del capital de éstas, a tener una representación en su Consejo de Administración con voz y voto, nombrando el número de consejeros que corresponda proporcionalmente a dichas participaciones.

La diputada también propone que las ayudas concedidas por el Estado, sea cual sea su modalidad, deben condicionarse a que las entidades crediticias no las empleen para financiar su expansión ni para financiar el reparto de dividendos a sus accionistas. El Estado –dice Díez-, dará prioridad a la concesión de las ayudas a las entidades que hayan incrementado la concesión de créditos al sector privado en el trimestre anterior a la solicitud correspondiente.

Asimismo, la diputada cree que en ningún caso las intervenciones del Estado, en el marco de las medidas de estabilización financiera, deben sustituir a las que, en su caso, pudiera tener que adoptar el Banco de España para intervenir en entidades financieras que, eventualmente, afronten una situación de quiebra.

En el marco de dichas iniciativas, el Gobierno debería remitir al Congreso un proyecto de reforma de la legislación mercantil y penal para regular las responsabilidades de los consejeros y directivos de las entidades financieras, para que, en los casos de conducta punible, se obligue a los implicados a responder de los daños económicos causados con la totalidad de su patrimonio personal.

Según Díez, es urgente examinar el papel ejercido en la crisis por el Banco Central Europeo y por el Banco de España a fin de reestructurar estos órganos de regulación y control, reforzando sus competencias y dotándoles de los instrumentos que se requieran. Por eso y, con este fin, el Gobierno debería promover la creación en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados una subcomisión de estudio sobre la crisis financiera.

Y, por último, la diputada ha propuesto que el Gobierno informe periódicamente al Congreso de los Diputados de su participación y sus actuaciones en el ámbito internacional y europeo.

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