Pacto de la Justicia

De los pactos de la justicia, del reparto de los órganos de gobierno judiciales entre las distintas taifas autonómicas y de la posibilidad de que la intrucción en los procesos judiciales pase a ser competencia de la Fiscalía, escribe Antonio García-Trevijano:

El solo concepto de pacto sobre la justicia es jurídicamente aberrante. Pero responde a la necesidad de propaganda grandilocuente en todos los agentes del infundamentado e inconstitucional Estado de Partidos. La justicia legal, pues solamente de ella se trata, consiste en la aplicación objetiva de la ley por los tribunales. Y eso no es susceptible de pacto alguno. La propuesta del PP al Gobierno no versará sobre la justicia, sino sobre determinados extremos de la Administración de Justicia. Lo cual, no siendo asunto de orden menor, no puede ampararse en la nobleza de la idea de justicia.

El pacto partidista para la renovación de los miembros del CGPJ, y la provisión de plazas vacantes en el TC, se ve dificultado por la pretensión del Gobierno de desconcentrar, no meramente descentralizar, el gobierno de los jueces, mediante la creación de “consejos de justicia” en las Autonomías, según la pauta prevista en el art. 98 del Estatuto catalán. Otra vez aquí se emplea una expresión inadecuada a la funcion de control de los jueces, que no consiste en dar consejos ni en sugerir ideas de justicia.

De llevarse a cabo, esta desconcentración multiplicaría por diecisiete los problemas y conflictos actuales. Es natural que el PP se oponga, aunque no tiene justificación que subordine la renovación del CGPJ a un acuerdo global que también incluya la promesa electoral del PSOE de reformar el procedimiento penal para encargar a la fiscalía la investigación judicial.

La idea de “encargar al fiscal la dirección de la investigación” es, en nuestro ordenamiento jurídico, simplemente monstruosa. Sin una fiscalía independiente del Ministerio de Justicia, entregar a ella la dirección de la policía judicial, y la instrucción de las causas penales, supondría nada menos que dejar en manos del Gobierno la funcion judicial instructora del delito y, en consecuencia, el filtro que no dejara pasar a juicio oral los asuntos delictivos del propio Gobierno, de los partidos estatales y de los oligarcas mediáticos o económicos implicados en la corrupción. Más que un atentado a la separación de poderes, hoy inexistente, tal medida sería la formalización de la dictadura en materia penal. Sin una reforma de la Constitución, la pretendida reforma de la LECr es legalmente imposible.

florilegio

"El verdadero poder no consiste en la capacidad de obrar o de hacer, según la ley, sino en la libertad de acción sin control. Esta libertad es lo propio de la soberanía. El gobierno que legisla y juzga es el único soberano, sea cual sea la forma legal que, con o sin intervención del pueblo, lo constituya."