Los políticos acusados de corrupción exigían comisiones de hasta el 66%, en Mallorca

En el Día Internacional contra la Corrupción, el Diario de Mallorca al tiempo que recuerda distintas actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares en esta materia, publica una noticia tan clarificadora como esta:

TOMÁS ANDÚJAR. PALMA. Lo que comunmente se conoce como comisión o soborno, y en términos legales se denomina cohecho, era llamado "bocadillo" por algunos ´iniciados´ en los tejemanejes de Andratx. Y es que en el municipio que gobernó el hoy recluso Eugenio Hidalgo (PP) estaban tan extendidas las supuestas prácticas del alcalde y su entorno, aún pendientes de demostración judicial, que se había acuñado un argot propio. 

Pero no sólo en el ámbito andritxol se han producido cobros de comisiones por parte de responsables políticos. La actuación de los fiscales anticorrupción baleares desde finales de 2006 ha puesto de manifiesto presuntos cobros de comisiones por parte de gerentes de empresas públicas y otros altos responsables autonómicos durante la pasada legislatura. 

Según han revelado las pesquisas policiales y judiciales, estas dádivas, ineludibles para lograr determinados contratos públicos o licencias administrativas, llegaban a alcanzar el 66% del total del presupuesto del servicio o proyecto de edificación impulsado por el sobornador, aunque la práctica ´rutinaria´ de las tramas investigadas se situaba entre el 10 y el 40%.

Cuando en diciembre de 2006 la Guardia Civil detuvo al Eugenio Hidalgo, al celador de obras Jaume Gibert y al entonces director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, la fiscalía anticorrupción ya tenía pruebas que, supuestamente, demostrarían que los tres dirigían un entramado que facilitaba licencias de edificación o certificaba la legalidad de obras irregulares a cambio de comisiones que, en general, se situaban en torno al 10% del coste de los proyectos.

El siguiente entramado presuntamente corrupto puesto de manifiesto por la fiscalía fue el protagonizado por Damiá Vidal, que cuando fue gerente de la empresa pública de informática Bitel exigía comisiones en torno al 20% a las empresas a las que contrataba en nombre de la entidad. Ante el juez que le interrogó y le impuso una fianza de 200.000 euros el ex alto cargo se excusó con el argumento de que no sabía cómo frenar el elevado tren de vida que llevaba.

Otra empresa pública, en este caso el consorcio Turisme Jove, fue de 2003 a 2007 el ´nido´ de un grupo de altos cargos políticos presuntamente dedicados al enriquecimiento propio a costa de las arcas públicas. La fiscalía considera que el jefe de Servicios y Mantenimiento del organismo, Juan Francisco Gosálbez, en connivencia con su gerente, Damiá Amengual, y, según ha declarado él mismo, con la participación del entonces director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, exigía comisiones en torno al 20%. No obstante, empresarios imputados admitieron haber pagado hasta el 66% por servicios que cobraron pero no hicieron.

El último de los grupos presuntamente corruptos desarticulado tenía al frente a la que fuera directora del Consorcio para el Desarrollo Económico (CDEIB), Antònia Ordinas, en libertad bajo fianza junto a su pareja, la soprano Isabel Rosselló, por exigir y cobrar comisiones del 40% de los contratos que autorizaba. Ordinas acusa de quedarse parte del ´pastel´ al ex director general, Kurt Viaene, y al ex conseller de Industria Josep Juan Cardona. 

Aunque en el caso Son Oms también se investigan comisiones, el hoy diputado Tomeu Vicens habría pactado estas contrapartidas antes de acceder a cargos públicos.