4 noticias relacionadas:
Publicado hoy en El Confidencial
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón negó al Tribunal Supremo haber recibido dinero alguno del Banco Santander durante su estancia como profesor en Estados Unidos, tal y como le acusa una querella que examina este tribunal, pero admitió haber recibido el sueldo “correspondiente a su estatus de Visitante Distinguido” de la facultad de Derecho y el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York.Garzón aprovechó una licencia de “docencia e investigación” entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de junio de 2006 para participar como director, moderador y ponente en los ciclos de conferencias Diálogos Trasatlánticos y Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica, ambos patrocinados por el Grupo Santander. Cinco años antes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le había negado un mismo permiso para impartir conferencias en Estados Unidos “por no estar incluida tal actividad en el tipo de licencia por razón de estudios”.A su regreso a España, Garzón archivó con celeridad una querella del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar contra el Banco Santander, pese a que en un principio había considerado que presentaba “características que hacen presumir la existencia de una infracción penal”. Ante esta situación, el abogado Antonio Panea, basándose en el libro Garzón, juez o parte de José Díaz Herrera, presentó en junio una querella contra el magistrado de la Audiencia Nacional por cohecho y prevaricación. Según Panea, Garzón debería haberse abstenido del caso, ya que de una forma indirecta había recibido dinero del Santander y, además, es “amigo íntimo” de Manuel Medina, letrado asesor del Consejo del Santander Central Hispano.En su defensa, Garzón remitió una carta del Centro Rey Juan Carlos firmado por su directora adjunta, en la que se afirma que “no recibió importe alguno, ni directa ni indirectamente, ni en efectivo ni en especie de los dos patrocinios” del Banco Santander. Asimismo, la misiva asegura que el magistrado “recibió exclusivamente el sueldo correspondiente a su estatus de Visitante Distinguido”, y matiza que durante su estancia en Nueva York “entró en nómina de la Universidad, lo que hacía incompatible que recibiese otras remuneraciones por sus actos en la universidad”. No obstante, la carta no informa de la cantidad que Garzón percibió a cuenta del Centro, mientras cobraba su sueldo base como juez.Explicaciones insuficientesLa Universidad afirma en estos documentos que el Santander aportó 302.000 dólares en los años 2005 y 2006 para la organización de los dos ciclos de conferencias. Una cantidad que, según se argumenta en la carta remitida al Supremo, se utilizó para conceptos como transporte, alojamiento y logística (118.000); publicidad, prensa, diseño, montajes (177.500); y honorarios (6.500), ya que, al parecer, “la mayoría de los ponentes renunció a los mismos, y la cuantía máxima por ponente fue de 1.000 dólares”.Estas explicaciones resultaron insuficientes al Supremo, que reclamó a la Universidad una información detallada de todas las percepciones económicas que recibió Garzón, así como de las obligaciones que conllevaba el puesto de profesor invitado y de quién lo propuso como Visitante Distinguido. Por otra parte, el Supremo ha reclamado al CGPJ la licencia de estudios que obtuvo Garzón, explicando sus condiciones, y la memoria que el magistrado tuvo que presentar a su regreso, de modo que pueda aclararse si el permiso era compatible con la actividad que llevó a cabo Garzón.
Habían trascurrido apenas 40 días desde la apertura de diligencias.
MADRID.- Emilio Botín vuelve a estar en el candelero de los tribunales. El juez Baltasar Garzón ha abierto diligencias contra el presidente de Banco Santander por 10 presuntos delitos fiscales: apropiación indebida, falsedad en cuentas anuales y documentos mercantiles, revelación de secretos, uso de información privilegiada, maquinación para alterar el precio de las subastas, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, delito tributario y fraude en la obtención de ayudas públicas.El auto, remitido por el magistrado el pasado viernes al Ministerio Fiscal y al que ha tenido acceso este periódico, arranca de una querella presentada contra Botín y otros 21 consejeros y ex ejecutivos del banco, el pasado 9 de octubre, por el ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar. En el texto de la querella, a la que también accedió este diario, se acusa al banquero y al resto de ejecutivos (entre ellos, Luis Angel Rojo, ex gobernador del Banco de España) de aprovecharse «ilícitamente» de la intervención de Banesto por el Banco de España.El querellante cifra los delitos en 8.047 millones de euros. El de mayor cuantía es la presunta apropiación indebida, que asciende a 750.000 millones de las antiguas pesetas (4.507,6 millones de euros). El delito de malversación de caudales públicos supone más de 327.000 millones de pesetas (1.965,3 millones de euros) y el tributario supera los 262.000 millones de pesetas (1.574,6 millones de euros).El juez considera que las anteriores actuaciones «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Garzón dio traslado al fiscal para que informe sobre el alcance delictivo de esos hechos y sobre si procede o no admitir a trámite la querella. El banquero cántabro ya fue acusado el pasado 9 de septiembre por la propia Fiscalía Anticorrupción de apropiación indebida y delito fiscal por una operación de incentivos a gestores de Banesto.La fiscal del caso, Carmen Launa, pidió cinco años de prisión para Botín por haber autorizado una operación de incentivos entre los años 1994 y 1998, acción que ocultó al consejo de administración de la entidad y al Banco de España, según detalló el Ministerio Fiscal.
![Compromisos por pensiones [pero menos..]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPfgyaXCLEDpQ5OgVd_4y00XqiJUuvBdxHpV1xZrdfeWV3co2NsgqEv0jmJ14iQ-HTxxixyqnIMXEqi5tPP_h77Ey9nzxUPrOnkSyIO1x4M7FJbyJQCVR1HGRTY3VCjnpNNg=s0-d)
Entradas
