Aquí hablaremos de la gran superchería del "como si" tuvieramos una democracia representativa. Supercheria sistematizada por una Transición tan original que ha convertido en anticonstitucional todo lo que se hace a luz del día, todo lo que puede ser narrado en las crónicas de la prensa o en los telediarios, es decir, todo lo que es simulado sin ser simulacro; mientras que la legalidad duerme yacente en lo disimulado y no practicado. El fraude de ley se caracteriza por una ley que se aplica y otra ley que se evita. En el fraude político español solo hay una ley que se evita: la Constitución. Ninguna ley ampara o aplica lo simulado.
Se simula que la campaña electoral comienza cuando lo deciden los dos partidos gubernamentales, y se disimula que la ley fija plazo obligatorio de antelación a las urnas. Se simula que el aparato de cada Partido hace las listas de candidatos, y se disimula que la Constitución obliga a que se hagan de modo democrático. Se simula que la votación en las urnas tiene por objeto elegir al Presidente del Gobierno, y se disimula que la Constitución obliga a elegir el cuerpo legislativo. Se simula que son elecciones libres, y se disimula que los votantes solo pueden elegir entre listas de partido. Se simula que los elegidos son representantes de los electores, y se disimula que solo representan al partido que los elige. Se simula que los elegidos no están sujetos a mandato imperativo, y se disimula que, contra la norma constitucional, han comprometido sus votos futuros a la disciplina de partido. Y en este Estado de Partidos, ninguno de esos seis fraudes será denunciado por los medios informativos.
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