Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ promovieron la huelga de los funcionarios de Justicia y, durante dos meses, intentaron llegar a un acuerdo con el Ministerio sobre las condiciones para su terminación. El daño económico y moral causado a los propios huelguistas y a los usuarios de la Administración de Justicia, en las Autonomías afectadas, ha sido enorme y de difícil reparación.
El único responsable es un Ministerio de Justicia, que empezó negando lo que después ha terminado por admitir: la legitimidad del conflicto y la pertinencia de su jurisdicción para resolverlo. La exasperación de los huelguistas ha sido provocada por la negativa del Gobierno a reconocer su condición de parte patronal, pretextando que el agravio comparativo era cuestión concerniente a las Autonomías.
Pero lo más ilustrativo no ha sido el caprichoso motivo para prolongar la huelga, sino el modo autoritario de terminarla. El Ministro ordenó a los sindicatos que sustituyeran a los delegados negociadores por sus jefes, para pactar directamente con ellos. La obediente UGT desconvocó la huelga antes de la reunión. Y CCOO prefirió desconvocarla después de que el Sr. Segarra (responsable de servicios públicos) tuviera el placer de sentarse con el Ministro, para traicionar al portavoz de los trabajadores, su subordinado Javier Hernández, que salió llorando de la ridícula representación. Se escenificó la comedia: un órgano del Estado, el Ministro de Justicia, ordena a otros inferiores órganos estatales, UGT y CCOO, que cambien de interlocutores para que no haya vencedores ni vencidos. La huelga era absurda entre compañeros. Un simple malentendido.
florilegio “El drama del sindicalismo revolucionario era que la huelga terminaba con la aceptación de su enemigo de clase. Lo cómico del sindicalismo estatal está en que, no pudiendo ser reivindicativo frente a su patrón, lo representa.”
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