De perplejos a indignados, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Según los periódicos, se ha elaborado un estudio sociológico sobre el momento por el que atraviesa la sociedad catalana. Su conclusión es que una mayoría de catalanes nos encontramos perplejos, es decir, confusos, dudosos e indecisos. No he leído el estudio aunque imagino que ha sido elaborado con todas las garantías. Sin embargo, el resultado no es ni original ni sorprendente, probablemente cualquier observador medianamente informado habría llegado a la misma conclusión, o a una muy similar, sin proceder a una investigación de tal calibre.

Es lo que sucede con los estudios de sociología: el punto final se limita a ratificar el punto de partida.

Efectivamente, el ambiente que se palpa en la calle, sin necesidad de muchos estudios, es el de perplejidad y confusión. Ahora bien, esta perplejidad sólo alcanza a la situación política. En lo demás, la sociedad catalana se desenvuelve como cualquier otra de nuestro entorno, sin diferencias sustanciales, es decir, con problemas, con soluciones, con fracasos y con éxitos. Las mentalidades de las personas son muy variadas y dependen de su formación, de su condición social y cultural, de su aptitud psicológica, de su edad y de tantas otras cosas. La perplejidad, pues, se circunscribe a la situación política, a las cuestiones derivadas de la vida pública y ya se sabe, como muestra la abstención electoral, que muchos pasan de política.

Buena parte de estos ciudadanos preocupados por la política, más que perplejidad lo que sufren es un cierto desencanto, desencanto no sólo de la política inmediata, del comportamiento del Gobierno y de los partidos catalanes, sino de algo más profundo: de averiguar que no son ciertos algunos tópicos que conformaban una mentalidad muy extendida en Catalunya y constituían una determinada forma de pensar transversal a partidos y tendencias. Centrémonos en tres de estos tópicos, de estos mitos, quizás los más antiguos y arraigados: la autosatisfacción de ser catalanes, la sensatez -el famoso seny-en los comportamientos y el pactismo como modo de hacer política.

La autosatisfacción, el estar contentos de cómo éramos los catalanes, provenía sobre todo de la comparación con el resto de España. Con unos fundamentos más o menos convincentes, durante un siglo los catalanes nos hemos sentido la avanzada europea de España: con una superior aptitud para el comercio y la industria, una mentalidad más abierta, unas costumbres más libres, una sociedad en la que había más posibilidades de prosperar social y económicamente, dotados de un nivel cultural superior y, además, alejados e independientes de la burocracia del Estado.

Frente a una España atrasada, improductiva, funcionarial y carca, Catalunya era considerada un faro de modernidad, de libertad, de cosmopolitismo: allí empezaba Europa y nuestra capital era París. “Llegará un momento en que los catalanes iremos por el mundo y lo tendremos todo pagado”, profetizó el estrafalario filósofo Francesc Pujols. Hoy España es ya Europa y los catalanes que la visitan quedan asombrados de lo que ven. El mito de la España lorquiana, clerical y pintoresca, no se corresponde hoy con la realidad y a los catalanes nadie nos paga por serlo.

El seny,es decir, la prudencia, mesura, ponderación y buen juicio, ha sido considerado por muchos, tanto catalanes como no catalanes, como un signo indudable de nuestra identidad. El catalán tenía seny y nadie lo ponía en duda. Sin embargo, en política ello resulta más bien incierto si damos una mirada a la historia reciente: ni las luchas callejeras entre patronal y sindicatos en los años veinte, ni el levantamiento del 6 de octubre -los republicanos contra la República- ni los asesinatos incontrolados de los inicios de la Guerra Civil, eran un prodigio de seny,más bien lo contrario. Creíamos que un componente esencial de nuestra personalidad era el seny cuando, en la misma medida, la experiencia nos mostraba también la rauxa,el arrebato, la imprudencia, el impulso emotivo e irracional sin ningún sentido de la realidad.

Por último, el mito del pactismo, tan desarrollado por los historiadores. Se ha sostenido que la forma peculiar de hacer política de los catalanes conduce siempre a un pacto, seguramente por ser un pueblo secularmente dedicado al comercio, al mundo de los contratos entre partes, donde el acuerdo final implica que todos han de ceder en sus posiciones para beneficiarse mutuamente. Del pactismo se hacía derivar el espíritu pragmático de los catalanes, tan distinto a la altivez y al espíritu guerrero y conquistador de los castellanos. Pero a lo largo de la historia, por lo menos la contemporánea, en Catalunya el pactismo se combina con su contrario, con el tot o res,el todo o nada, no en escoger la vía intermedia como la mejor solución en un conflicto. Que la prudència no ens faci traïdors,es hoy un lema muy repetido.

Jordi Pujol cultivó estos tres antiguos mitos, una de sus principales fuentes ideológicas. Pero hoy, por un lado, la realidad se ha impuesto -España es un país moderno- y, por otro, la política catalana es todo lo contrario del seny y el pactismo, más bien impera la rauxa y el tot o res.¿Qué somos?, se preguntan los catalanes que creían que estos mitos eran reales. La venda comienza a caérseles de los ojos y, si esto sigue así, muchos de los que ahora se muestran perplejos pueden pasar a estar indignados.

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El Consejo: vías de solución, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Las reacciones a la propuesta de nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial han sido, sin excepción, negativas. ¿Hay para tanto? Probablemente sí, sobre todo después de lo que ha llovido. Sin embargo, maticemos todo el asunto de forma razonable.

De entrada hay que decir que el Consejo es un órgano muy mal diseñado, tanto en la Constitución como en las leyes de desarrollo que lo han ido configurando. Quizás de ahí provengan sus vicios de funcionamiento. Además, se trata de un órgano ambiguo: ¿es un miniparlamento o es un gobierno?, ¿es representativo o corporativo? Y si es representativo, ¿de quién? Por otro lado, ¿por qué el Consejo no está sujeto a ningún control si no es un órgano jurisdiccional?, ¿puede gestionarse bien un órgano ejecutivo formado por 21 miembros no vinculados entre sí?, ¿es acertado que su presidente lo sea, además, del Tribunal Supremo? Estas y otras cuestiones suscitan grandes dudas. Mucho se ha debatido sobre la reforma constitucional del Senado y muy poco de la necesidad de reformar - acaso suprimir- el Consejo. ¿No sería más necesario y urgente tal debate? Con todo ello quiero señalar que hay unos defectos institucionales que dificultan objetivamente tanto la elección de sus miembros como la eficacia del órgano, no todas las culpas hay que echarlas, en este caso, a sus componentes o a los partidos.

El Consejo, por otra parte, es un órgano político, un órgano de carácter ejecutivo, no un órgano jurisdiccional y, por tanto, sus integrantes no ejercen allí la función de jueces. Ello es tan obvio que no habría que repetirlo si no fuera porque las opiniones que se expresan en los medios de comunicación son muy confusas. En estos días he escuchado tertulias sobre el tema en las que nadie, ni uno sólo de los invitados, tenía ni la más ligera idea de lo que estaba hablando, aunque sus opiniones fueran de una rotundidad aplastante. Es frecuente: a más ignorancia, afirmaciones más tajantes. Por tanto, no nos dejemos confundir: el Consejo no es un poder judicial, el único poder judicial son los jueces y magistrados. Los miembros del Consejo son y actúan como políticos.

Ahora bien, político no quiere decir partidista. Los miembros del Consejo ejercen funciones políticas pero no deben obedecer los mandatos de los partidos que los proponen. Este carácter político hace que a los miembros del Consejo se les deba exigir, además de conocimientos jurídicos, capacidad de gestión. Por tanto, aunque no cause buena impresión externa, que los miembros del Consejo hayan tenido con anterioridad cargos públicos no debe ser un impedimento para que sean elegidos siempre que en el desempeño de estos cargos hayan acreditado su competencia y en el nuevo puesto no se sometan a la obediencia de un partido, sino que actúen con independencia de criterio. Precisamente, el Consejo sólo tiene justificación si escapa a la lógica de los partidos, al juego de las mayorías parlamentarias. En otro caso, bastaría con el Ministerio de Justicia como único órgano de gobierno del poder judicial.

¿Cuáles han sido, pues, los errores de esta propuesta de elección, objeto de tantas críticas? Especialmente dos: el PSOE y el PP han vuelto a utilizar el sistema de cuotas y no han respetado el pluralismo judicial. El sistema de cuotas quiere decir que se ha efectuado un reparto previo del número de puestos para cada partido, ciertamente según parámetros parlamentariamente equitativos, pero no se han debatido los nombres de los candidatos. Así pues, la imagen de que los elegidos serán los delegados de los partidos en el Consejo se hace inevitable: se debería antes haber deliberado sobre cada nombre, argumentando su inclusión conforme a sus méritos y capacidades con el objetivo de lograr un equipo cohesionado, eficaz y equilibrado, según las diversas especialidades y tendencias. En segundo lugar, el sectarismo en la opción por escoger a miembros de determinadas asociaciones judiciales es obvio: no ha sido elegido ningún miembro no asociado -nada menos que el 48 por ciento de los jueces no lo están- y mientras la segunda asociación más numerosa tiene un solo miembro, la primera tiene seis y la tercera cinco. Pura discriminación, un disparate contrario al espíritu de la nueva ley.

A pesar de estos graves defectos de la propuesta, no debemos concluir que el nuevo Consejo actuará de forma partidista. Demos tiempo al tiempo y apliquemos aquella máxima evangélica que dice “por sus obras los conoceréis”, es decir, en este caso, por su independencia de los partidos los conoceréis. Desde esta perspectiva, al nuevo Consejo se le presenta una ocasión de oro para demostrar esta independencia y lavar su imagen: no dejarse imponer un presidente. Los periódicos informan de que en el pacto PSOEPP va incluido que el presidente del Gobierno designará al presidente del Consejo. Según la Constitución, esta facultad corresponde al Consejo. El nuevo Consejo tiene ocasión de impedir este fraude constitucional y decidir libremente a quién escoge como presidente. Así lo hizo el primer Tribunal Constitucional en 1980, cuando rechazó la presión de Suárez para nombrar presidente a Aurelio Menéndez y decidió por unanimidad elegir a Manuel García Pelayo. Así se ganó un crédito de órgano independiente que duró años, hasta los últimos tiempos. Con una actuación similar, el nuevo Consejo recuperaría el crédito perdido.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Vía: Reggio´s Weblog

¿independencia?

Escribe Francesc de Carreras sobre el reciente debate de "independencia" en el Parlament catalán, en La Vanguardia, vía Regio

Todos sabían que se trataba de una ligera y frívola pieza de teatro de vodevil, que allí no había tragedia, ni drama, ni siquiera comedia. Esta ha sido la demostración más palpable del vacío creciente entre la clase política y los ciudadanos, vacío que desde el innecesario proceso estatutario va en aumento, sin perspectivas de final.

Esta sintomática despreocupación ciudadana, no obstante, ofrece graves peligros. Es más que inquietante el desprecio de la clase política catalana por el Estado de derecho. El presidente del Parlament, señor Ernest Benach, se permite declarar con toda impunidad que si la sentencia del Tribunal Constitucional declara inconstitucionales artículos del Estatut de Catalunya se creará un problema de Estado y nadie, ni desde las instituciones ni desde la prensa, pide su inmediata dimisión.

Anteayer, una moción parlamentaria que pedía algo tan obvio en una democracia como que se respetara la sentencia del Tribunal Constitucional, sólo obtuvo el apoyo del Partido Popular y de Ciutadans de Catalunya, 14 votos entre 135 escaños.

¿Es esto representativo de lo que piensa el conjunto de la sociedad catalana sobre el deber de acatar las sentencias de los tribunales? No sólo, creo, no es representativo, sino que es un pésimo ejemplo para el indefenso ciudadano al que en muchos casos la Guardia Urbana le impone arbitrariamente multas de aparcamiento y la grúa se le lleva el coche al depósito municipal.

el futuro de Ciutadans

El futuro de Ciutadans, de Francesc de Carreras en La Vanguardia, vía Caffè Reggio

Tras haber obtenido tres escaños en las recientes elecciones al Parlament de Catalunya, de repente todos opinan sobre el nuevo partido Ciutadans. Al silencio le sucede la confusión: unos dicen que es de extrema derecha y otros de extrema izquierda; unos que está financiado por la FAES y otros por CiU; unos que es un partido como los de Mario Conde (?) o de Jesús Gil, otros que defiende el más rancio y cutre nacionalismo español. Se dice de todo. Sin embargo, el asunto, a mi parecer, es mucho más sencillo: para comprenderlo basta con contemplar la realidad, la realidad catalana.

Ciutadans nace porque existe en la sociedad catalana una sensación de fatiga respecto a unas claras insuficiencias de los sucesivos gobiernos de la Generalitat debido a unas políticas centradas obsesivamente en lo simbólico e identitario y no en aquello que debe ocupar las preocupaciones de todo gobierno: proteger las libertades individuales y procurar el bienestar social. Estas circunstancias han generado una desconfianza respecto a todos los partidos que han gobernado la Generalitat. Al cansancio respecto a las políticas de CiU - que se plasmó en un descenso continuado del voto a partir de los años noventa- se ha añadido el desastre del tripartito, que se ha limitado a redoblar el impulso de los gobiernos pujolistas y, salvo excepciones, con peor calidad y estilo. En consecuencia, muchos antiguos votantes de todos estos partidos no han sabido ahora a quién votar y han optado por la abstención, por el voto en blanco... o, si lo conocían, por un partido nuevo que promete algo nuevo, es decir, por Ciutadans. Ésta me parece una explicación sencilla y lógica.

Ciutadans se ha propuesto desde el principio restablecer el sentido común en la política catalana. Sus impulsores consideraban que las materias sobre las que discutían siempre los políticos importaban sólo a una parte relativamente pequeña de la población. En los últimos años, sólo se hablaba del nuevo Estatuto, de si el valenciano debía denominarse catalán, de los papeles de Salamanca, de las selecciones deportivas, como ejemplos más notorios. En cambio, se obviaban las materias que realmente importaban: infraestructuras, protección social, seguridad pública, enseñanza, vivienda, inmigración, sanidad.

En definitiva, se daba prioridad a las cuestiones simbólicas e identitarias y se postergaban o se gestionaban mal las demás, las que afectaban a la libertad e igualdad de las personas, las políticas de bienestar social. Se gobernaba pensando demasiado en la Catalunya nación - para muchos un ente imaginario y excluyente- y poco en los catalanes, en los ciudadanos de Catalunya.

El objetivo del nuevo partido fue responder a esta situación: constituir una formación de carácter no nacionalista, con una ideología de centroizquierda basada en los valores del liberalismo político y el socialismo democrático en la que predominara la razón sobre los sentimientos, los derechos de las personas sobre los llamados derechos colectivos, que propugnara el bilingüismo en coherencia con la realidad social y, finalmente, que hablara desde la sensatez, algo que ha abundado poco en los últimos tiempos.

Para todo ello el nombre de ciudadanos venía como anillo al dedo: Catalunya es ante todo una comunidad autónoma compuesta de ciudadanos dentro de una España de ciudadanos, todos ellos iguales ante la ley. Los poderes públicos deben limitarse a garantizar la libertad y la igualdad de estos ciudadanos, dejando que ellos escojan libremente la adscripción ideológica, religiosa e identitaria que deseen. Los poderes públicos deben ser, en estas materias, estrictamente laicos, es decir, neutrales y respetuosos con decisiones que pertenecen a un ámbito que es exclusivamente individual. Que un mensaje de este carácter tenga eco en Catalunya no debería extrañar a nadie. Ciutadans se ha limitado a cubrir un espacio político abandonado: el centroizquierda no nacionalista, una combinación de socialismo y liberalismo, de libertad e igualdad.

Probablemente el primer objetivo que se propuso Ciutadans se ha cumplido: constituir un partido y dejar oír su voz desde las instituciones. Ahora se debe enfrentar a nuevos retos y sortear algunos peligros y tentaciones. En primer lugar, en coherencia con sus principios, Ciutadans debe mantenerse en los estrictos límites del no nacionalismo sin caer en el otro nacionalismo, en el nacionalismo español. No es cierto que se tenga que ser forzosamente nacionalista, de una u otra nación. El concepto jurídico y político de nación nada tiene que ver con su concepto étnico, histórico y cultural: las democracias avanzadas están ya en un mundo posnacionalista. En segundo lugar, Ciutadans debe evitar el populismo y la demagogia, planteando las cuestiones con rigor, seriedad y prudencia. El estilo y las formas, en política y en otros ámbitos, son a veces tanto o más decisivos que el fondo. En el ambiente en que ha nacido y por la expectación que ha generado, ello es especialmente importante para que este nuevo partido sea convincente.

¿Larga vida a Ciutadans? Veremos. En realidad, se trata de un partido cuya finalidad primordial es rectificar el equivocado rumbo de unas políticas que han situado a una buena parte de los ciudadanos de Catalunya de espaldas a sus propias instituciones. A la larga, en definitiva, su gran triunfo sería que dejara de ser necesario, que influyera en la sociedad para que los demás partidos se adecuaran a la realidad.