¡Feliz Navidad!
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Sobre el ágora y la república, y de la distancia entre los ciudadanos y los políticos. Lectura de Zygmunt Bauman, y otras lecturas.
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Los escaños del Congreso de los Diputados estuvieron ayer la mayor parte del tiempo vacíos, a pesar de que se celebraba el último pleno de la legislatura con un orden del día trascendente: desde el canon que grava los teléfonos móviles, a la Ley del Cine y, sobre todo, salvar o tumbar los Presupuestos Generales del Estado vetados por el Senado. En la imagen un solitario ministro de Cultura, César Antonio Molina, y un no menos solitario Jorge Fernández en nombre del PP simbolizan la jornada.
La fotografía fue tomada durante el debate de la nueva regulación del cine, que llegó a su tramo final con el consenso de los principales partidos. Si el Hemiciclo estaba semivacío, las tribunas del público estaban abarrotadas de invitados del mundo del cine y audiovisual que siguieron el debate sobre la Ley del Cine.
En el pleno escoba celebrado ayer se debatía la ley más importante del año, la de los Presupuestos Generales del Estado, y el polémico canon digital que mantenía en vilo a medio país por lo que puede afectar al bolsillo de los ciudadanos. A los que parecía no mantener en vilo, sin embargo, fue a sus señorías, que dedicaron el debate a menesteres más lúdicos.
Los pífanos de cada grupo habían llamado a todos los diputados para que acudieran al pleno, y ahí estaban todos, hasta los enfermos. Pero cada parlamentario administró el tiempo a su criterio y, como ya es tradición, el responsable de Economía del Gobierno, Pedro Solbes, defendió casi en soledad los Presupuestos Generales del Estado frente a los también solitarios portavoces económicos de la oposición.
El bulle-bulle político se sucedía en el exterior. Ambiente prenavideño, conversaciones distendidas entre políticos y periodistas, y, en especial, las pugnas telefónicas por colocarse en posición de salida en las listas de la provincia de cada diputado: los principales candidatos de los partidos ya están decididos, no así las listas de numerosas ciudades y pueblos.
Sin contar las especulaciones electorales. En el pasillo, Agustí Cerdá (ERC) reconocía que la mejor encuesta electoral no es la del CIS, sino la de su banquero, que hace previsiones conservadoras y les presta dinero para financiar la campaña. “Y mi banquero me dice que no pasamos de seis diputados”. Ahora tienen ocho, aunque algunos augurios demoscópicos creen que pueden perder incluso el grupo parlamentario si no consiguen cinco escaños.
Tras más de seis horas de debate, las campanas llamaron a la votación de todas las leyes que se debatían en el pleno escoba y una riada humana surgió de todos los rincones del recinto parlamentario. Con ella llegó el tiempo de la Realpolitik: los partidos que votaron en el Senado a favor de la retirada del canon digital (CiU, ERC, PNV e IU) recularon y pasaron a apoyar al Gobierno para sacar adelante esta tasa que grava desde el reproductor MP3, a los CD, los lápices de memoria, las impresoras y hasta los ordenadores personales PDA…
El Gobierno eludió ‘in extremis’ la prórroga de los presupuestos de este año, ya que el Congreso levantó el veto del Senado a las cuentas de 2008. Contó con la ayuda de los nacionalistas (PNV, BNG y Nueva Canaria), Izquierda Unida, un tránsfuga del PP y, oh sorpresa, el irrepetible Luis Mardones. El canario, que ha estado 26 años ininterrumpidos de diputado, rompió la disciplina de partido y apoyó las cuentas públicas por “solidaridad con los ciudadanos y la tercera edad”. Quien tuvo, retuvo, porque Mardones dejó pasmados a todos en 1989 cuando facilitó con su apoyo la investidura de Felipe González en la primera votación. Mucho se rieron los que luego clamaron por todo lo que el canario consiguió después para su tierra.
El difunto señor Sagaseta o cómo disolver las Cortes sin BOE
Jornada de despedidas y de parabienes. José Antonio Labordeta, cantautor y diputado que votó a favor del Canon, recordó en su última intervención desde la tribuna al diputado 'Sagaseta'. Es el nombre con el que solía referirse a él el presidente del Congreso, Manuel Marín, cada vez que se confundía con su apellido. Así que se despidió del presidente del Congreso con "un fuerte abrazo, de verdad, en nombre del diputado difunto señor Sagaseta".
Quien dio después por concluída la legislatura fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando anunció lo que todos sabían: la convocatoria de elecciones generales para el 9 de marzo, con la disolución de las Cortes el 14 de enero... A través del BOE, claro.
El espectáculo lamentable del poder judicial no cesa sino para empeorar. La última hazaña del inefable magistrado del Supremo, Bacigalupo —el importado y cooptado por el PSOE—, ha sido la de apuntillar a la “acción popular” en los procedimientos penales y se une a sus servicios prestados al poder político y al empresarial, como ya ocurrió con los GAL en beneficio del nuevo gran sabio europeo, Felipe González, al que judicialmente no se podía estigmatizar, por sus evidentes responsabilidades políticas, y más que probables penales, en el crimen de Estado y la corrupción de su régimen. O en el furioso ataque —ésa sí presunta prevaricación— al juez Javier Gómez de Liaño, al servicio del que entonces era don Jesús del Gran Poder. Y ahora al servicio de otros poderosos del dinero a los que, una vez protegidos por la Fiscalía del Gobierno y la muy presunta abogacía del Estado, se les quita de en medio la “acción popular”, una vez que decae, por compra, muerte o aburrimiento, la acusación particular, exista o no el delito.
Y no hay partido político, ni en la izquierda, la derecha o el nacionalismo, que se rasgue las vestiduras o que levante la voz porque en el sistema o en el régimen partitocrático español la soberanía reside en el aparato de los grandes o medianos partidos, a pachas con el poder financiero y ambos dos como dueños y señores del Parlamento y de la Justicia, de la que cada vez queda menos, porque se van acumulando graves y truculentas experiencias, convertidas en jurisprudencia, en precedentes o, simplemente, en extraños ataques de ceguera. Con las que justifican, en un momento, la negociación con los terroristas y la vista gorda de la Fiscalía y de los jueces sobre los criminales, tal y como lo hemos apreciado en recientes autos de Garzón —máximo exponente de la promiscuidad con todo poder— y declaraciones del fiscal general durante el último y fallido intento de ese pacto político con ETA, que no fue un diálogo para el abandono de las armas.
Y si esto hacen los Bacigalupos, Garzones y Pumpidos, respectivamente, en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía del Estado, qué vamos a contar sobre lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, donde asistimos a una encarnizada lucha por las mayorías, simplemente porque ya se sabe lo que los magistrados pretenden votar a las órdenes de su respectivo partido, y por encima y al margen del orden constitucional. Y a no perder de vista la flagrante bronca pública de la vicepresidenta del Gobierno a la presidenta del Constitucional, o el reciente y sospechoso estrambote del magistrado García Calvo, que veremos cómo acaba.
Y desde luego se dirá que España es un Estado de Derecho, como lo era en el franquismo, con su legislación y jurisprudencia, pero cualquier intento de definir España como un Estado de Derecho democrático, o que hable de la separación de los poderes del Estado y de la independencia judicial, es una falacia y una broma de mal gusto, bien fácil de desmontar, a nada que se analice someramente lo que ocurre a diario en nuestro país, por causa de la dependencia del poder judicial del poder ejecutivo, y éste del aparato de los partidos —donde tampoco existe democracia interna—, que van a medias con otros poderes fácticos como los que les garantizan su financiación, a fondo perdido.
En estas circunstancias no sorprende que la Corte de Estrasburgo tome en consideración algunas de las demandas de Batasuna, cuyo líder supremo, Otegi, fue calificado por el presidente Zapatero como “un hombre de paz”. Como tampoco sorprende que en las proclamas partidarias y electorales de los grandes partidos nadie proponga un proyecto de reforma a fondo de este poder judicial a favor de la auténtica independencia de la Justicia. Vimos el regalo que CiU le hizo al poder judicial con el envío al Consejo del gánster de Estevil, o qué hizo el PSOE con los GAL y la corrupción en el felipismo, o el PP con la instrucción, el juicio y la sentencia de la masacre del 11M. Y lo que es peor, en las asociaciones de jueces, fiscales, abogados y demás cuerpos jurídicos nadie se moviliza para intentar una reforma que facilite la independencia del hoy escarnecido y desprestigiado poder judicial.
O sea, no es que hayan matado a Montesquieu los próceres de la partitocracia española, es que, aprovechando la revisión histórica y el levantamiento de tumbas de pasadas guerras, están profanando su cadáver, no vaya a ser que alguien lo reivindique y lo ponga en pie.
en El Blog de Juan Vega, vía Reggio
Diciembre 19, 2007 – 10:40 pm
Impresiona la fotografía publicada por La Nueva España en su edición de papel –en la de Internet no se ve nada, parece una obra del mejor posimpresionismo, digna de un Seurat-, en la que se inmortaliza al grupo principal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, celebrado el martes 18 de diciembre del 2007, dos días antes de que concluyese el período de sesiones del Congreso de los Diputados, el jueves 20, a tres semanas por tanto de que se convoquen, un mes después, en enero, las Elecciones Generales, para el próximo mes de marzo.
Un hito más en la España de los reinos de taifas, pues este organismo portuario, que depende legalmente del Ministerio de Fomento, está controlado de manera indirecta, por la comunidad autónoma Principado de Asturias, cuyo consejero de Infraestructuras, que lo es también del puerto, afirmó en su última comparecencia en la Junta General del Principado, que el Gobierno autonómico no tiene ninguna responsabilidad sobre la gestión de tan extraño ente.
Los representantes del pueblo asturiano no pueden pedir cuentas al Gobierno, en el Parlamento asturiano, porque aunque el ejecutivo nombre directa o indirectamente a la mayoría de los cargos, su gestión no depende de la comunidad autónoma, sino del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como el Congreso de los Diputados, a todos los efectos, ya está disuelto, quedan unos meses de margen de maniobra, sin que aquí nadie tenga que enseñar un papel.
¡Sursum corda!
Y decimos que impresiona esta fotografía, porque bien se advierte en ella, a qué extremos de degradación ha llegado la vida pública en nuestra bendita tierra, pues ese grupo de diez hombres sin piedad, están ahí por obra y gracia del presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, que es el que de una u otra manera los nombró a todos ellos, para tomar la decisión de tirar al mar los 250 millones de euros de un sobrecoste del que nadie tendrá nunca explicación cabal, mientras se embarca en la loca carrera de conseguir que de ellos, 135, los ponga la Unión Europea otra vez, puesto que el poder continental ya puso 247 en una anterior tacada, y aquí nadie ha demostrado de manera fehaciente la necesidad de poner más dinero por razones que resulten confesables.
En la foto están ni más ni menos que los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios de Asturias, Antonio Pino y Justo Rodríguez Braga, que junto con el presidente de la patronal, Severino García Vigón, se incorporaron al consejo, el lunes 24 de septiembre, apenas unas semanas antes de que se hiciese público el sobrecoste, en un momento en el que los tres ya estaban negociando con el gobierno que los nombra, las prebendas y las sinecuras que les han de caer, en forma de lluvia de millones, por obra y gracia de los llamados ‘pactos de concertación’, el óbolo de la formación, la lotería de los agentes sociales, a mayor gloria de un sistema orgánico de representación, muy similar al que mantenía Francisco Franco Bahamonde con el Tercio Sindical.
En la imagen a la que nos venimos refiriendo, están también, como no, Fernando Menéndez Rexach y Francisco González Buendía, los dos nombrados por Areces, y detrás, medio camuflados por el paisaje, Francisco Villaverde y Luis Arias de Velasco. El primero, gerente del Serpa, una empresa pública dedicada a chollos de obras del gobierno, fue el promotor de la llegada de Areces a la alcaldía de Gijón, desde la secretaría de la agrupación socialista local, mientras que el segundo consiguió grandiosos resultados en la vida, con su empresa publicitaria -la reina de la contratación con las administraciones arecistas-, que al parecer vendió recientemente, pues entre la Cámara de Comercio, la Feria de Muestras y el puerto, tiene ya demasiadas ocupaciones.
Y con todo y con ello. No hay cuentas que dar en la Junta General del Principado. Como tampoco se van a dar en el Congreso, ¡las cuentas al maestro armero!
El consejero de Salud, Ramón Quirós, hizo estas declaraciones, que reproducimos, a propósito de la otra gran fisura por la que se filtra una buena parte de las aguas residuales de la administración pública asturiana:
«Tendremos un Hospital mejor que el que se proyectó en 2002, que responda a las necesidades de la sanidad asturiana». Ramón Quirós, consejero de Salud, justificó así la iniciativa del anterior equipo, liderado por Rafael Sariego, de solicitar un modificado del plan funcional del futuro Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA),que supondrá un aumento de 14.000 metros cuadrados y un sobrecoste que Quirós no cuantificó porque, según explicó, se negocia actualmente entre la empresa pública Gispasa y la UTE adjudicataria de las obras. El acuerdo se conocerá en «breves semanas», añadió.
Lo mismo que en el caso de El Musel. La administración contrata unas obras fastuosas, se quita de en medio a la dirección de obra, los contratos se disparan, nadie pide responsabilidades a la contrata, se consiguen manos libres con la creación de una empresa instrumental, Gispasa, se da por sentado que los precios se pueden subir a lo loco, y los mismos responsables técnicos tienen un pie en la administración y otro en las empresas contratistas. Juan Navarro Baldeweg y Ángel Fernández Alba, los arquitectos que ganaron el concurso del HUCA, se fueron por donde vinieron, y nadie convocó un concurso para sustituirlos. Desde entonces las obras del hospital son un Juan Palomo en el que los mismos se lo guisan y se lo comen todo. Lo mismo que en El Musel, donde se cesó a la ingeniero Ana Dizy en el mismo comienzo de las obras, y desde entonces, la responsabilidad del proyecto, del modificado, y de todo lo que está sucediendo allí, recae sobre el propio director de la Autoridad Portuaria, José Luis Díaz Rato.
Y personajes como el consejero de Sanidad, Quirós, o el presidente de la Autoridad Portuaria, Menéndez Rexach, declaran públicamente que los precios se “negocian”, cuando todo el mundo sabe que eso es terreno vedado en la administración pública, algo que está prohibido expresa y claramente, pues si una cosa está clara, es que nuestro ordenamiento jurídico establece de manera indiscutible que los contratos han de ser objetivos, tanto en la oferta como en la selección de los contratistas, y pretextos como los empleados para modificar estos contratos, tanto en un caso como en otro, son insostenibles.
¿Por qué prohíbe nuestro ordenamiento jurídico la negociación de contratos de envergadura? La respuesta es obvia: porque la negociación de los contratos, sin concursos, sin subastas, sin procedimientos objetivos, es una vía de agua para la corrupción.
Este artículo se publica también como Editorial de ElComentarioTV
http://juanvega.wordpress.com/
En la concertación social, los sindicatos y los empresarios ya tienen aseguradas jugosas sumas de dinero para desarrollar políticas sectoriales y garantizar inversiones. Si en el actual ADECE, que expira a final de año, había un documento base respaldado por 730 millones de euros, en el futuro pacto social el correspondiente documento base alcanza los 871 millones. En cuanto al anexo de inversiones, el salto de la concertación vigente a la que se está gestando es del 30%, al pasar de 1.630 millones a 2.119. Cada tres años, la concertación social crece casi un tercio en su presupuesto: todo un ejemplo de modelo sostenible.
Los sindicatos negocian la creación de órganos, organismos, foros, consejos, observatorios. Cualquier estructura es válida con tal de que en ella tomen asiento los agentes sociales. El entramado institucional asturiano tiende a socializarse, porque las decisiones políticas deben ser enriquecidas con las aportaciones de empresarios y trabajadores. Por ejemplo, el desarrollo de la Ley de Dependencia tendrá en Asturias un consejo consultivo que podrá revisar baremos y listas de solicitantes, así como supervisar la aplicación de los recursos. Lo mismo cabe decir del Observatorio de Sostenibilidad para las políticas de medio ambiente. Los agentes sociales quieren un Ley de Participación Institucional que convierta el pacto social en una asignatura obligatoria para los próximos gobiernos. Lo expresó muy bien el líder de CC OO, Antonio Pino, al aclarar que la concertación social no puede quedar al albur de las cambiantes coyunturas políticas.
Hay otros aspectos de la concertación social que son más normales, como la petición de los sindicatos al Gobierno para que ponga fin a la temporalidad de las contrataciones de personal en la Administración autonómica. Pero eso no es lo más sustancial del modelo de concertación asturiano. Lo más llamativo de la concertación regional es la cantidad de proyectos (carreteras, medioambiente, vivienda) que no tienen nada que ver con los agentes sociales, aunque se les pone bajo su manto, y de la cantidad de tinglados que se crean para ser controlados por los interlocutores sociales. En Asturias hay un senado social como segunda Cámara.
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artículo de la Redacción de El Confidencial
Es un hecho cierto que Doña Justicia, más enfangada que nunca en el juego de intereses de Doña Política, se ha vuelto bizcochable en extremo, hasta el punto de que ahora más que nunca está claro que quien tenga aldabas suficientes, económicas, políticas o ambas a la vez, se puede salir con la suya, aunque ello implique retorcer la Ley hasta extremos inauditos. Ahí tienen al Supremo, dando carpetazo a las cesiones de crédito aunque para ello haya sido necesario cargarse de un plumazo esa venerable institución llamada acción popular. Y ahí está el Constitucional, empedrando el camino del Estatut catalán con su reciente apaño en torno al valenciano.
Pero, ya es casualidad, todos sacan adelante sus asuntos con Doña Justicia menos Los Albertos, dos hombres poderosos con razones sobradas para sentirse discriminados. ¿Qué les pasa a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, con el Tribunal Constitucional? La Navidad se ha convertido en los últimos años en motivo de gran esperanza y fruto de enorme frustración para ellos. En Navidad llegan promesas que no terminan de cumplirse. Los primos, en efecto, estaban convencidos ya de recibir una decisión favorable del alto tribunal antes de la Navidad de 2005, pero pasaron las fiestas y quien debía hablar siguió callado. Desde entonces ya ha llovido.
El episodio volvió a repetirse en el fin de año de 2006, con idéntico resultado. El misterio sigue. ¿Por qué todos los poderosos encuentran en España el resquicio adecuado para dar esquinazo a la Justicia menos Cortina y Alcocer, a pesar de contar con los mejores padrinos? La pareja se las prometía también felices este verano, porque las noticias que llegaban apuntaban a que el fallo, naturalmente favorable a sus intereses, que no son otros que los de eludir la entrada en la cárcel, podría producirse antes de agosto, lo que les permitiría irse de vacaciones sin la gran amenaza encima. Nada de nada.
A los primos les ha perjudicado mucho el episodio –que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid- de la famosa carta falsa, Florentino Pérez mediante, urdida por algún indocumentado travestido de abogado para hacer creer a los tribunales que habían sido engañados por sus socios en Urbanor, Pedro Sentieri y Julio San Martín.
“Los Albertos lo tienen ahora muy negro con el Constitucional”, asegura una fuente muy conocedora del caso, “y lo tienen precisamente por culpa de esa carta, un error de libro, como no se cansan de repetirles sus amigos y la gente que les quiere. Ahora ya no hay tío, páseme usted el río. Ahora ya nadie quiere verse comprometido. A los magistrados del Constitucional les quema el asunto, de modo que sería una sorpresa mayúscula que consiguieran un fallo favorable”.
¿Otra Navidad en blanco? Porque las relaciones con el Rey Juan Carlos parecen haberse enfriado algo, si por los signos externos debemos de fiarnos. En los círculos enterados de Madrid no ha pasado desapercibido el hecho de que, en la actual temporada de caza, el Monarca no se haya dejado prácticamente ver por las cacerías organizadas por su amigo Alcocer en su maravillosa finca de los Montes de Toledo, cuando otros años no se perdía una.
De modo que los Albertos, a la fuerza ahorcan, han cambiado de estrategia. “Ya no se trata de lograr cuanto antes un fallo del Constitucional”, aseguran las fuentes, “sino precisamente de lo contrario, de dilatarlo todo lo que sea posible, y aquí es muy fácil que un oficial se equivoque y vuelva a poner el caso debajo de un montón de expedientes... Retrasarlo todo lo que puedan, porque el paso del tiempo guarda sorpresas, pueden ocurrir muchas cosas y, en fin, siempre será mejor vivir con la amenaza encima que ir a parar directamente a la cárcel”. En esas estamos.
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La crisis financiera que comenzó a fines del pasado verano, para luego tomarse unas breves vacaciones en septiembre, ha vuelto redoblada.
¿Hasta qué punto es maligna? Bueno, yo nunca he visto a gentes del mundo financiero manifestarse así, ni siquiera durante la crisis asiática de 1997-98, cuando el efecto económico de dominó parecía abarcar la mundo entero.
Esta vez, quienes juegan en el mercado parecen verdaderamente horrorizados, porque se han dado repentinamente cuenta de que no son capaces de entender el complejo sistema financiero que ellos mismos han creado.
Pero antes de entrar en eso, digamos algo sobre lo que está pasando ahora mismo.
El crédito –el préstamo entre jugadores en el mercado— es a los mercados financieros lo que el aceite del motor es a la mecánica del automóvil. La capacidad para disponer de dinero en efectivo a corto lazo, que es lo que quiere decir la gente cuando habla de "liquidez", es un lubricante esencial para los mercados y para el conjunto de la economía.
Pero la liquidez se ha evaporado. Algunos mercados de crédito han cerrado efectivamente la ventanilla. Las tasas de interés en otros mercados –como el mercado de Londres, en el que los bancos se prestan unos a otros— han aumentado, aun cuando la tasa de interés de la deuda del gobierno de EEUU, que todavía se considera segura, ha caído en picado.
"Estamos asistiendo", dice Hill Gross de la gestora de bonos Pimco, "en sustancia, al desplome del sistema bancario moderno actual, un complejo de préstamo apalancado tan difícil de comprender, que el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernake, precisó de un curso de puesta al día cara a cara con los gestores de los fondos de productos financieros derivados (hedge funds) a mediados de agosto".
Si la congelación de los mercados financieros se prolonga mucho, ha de traer consigo una grave reducción del préstamo en general, lo que hará que la inversión empresarial siga el camino del sector de la construcción. Y eso significa una recesión, posiblemente grave.
Lo que se esconde tras la desaparición de la liquidez es un colapso de la confianza: los jugadores en el mercado no se quieren hacer préstamos, porque no están seguros de recuperarlos.
En un sentido directo, ese colapso de la confianza lo ha causado el estallido de la burbuja inmobiliaria. El alza de los precios de la vivienda tenía todavía menos sentido que la burbuja del punto-com –no había siquiera una glamorosa tecnología nueva que viniera a justificar la caducidad de las viejas reglas—, pero, de una u otra forma, los mercados financieros aceptaron los precios enloquecidos de la vivienda como la nueva normalidad. Y la burbuja estalló, una muchedumbre de inversiones calificadas como AAA se revelaron basura.
Así, los títulos de los "superseniors" frente a las hipotecas subprime o de alto riesgo –inversiones que tienen primacía sobre cualquier pago de hipoteca que realicen los prestatarios, y que supuestamente tenían que ser negocio aun cuando una parte considerable de esos prestatarios entrara en morosidad—han perdido una tercera parte de su valor de mercado desde el pasado julio.
Pero lo que realmente ha socavado la confianza es el hecho de que nadie sepa dónde está enterrado el tóxico financiero. Se suponía que Citigrup no tenía decenas de miles de millones de dólares expuestos al subprime; pues sí que los tenía. El Florida's Local Government Investment Pool, que actúa como banco de las escuelas públicas de distrito, se suponía libre de todo riesgo; no lo estaba (y ahora, las escuelas no tienen dinero para pagar a los profesores).
¿Cómo fue que las cosas se tornaron tan opacas? La respuesta es: "innovación financiera". Dos palabras que, desde ya, deberían despertar la alarma de los inversores.
Está bien, para ser justos, algunos tipos de innovación financiera están bien. Yo no quiero regresar a los tiempos en que las cuentas corrientes no pagaban intereses y no podíais sacar dinero en efectivo los fines de semana.
Pero las innovaciones de los últimos años –la sopa de letras de CDOs y SIVs, RMBS y ABCP— se vendieron con pretensiones falsarias. Se promocionaron como formas de dispersar el riesgo, de hacer más segura la inversión. Lo que, en cambio, hicieron –aparte de proporcionar a sus creadores montones de dinero, que no tuvieron que devolver cuando estalló la burbuja— fue dispersar la confusión, atraer a los inversores para que asumieran riesgos mayores de lo que podían percibir.
¿Por qué se permitió que pasara? En el fondo, creo que el problema fue ideológico: los decisores políticos, comprometidos con la opinión de que el mercado siempre lo hace bien, pasando simplemente por alto las señales de alarma. Sabemos, en particular, que Alan Greenspan se pasó por el forro las alertas de Edward Gramlich, un miembro de la Reserva Federal, sobre una potencial crisis de las subprime.
Y a la ortodoxia del libre mercado le cuesta morir. Hace sólo unas pocas semanas, Henry Paulson, el Secretario del Tesoro, admitía a la revista Fortune que la innovación financiera pasó por encima de la regulación, para añadir a continuación: "no creo que tuviéramos que haber seguido otra vía". ¿Es ésta su última palabra, señor Secretario?
Ahora, la propuesta de Paulson para ayudar a los prestatarios a renegociar los pagos de sus hipotecas y evitar el desahucio suena bien, en principio, (aunque habrá que esperar a oír los detalles).
Pero, siendo realistas, no será sino un pequeño parche en el problema de las subprime.
El fondo del asunto es que quienes toman las decisiones políticas dejaron a la industria financiera innovar libremente, y lo que ésta hizo fue innovarse a sí misma, dejándonos al resto metidos en un lío tan grave como enorme.
Paul Krugman es uno de los economistas más reconocidos académicamente del mundo, y uno de los más célebres gracias a su intensa actividad publicística y divulgativa desde las páginas del New York Times. Colaboró en su día con el grupo de asesores de economía del Presidente Clinton, pero la dinámica de la vida económica, social y política de los EEUU en el último lustro le ha llevado a diagnósticos tan drásticos como lúcidos del mundo contemporáneo.
Traducción para www.sinpermiso.info: Roc F. Nyerro
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12 Diciembre 2007
CiU arremete contral la propuesta de ley electoral redactada por expertos a petición del tripartito, artículo de Leonor Mayor publicado en El Mundo de Cataluña, vía Reggio
PARLAMENT
Los convergentes aseguran que el borrador, presentado ayer por Puigcercós, no garantiza la representación territorial, a pesar de que los redactores han evitado recomendar la circunscripción única
El Estatut de 1979 invitaba al Parlament a redactar una ley electoral para Cataluña. Este mandato nunca se cumplió.A CiU le beneficiaba la ley española, que se ha usado hasta ahora a falta de una catalana, y el resto de los partidos nunca tuvo mayoría suficiente para impulsar la norma, cuya aprobación requiere del apoyo de dos tercios de los diputados.
Con la llegada del primer tripartito, el de Pasqual Maragall, se abrió el debate. Pero no llegó a cerrarse, porque los intereses de PSC y Esquerra, los principales socios de aquel Govern, no coincidían. Al inicio de esta legislatura, la de José Montilla, el conseller republicano de Governació, Joan Puigcercós, prometió ponerse las pilas con tan controvertido asunto.
Puigcercós contactó con un grupo de expertos independientes encabezados por Josep Maria Colomer y les encargó que elaborasen una propuesta de ley electoral en la que se conjugasen en lo posible los intereses de las distintas fuerzas políticas y, al tiempo, se buscasen fórmulas para atraer a la desencantada ciudadanía de nuevo hacia las vacías urnas.
El contenido del informe elaborado por estos expertos, que ayer presentó Puigcercós en el Parlament, aunque se había hecho público hace unos meses, hace referencia a cuestiones muy diversas, pero la verdadera polémica podría resumirse: ¿proporcionalidad o territorialidad?
La ley española que se aplica en la actualidad ha dado prioridad al territorio. Conseguir un escaño fuera de Barcelona cuesta muchos menos votos que lograrlo en la capital. Como recordó ayer el diputado socialista David Pérez, la diferencia es de más de la mitad. Es decir, un diputado por la provincia de Barcelona lleva detrás unos 22.000 sufragios, mientras que uno de, por ejemplo, Girona consigue sentarse en el Parlament con sólo 11.000.
Esta situación ha beneficiado a CiU y a Esquerra, puesto que ambas formaciones cuentan con una importante presencia fuera de la capital catalana, mientras que no están tan arraigadas en Barcelona ni en su zona metropolitana.
En cambio, a PSC, PP y Ciutadans le beneficiaría que la ley fuese más proporcional, para que todos los votos tuviesen el mismo valor, lo que supondría que Cataluña fuese una única circunscripción, ya que todos estos partidos tienen más presencia en Barcelona y su corona metropolitana.
Los expertos han optado por mantener la territorialidad y han propuesto que para las elecciones catalanas se tengan en cuenta siete circunscripciones, coincidentes con las siete vegueries que deben sustituir a las provincias, de acuerdo con lo que establece el Estatut.
Sin embargo, según explicó ayer Colomer, también han tratado de poner el acento en la proporcionalidad, eliminando el número máximo de escaños por Barcelona, que ahora es de 35, y otorgando dos diputados como mínimo a cada una de las circunscripciones restantes.
Además, los autores de la propuesta recomiendan mantener la ley d'Hont para atribuir los escaños, dejar en el 3% de los votos el mínimo para que un partido logre entrar en el Parlament, hacer listas paritarias, introducir el voto anticipado y sustituir las actuales listas cerradas por otras desbloqueadas.
Según fuentes parlamentarias, con este nuevo sistema el cambio en la composición del Parlament sería mínimo, ya que el reparto de escaños no se diferenciaría demasiado del obtenido con la ley actual.
Sin embargo, a CiU no le ha gustado la propuesta. La intervención parlamentaria del diputado convergente Lluís Corominas en la comisión de ayer fue muy dura. Aseguró que con el nuevo sistema «algunos territorios perderían peso electoral». Afirmó que las listas desbloqueadas quedan muy lejos de las abiertas, que reclamaba CiU, y criticó que no se introduzca el sistema alemán de doble voto, que los expertos han descartado por la complejidad que supone ponerlo en marcha.
Además, Corominas insistió en que la nueva ley recoja que se dé prioridad para formar gobierno a la lista más votada. Una reivindicación de valor capital para CiU, que se ha visto dos veces seguidas en la oposición, a pesar de ser el partido que logró más escaños.
La actitud del resto de partidos fue más positiva, Pérez destacó que el PSC coincide «casi al 99%» con la propuesta. Patricia Gomà (ERC) recordó que «la proporcionalidad pura es imposible».Carina Mejías (PP) no ocultó que su partido piensa que «el criterio de una persona, un voto es todavía más válido». Lluís Postigo (ICV) mostró su disposición «a arriesgar si hay consenso» y Albert Rivera (Ciutadans) apostó por «listas abiertas de verdad».
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Art 125 Constitución Española (27 de Diciembre de 1978)
: Todos los españoles podrán participar en la Administración de Justicia a través de la acción popular [...]"
Art. 101 Ley de Enjuiciamiento Criminal (14 de Septiembre de 1882)
: La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla de acuerdo a las prescripciones de la Ley.
Como se puede apreciar, ninguno de estos artículos determinan una menor importancia de la acción popular penal en ninguna parte del procedimiento (las personas excluidas en los artículos siguientes no lo son más que por cuestiones elementales de capacidad o imparcialidad, no de procedimiento). Es más, se considera que a lo que se tiene derecho a la acción penal como tal, sin ningún tipo de modificación en ninguno de los trámites del procedimiento.
Por eso, la decisión tomada por el Tribunal Supremo h/t Naucopio Scipiorum
(basada en jurisprudencia de Bermúdez, por cierto), no sólo es contraria a la realidad jurídica, es que además está únicamente fundamentada en que no se pueda continuar un procedimiento basándose únicamente en la acusación popular.
Hasta ahora, la jurisprudencia consolidada determinaba que, si finalizado el sumario, existían indicios de criminalidad suficientes para acusar a una persona, con sólo que hubiera una de las partes acusadoras que mantuviera la acusación aunque las demás no lo hicieran, el Juez de Instrucción estaba obligado a elevar el procedimiento a juicio oral. Pero ahora, si la única que mantiene la acusación es la parte que ejercita la acción popular, no estará obligado a hacerlo, produciendo una minusvaloración de la misma justo cuando más se necesita: por ejemplo, en la acusación contra los terroristas de ETA.
Y todo para salvar a Emilio Botín de la quema.
Del link de más arriba:
Si se confirma la doctrina Bermúdez, no sólo se habrá dado carpetazo a uno de los mayores, presuntas (puede emplearse el término dado que los juicios contra particulares por las cesiones de crédito, de las que ha sido absuelto Botín continúan por toda la geografía española) elusiones fiscales habidas en España, sino que se cerraría cualquier iniciativa popular en materia de corrupción urbanística, y hasta el caso Ibarretxe que ha partido del Foro de Ermua. En definitiva, que la justicia será eso que se hace entre poderosos.
La única solución sería pues, personarse como acusación particular, es decir, como el perjudicado directo por el delito, lo que, obviamente, no siempre es posible. Porque, a partir de ahora, el acusador popular dependerá de lo que hagan las demás partes acusadoras.
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Rodríguez Zapatero se prepara para las elecciones generales del próximo marzo y los pasos que da son unívocos: proclama a bombo y platillo que Solbes volverá a estar con él (pero con más rollo tecnocrático todavía), recupera a Bono (que ya está enredando de nuevo, postulándose como sucesor), anuncia reformas fiscales gratas al empresariado y a la gente de posibles…
Es obvio que el aspirante a repetidor en la Moncloa desea tranquilizar a eso que llaman “centro”, que no es otra cosa, en realidad, que la derecha sociológica moderada. Se ve que le han dicho que tiene a esa gente un poco asustada por las dos o tres veleidades progres que se ha permitido durante la legislatura y que debe corregirlo para presentarse más impoluto ante las urnas.
Luego, si vence, hará lo que le parezca, por supuesto, pero ahora tiene que cuidar esas formas.
Tiempo habrá de comentar todos estos aspectos, pero de momento me quedo con tres observaciones.
La primera se refiere al modo, que quizá a algunos les resulte deprimente, en el que nuestros gobernantes hacen política: a gusto del consumidor. ¿Que las encuestas les indican que esto que han hecho les quita votos? Pues dejan de hacerlo. ¿Que aseguran que los ganarían si hicieran aquello otro? Pues lo hacen. Queda excluida la posibilidad de que cuenten con unos principios y un programa definidos.
Habrá quien los llame maleables. Otros tal vez prefieran calificarlos de amorfos. Son ambas cosas: se adaptan al medio. Son lo que haga falta.
Segunda observación, que ya he insinuado antes: lo que los candidatos exhiben como fachada de cara a las elecciones no les compromete a nada. Vale sólo para el momento electoral. Luego hacen lo que les conviene en cada momento, y ahí se quede el elector con su voto y un palmo de narices, por pardillo.
Tercera observación, y no mucho más animante para la izquierda real: a lo que parece, si uno quiere agradar a la mayoría del electorado español y ganarse su voluntad, debe ofrecer una imagen “de centro” (o sea, de derecha moderada).
Lo cual proporciona un crudo retrato ideológico de la sociedad española, que conviene tener en cuenta, así sea sólo con fines profilácticos.
artículo de Javier Ortiz, vía Reggio
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El diputat Cuminal ha concluido recordando que el principal objetivo de TV3 es “contribuir de forma decisiva a la normalización lingüística y cultural de nuestro país [Cataluña]” y ha emplazado a su directivos a que “actúen con total normalidad y sin complejos” en la implementación de dichos objetivos. “Sean valientes, […] hagan que se cumpla la ley”, ha añadido.
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En Bolmir / http://desdebolmir.blogspot.com/2009/09/leyo-nuestra-carta-el-consejero-martin.html
Gracias por los agradecimientos @historiasdejp
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