Francisco José Martínez
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Ya en el 12 de febrero de 2002 los grupos políticos ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) e IU-ICV (Izquierda Unida) presentaron en el Parlamento catalán la propuesta de elevar una proposición de ley sobre el establecimiento de una renta Básica a las Cortes generales.
La exposición de motivos de la propuesta en el Parlamento catalán partía del reconocimiento de que en los últimos tiempos el crecimiento de los países más desarrollados ha ido acompañado de un aumento de las desigualdades sociales debido al reparto injusto de la riqueza y del bienestar que ha producido un aumento de la pobreza en estos países. El sistema de transferencias de la seguridad social se ha mostrado muy poco eficaz como mecanismo de prevención de la pobreza. En Cataluña sólo la mitad de los hogares pobres han podido dejar la pobreza gracias a estas medidas. Por otra parte, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña establecen la obligación que tienen los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean efectivas y reales, la obligación de eliminar los obstáculos que impidan o dificulten la efectividad y plenitud de la libertad y la igualdad, así como la de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural del país.
Los subsidios y prestaciones condicionadas al hecho de haber trabajado o encontrarse en situaciones de dependencia al ser incompatibles con el ejercicio de un trabajo remunerado, inducen al trabajo clandestino, mal pagado y sin garantías legales ni sociales. Por otra parte, la precariedad laboral introduce inseguridad en los individuos que no pueden hacer planes de futuro y, por último, los trabajos menos cualificados son una fuente de descontento y malestar entre los individuos que se ven obligados a ejercerlos de por vida.
Son, pues, estos tres motivos, pobreza, precariedad laboral y descontento en el trabajo el fundamento de esta propuesta de renta básica. A estas tres consideraciones se une la necesidad de tener en cuenta como trabajo no solo el trabajo asalariado que produce mercancías para el mercado sino también dos tipos de actividades que son esenciales para la reproducción del sistema y de los individuos y que no se tienen en cuenta en los análisis económicos tradicionales: el trabajo doméstico y el trabajo voluntario. Una renta básica al remunerar el trabajo doméstico y el voluntario además de prestigiarlos y reconocer su importancia social y económica permitiría establecer un equilibrio entre los tres tipos de trabajo a lo largo de la vida de los individuos y entre los individuos entre sí.
Por estos motivos se proponía el establecimiento de una Renta Básica de Ciudadanía definida como “un ingreso económico pagado por el sector público a cada ciudadano y ciudadana de pleno derecho, aún en el caso que no quiera trabajar de forma remunerada, independiente de otras posibles fuentes de renta que pueda poseer y sin importar con quien conviva”. Los principios en que se basan esta medida son: acabar con la pobreza, evitar la estigmatización de los individuos que tiene que demostrar su imposibilidad de obtener recursos para poder acceder a los subsidios sociales e incrementar la autonomía y libertad reales de buena parte de la población en el momento de hacer sus elecciones de participación en el mercado de trabajo. A estos motivos se añaden la racionalización de las actuales prestaciones sociales y los efectos que la medida pueda tener en la reducción del fraude y de la economía sumergida derivada de la imposibilidad de compatibilizar un salario con los subsidios sociales.
Estas mismas consideraciones se encuentran en la presentación el día 15 de abril de 2005 en la Mesa del Congreso de la proposición de Ley de creación de una Renta básica de Ciudadanía por parte de IU, propuesta que se aprobó el 22 de abril y cuyo debate, junto con otra propuesta paralela de ERC se realizó el 2 de octubre de 2007. A continuación analizaremos los argumentos que cada grupo parlamentario esgrimió, tanto al defender como al criticar la propuesta.
Ese día se debatieron las propuestas de ERC y de IU defendidas respectivamente por el Sr. Tardá de ERC y la Sra. García Suárez por IU. El Sr. Tardá recuerda que en el marco del acuerdo de ERC e IU con el gobierno socialista se constituyó una subcomisión en el marco de la Comisión de Trabajo y Asuntos sociales para estudiar la posible creación de una Renta Básica. Igualmente ERC presentó una enmienda a los Presupuestos generales del Estado para que se incorpore una partida con el objeto de financiar un estudio sobre la posible aplicación parcial de una Renta Básica en el Estado español. ERC considera la propuesta de la RB como una medida republicana que se opone a la política de transferencias condicionadas como la aprobada por el gobierno de conceder 2500 € por el nacimiento de un hijo. La RB definida en los términos ya expuestos se plantea como una medida que pretende acabar con la pobreza y la exclusión social, que persigue una mejor distribución de la renta en un sentido progresivo y una progresiva socialización de la riqueza, sin, por otra parte, eliminar las conquistas sociales de Estado de bienestar, fundamentalmente en el ámbito de la educación y la sanidad.
La propuesta tiene que hacer frente a dos objeciones inmediatas: ¿es justo que quien no quiera trabajar perciba una renta estatal?, ¿es viable, económicamente? Respecto a la primera objeción el orador recuerda que no todo trabajo es remunerado en el sentido aludido antes. Por otra parte, también se constata que el deseo de elevar el nivel de vida llevaría a que la percepción de una RB que no podría ser muy cuantiosa no supondría un abandono del trabajo por una porción relevante de la población trabajadora. En cambio, la RB aumentaría el poder de negociación de aquellos que tienen los trabajos más duros, desagradables y peor pagados. Además, la compatibilidad entre salario y RB haría que parte de los actuales perceptores de rentas condicionadas que se pierden al obtener un empleo se incorporaran al mercado de trabajo. Por todo ello, no está claro el impacto que la RB tendría sobre el mercado de trabajo, ya que facilitaría el abandono de los trabajos peores pero permitiría el acceso de parte de los que actualmente reciben prestaciones condicionadas. La propuesta incrementa también la libertad en la elección de trabajo.
Respecto a al viabilidad económica, ERC propone una reforma fiscal del Impuesto sobre la renta de las personas físicas y además piensa que se podrían obtener recursos de la integración coherente de los actuales subsidios condicionados así como del ahorro de la gestión de los mismos. Por otra parte, la RB al recibirse por anticipado previene la pobreza y no viene a posteriori a remediar las situaciones ya padecidas.
La propuesta de RB se entiende como un derecho, más aún, como la garantía económica del derecho de ciudadanía, como la base de la autonomía de los individuos. La medida se entiende como la concreción de los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. De libertad porque aumenta su autonomía y su libertad real; de igualdad porque se otorga a todos los ciudadanos de manera incondicional; de fraternidad, porque supone una redistribución de la riqueza que asegura la vida de todos los ciudadanos. La medida no favorece la ociosidad, ni apoya el parasitismo sino que pretende garantizar el derecho a la vida. La necesidad de trabajar sigue existiendo para conseguir un nivel de vida aceptable, pero con la RB se trata de evitar que en un sistema que no garantiza el acceso al trabajo a toda la población, la negación del derecho al trabajo no suponga la negación del derecho a la vida. La medida no es por sí misma anticapitalista y puede reactivar la economía al garantizar un ingreso estable y continuado al conjunto de la población estimulando la demanda y por ello activando la economía.
A continuación la Sra. García Suárez defendió el proyecto presentado por IU-ICV estableciendo un paralelismo entre la lucha por el sufragio universal en el siglo XX y la lucha por la RB en el siglo XXI; ambos suponen un salto cualitativo en al concepción de la ciudadanía, la ciudadanía política y la ciudadanía social. La propuesta de una RB universal e incondicional supone la generalización de medidas ya contenidas en el programa electoral de IU, tales como la pensión básica universal para los mayores de 65 años y la renta mínima garantizada para las personas en edad laboral. Estas medidas, incluida la RB, se proponen a partir de la constatación de que amplias capas de población necesitada quedan al margen de los mecanismos clásicos de protección social debido a los profundos cambios de la estructura social: diversificación étnico-cultural, envejecimiento, nuevas formas de convivencia familiar, itinerarios complejos para la emancipación de los jóvenes, el paro de larga duración, etc. Todos estos fenómenos se dan en un contexto neoliberal que ha abordado estos problemas a través de diversos mecanismos: políticas activas de ocupación y generalización de las rentas mínimas de inserción que han supuesto un avance pero que presentan unos límites muy claros: las primeras porque no han asegurado trabajo de calidad, ni han permitido afrontar el debate sobre la centralidad del trabajo como base de la ciudadanía social; las segundas porque son familiaristas y además presentan una tasa de cobertura muy baja. Por estas deficiencias se plantea la necesaria reestructuración del estado de bienestar buscando mayor coherencia e integración de manera que se supere la actual dispersión y fragmentación de las prestaciones sociales que hoy son más de 30, cada una con sus límites y requisitos específicos. En este contexto se propone la RB con el objetivo de desmercantilizar a las personas, es decir conseguir que puedan vivir con dignidad y sin precariedad independientemente de su relación con el mercado de trabajo.
La financiación de la RB se haría mediante una reforma del IRPF y de la supresión de cualquier otra prestación pública por una cantidad inferior a la RB. El resultado sería una redistribución de riqueza de la que saldrían beneficiados el 80 % de la población en detrimento del 20% mejor situado.
Tras la presentación de ambas propuestas se procedió a su discusión por el resto de los grupos parlamentarios. En primer lugar habló la Sra. Fernández Dávila en representación del Grupo Mixto, apoyando la Proposición de Ley y destacando que comparten el objetivo principal de la propuesta que es la eliminación de la pobreza. La propuesta de la RB atiende a casos que las actuales rentas de inserción dejan fuera.
Por su parte, el Sr. Olabarría en representación del Grupo Vasco criticó la propuesta porque a su entender la RB introduce un derecho subjetivo nuevo, no reconocido en ningún país, que sería el derecho a no trabajar siendo subvencionado este no- trabajo por los que trabajan. Este derecho sería para el diputado del PNV, insolidario. La otra objeción se refiere a la dificultad de financiación de la RB dada la dificultad de financiar el sistema público de pensiones. También se aludió a que el trabajo es un derecho-deber según la Constitución española y la legislación social europea. Por último, el diputado vasco recordó que las competencias sobre servicios sociales pertenecen al ámbito autonómico y que una medida como la RB al ser transversal invade dichas competencias.
A continuación, el Sr. Campuzano en nombre del Grupo Catalán también rechazó la propuesta por la filosofía en que se basa y por sus consecuencias prácticas. La crítica fundamental de este parlamentario se centra en que la RB supone una paga universal y sobre todo incondicional, es decir, independiente de los esfuerzos y responsabilidades de los ciudadanos que la reciben, lo que hace que los que trabajan financien incluso a los que no están dispuestos a trabajar. Se recuerda que la legislación social tiende a reforzar la responsabilidad de los ciudadanos, a facilitar el esfuerzo de las personas para salir de la situación de exclusión, a ayudar a la vuelta al mercado de trabajo de los excluidos, y a compatibilizar prestaciones sociales con empleo remunerado. Se critica también la invasión de competencias que la medida supone al considerar que sólo el Estado central es capaz de garantizar la cohesión social y la igualdad de los ciudadanos. La idea de base es que es el trabajo lo que permite la integración de las personas en la sociedad y además la idea de que el Estado del Bienestar se fundamenta en un contrato social, mientras que la RB no plantea ningún contrato social sino simplemente que el Estado garantice a los ciudadanos unos ingresos para ir viviendo y eso es reaccionario para el diputado catalán.
Después habló el Sr. Muguruza en nombre del partido Popular, que repitió los argumentos anteriores centrando la medida en el reconocimiento del derecho a no trabajar al considerar que la universalidad de la medida, el ser para ricos y pobres, no permite considerarla como una medida dedicada a aliviar las situaciones de pobreza o de exclusión. Por otra parte, el diputado popular criticó el elevado gasto que según sus cálculos dicha medida supondría y las dificultades de su financiación. La propuesta daría lugar a una sociedad de ciudadanos dependientes de los subsidios públicos, con un aumento vertiginoso del gasto social y de la presión fiscal que arruinaría el sistema productivo.
Por el Partido Socialista habló a continuación el Sr. Millán que destacó algunas dificultades de las propuestas presentadas. En primer lugar, la incondicionalidad de la medida, es decir, de nuevo, la idea de que incluso los ciudadanos que no quieran trabajar tienen derecho a la prestación. . En segundo lugar, las dificultades de financiación que si se establece una RB de cuantía similar al umbral de la pobreza definido como la mitad de la renta per capita, supondría un gasto superior a los ingresos previstos en los Presupuestos generales del Estado. También se destaca el problema derivado de que la RB no tributaría en el IRPF lo que supone un tratamiento tributario diferente al resto de las rentas lo que va contra los principios de generalidad e igualdad que inspiran dicho impuesto. Además la RB al ser una prestación no contributiva la competencia de su regulación corresponde a las Comunidades Autónomas. En resumen, para el PSOE esta medida supondría una variación global del sistema público de servicios sociales, la RB tiene un difícil encaje financiero por el choque con el sistema actual de servicios sociales y por los problemas derivados de las competencias en estos ámbitos de las Comunidades Autónomas, por sus posibles efectos inflacionistas y por su posible efecto desmotivado de la búsqueda de empleo.
Acabada la discusión y tras recordar la Sra. García Suárez que Alaska disfruta de la RB desde 1982, se procedió a la votación de las propuestas quedando rechazadas, la de ERC por 274 votos en contra, 16 a favor y 6 abstenciones, y la de IU por 274 votos en contra, 15 a favor y 6 abstenciones.
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A continuación podemos hacer algunas consideraciones acerca del tipo de argumentación empleado en el debate, así como acerca de las nociones de trabajo, justicia y derechos sociales que en el mismo aparecen.
Mientras que los defensores de la RB hacen hincapié en la capacidad de la medida para erradicar la pobreza y la exclusión y en la potenciación de la libertad real de los ciudadanos especialmente de aquellos menos favorecidos, los opositores, parte de plantear las dificultades para su financiación. se centran en lo que ellos consideran la legitimación del derecho a no trabajar, siendo financiado este derecho por los que trabajan. Este mal entendido radical que centraliza el debate en un elemento marginal porque como ya hemos dicho y defendido en numerosa ocasiones, la implantación de la RB no provocaría el abandono en masa del mercado de trabajo por muchas razones: económicas, ya que la cuantía forzosamente reducida de la RB exige obtener otros ingresos para poder mantener el nivel de vida medio actualmente vigente en nuestros países; y antropológicas, el ser humano no es vago e indolente por naturaleza sino ,por el contrario un ser eminentemente activo que nunca va a reducir su existencia a un monótono no hacer nada. Pero este mal entendido nos lleva a concluir que lejos de estar resuelta la cuestión de la justificación filosófica y axiológica de la RB, esta cuestión sigue siendo central. La RB sólo podrá ser abordada en el nivel político con seriedad y con posibilidades de éxito cuando la mayoría de la población la considere justa y deseable. Si el debate en el contexto de los intelectuales que reflexionamos sobre la RB desde hace tantos años está concluido, esto no sucede en el contexto del público en general, que es al fin y al cabo quine va a validar la propuesta con su voto favorable a los partidos políticos que integren la RB en sus programas electorales. Por ello pienso que hemos de reforzar los esfuerzos en debatir en todos los ámbitos públicos posibles la justicia y deseabilidad de la propuesta de la RB, especialmente en los partidos de izquierda, sin descuidar el PSOE. Un problema para esta tarea es la centraldiad del trabajo en el imaginario de los partidos obreros tradicionales, socialistas y comunistas. La crítica al parasitismo que para estos partidos define al lumpenproletariado es un elemento central que hay que combatir.
En la defensa de la RB es fundamental la reflexión en trono al papel del trabajo en las sociedades actuales, especialmente en las más avanzadas. El aumento vertiginoso de la productividad del trabajo, derivada de la aplicación masiva de la ciencia y la tecnología en los procesos productivos hace que no es necesario dedicar tanto tiempo al trabajo y que, por lo tanto, la insistencia en la necesidad de aumentar el tiempo de trabajo, retrasando la edad de jubilación y oponiéndose a la reducción de las horas de trabajo no tiene razones económicas sino ideológicas. La función disciplinaria e integradora del trabajo asalariado es cada vez más preeminente sobre la función directamente económica de producción de riqueza.
Por otra parte, la idea de justicia en que se basa la RB que no es directamente meritocrática, se apoya en el carácter colectivo de la producción de riqueza, debido al empleo de la ciencia y la técnica que son bienes colectivos, y por ello el disfrute de la riqueza colectivamente producida debe ser también colectivo. Es cada vez más difícil atribuir a cada individuo su aportación personal a la producción de la riqueza y por ello una retribución meritocrática es imposible. Los salarios no reflejan la aportación real de cada individuo sino que son en gran medida convencionales. Ampliando este razonamiento podemos decir que dado que no es posible remunerar a cada uno según su aportación y dado que hay una mayoría de individuos en las sociedades avanzadas que no son productivos, ¿por qué no extender el derecho de ser mantenido a todos los individuos, independientemente de su contribución, desligando de esta manera el derecho a la vida del derecho al trabajo, derecho cada vez más difícil de asegurar a todos los ciudadanos en nuestras sociedades actuales?
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