El juez imputa a Botín por tratar de comprar a Rato
También está imputado el propio Rato. El juez entiende que la única razón por la que Banesto compró Aguas de Fuensanta fue ganarse el favor de Rato. El poder se protege a sí mismo: ZP interfirió en la labor de instrucción a favor del entonces director gerente del FMI. Moratinos estuvo un año sin responder sobre si Rato estaba aforado para evitar que se pusiera en marcha la instrucción. Botín: al margen de la ley. Ya consiguió que la Abogacía del Estado se inhibiera en el caso de las cesiones de crédito
Lo veníamos informando desde hacía tiempo. El juez que instruye el caso de Aguas de Fuensanta había remitido oficio al Ministerio de Exteriores para conocer la situación de aforado, o no, del hoy ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato. Y eso a pesar de que Rato tenía “categoría” de Jefe de Estado. Es decir, estaba aforado. Pero los jueces deben cuidar las formas. Una vez que Moratinos le hubiera confirmado el aforamiento, le hubiera pedido que iniciara el proceso especial de enjuiciamiento. Así que el Gobierno Zapatero prefirió “esperar y ver”. Como no tenía plazo para contestar, se pasó un año entero dilatando el proceso, congelando la instrucción, interfiriendo en la labor del juez.
Ya saben, el poder se protege a sí mismo. Moratinos realizó estas maniobras de distracción para no ensuciar públicamente al español con mayores responsabilidades internacionales.
Pero el problema se ha resuelto en el mismo momento en que el propio Rato abandona el FMI. A partir de entonces está claro que no está aforado. Así que el juzgado ha aprovechado para imputarle en el caso de Aguas de Fuensanta. Deberá presentarse en plaza de Castilla el próximo 27 de mayo. Será entonces cuando todos sus detractores se perpetrarán de cámaras de foto y de vídeo para grabar la escena de la entrada en el juzgado. Da igual si finalmente es condenado o absuelto: la imagen de sospechoso recorrerá las pantallas. Un mazazo en sus supuestas intenciones de liderar el partido.
Por supuesto, también han sido imputados tanto Emilio Botín como su hermano Jaime y el consejero delegado del Santander, Alfredo Saez, entre otros 15 imputados de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y cohecho. Declararán ante el juez este jueves 8 de mayo.
Los cálculos del juez son sencillos. En 1999 (gobernando el PP) Banesto pagó 1.000 millones de pesetas por el 45,3% de una sociedad que tenía 1.571,6 millones de pesetas de deudas y 1.153,4 de de fondos propios. O sea, que estaba en quiebra técnica. Así que el juez concluye que el único objetivo de la compra fue “ganarse el favor de Rato”. Así de claro. El asunto ha sido extraordinariamente bien contado por Rafael Pérez Escolar en sus memorias.
No pintan bien ni para el ex director del FMI ni para el presidente de Banesto. Claro que estamos en instrucción. Ya sólo falta que quien juzgue tenga las agallas de seguir adelante con esta clase de matemáticas básicas. Porque conviene recordar que a Botín no le termina de convencer esto del Estado de Derecho. Consiguió que estando imputado de delito fiscal, la misma Abogacía del Estado se inhibiera en el asunto de las cesiones de crédito. Eso, después de estar 14 años de instrucción también dilatada por razones formales, con presiones a la jueza Palacios incluidas. Y lo más llamativo: resulta que hay señores que utilizaron las famosas cesiones de crédito que han sido imputados y condenados. Sin embargo, el instrumento utilizado para la operación, queda impune. Así que D. Emilio confía en que en este caso, las cosas funcionen igual.
El último capítulo es el mediático. ¿Por qué Pedro Jota casi esconde la información? ¿Quizás porque D. Emilio es el gran financiador de El Mundo? ¿Quizás porque espera que Ana Patricia -con quien mantiene una estrecha amistad- le haga consejero del Banesto tipo Cebrián en el Santander?Y hoy publica El Economista:
El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, su hermano y segundo accionista de Bankinter, Jaime Botín, y el presidente de Banesto entre 1993 y 2002, Alfredo Sáenz, declararán hoy como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid por su actuación en el proceso de compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta, empresa vinculada a la familia de Rodrigo Rato, por la que Banesto pagó 6 millones de euros en 1999.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Los hermanos Botín y Sáenz serán los primeros en declarar entre los 15 imputados en esta causa, donde también está imputados el ex ministro de economía y ex gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato y su hermano, Ramón Rato, que comparecerán ante el juez el próximo 27 de mayo.
El juez titular, José Sierra, pidió el pasado mes de abril la comparecencia de todos ellos dentro de la causa penal motivada por la querella presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui y ampliada posteriormente en 2005 por Antonio Panea, abogado y accionista del Banco Santander y de BANESTO(BTO.MC)
El juez les imputa a todos ellos presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información durante la compra de la empresa. Rato fue imputado en la causa tras abandonar su cargo al frente del FMI en junio de 2007 que le otorgaba inmunidad.
GANARSE EL FAVOR DE RATO.
Según explica la querella presentada por Panea, durante el primer trimestre de 1999 Emilio y Jaime Botín "con el fin de ganarse el favor de Rato", entonces ministro de Economía y Hacienda, formalizaron la adquisición del 43,5% de Aguas de Fuensanta a la familia Rato cuando la empresa "presentaba una situación de quiebra técnica".
El precio pagado por Banesto en 1999 "suponía valorar el cien por cien de la sociedad en 13,2 millones de euros, lo que no tenía justificación alguna dada la penosa situación económica y patrimonial de la empresa ", según la querella.
En 1998, Aguas de Fuensanta registraba deudas por valor 94,4 millones de de euros, "cantidad que superaba con creces a los fondos propios fijados en las cuentas de ese ejercicio en 6,9 millones de euros", explica la querella.
El querellante aclara que "si en 1998 el beneficio neto de la empresa fue de 122.000 euros, una valoración de la sociedad en 13,2 millones de euros "implicaría que Banesto tardaría 108 años en recuperar la importante cantidad invertida en Aguas de Fuensanta".
En la querella también se alega que Ana Patricia Botín, actual presidenta de Banesto y sucesora de Sáenz, reconoció en la junta general de accionistas celebrada en mayo de 2002 que el precio pagado a la familiar Rato fue para la "cancelación de riesgos crediticios de los vendedores que de otro modo, hubieran sido difíciles de cobrar", según las palabras textuales recogidas por el querellante.
FAVORES JUDICIALES COMO PEAJE.
"¿En qué consistió el verdadero motivo del altísimo peaje?", pregunta Panea en su querella. El abogado considera que Emilio Botín recibió una "especial benevolencia" por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado en la causa que tramitaba la Audiencia Nacional por delitos contra la Hacienda Pública por el 'caso de las cesiones de crédito', ya que Banesto podía cobrar dichos créditos.
"La única explicación posible -según el principio 'qui prodest'- es que el propio Rato puso en juego su enorme influencia para que se adoptaran las medidas" para que estos organismos pasaran de "acusar a defender", explica el querellante.
Asimismo, Panea acusa a los administradores de Banesto y del banco de Santander de "ocultar en la información contable" a los accionistas sobre la compra de Aguas de Fuensanta en las sucesivas juntas de accionistas celebradas entre 1999 y 2003, y mantiene que dicha operación "fue contraria a los criterios de actuación seguidos para alcanzar el saneamiento de Banesto".
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