En toda simulación hay algo que se disimula y evita. Por eso, la crónica periodística, incluso la mejor, es incompleta. Narra la simulación cometida en todos los actos de naturaleza politica, como si otra dimensión de la realidad, la legal o constitucional, no se disimulara con ellos. No nos referimos a la sociedad urbana del “como si”, que no es fraudulenta cuando fundamenta la hipocresía y la cortesía en los buenos modales.
Aquí hablaremos de la gran superchería del "como si" tuvieramos una democracia representativa. Supercheria sistematizada por una Transición tan original que ha convertido en anticonstitucional todo lo que se hace a luz del día, todo lo que puede ser narrado en las crónicas de la prensa o en los telediarios, es decir, todo lo que es simulado sin ser simulacro; mientras que la legalidad duerme yacente en lo disimulado y no practicado. El fraude de ley se caracteriza por una ley que se aplica y otra ley que se evita. En el fraude político español solo hay una ley que se evita: la Constitución. Ninguna ley ampara o aplica lo simulado.
Se simula que la campaña electoral comienza cuando lo deciden los dos partidos gubernamentales, y se disimula que la ley fija plazo obligatorio de antelación a las urnas. Se simula que el aparato de cada Partido hace las listas de candidatos, y se disimula que la Constitución obliga a que se hagan de modo democrático. Se simula que la votación en las urnas tiene por objeto elegir al Presidente del Gobierno, y se disimula que la Constitución obliga a elegir el cuerpo legislativo. Se simula que son elecciones libres, y se disimula que los votantes solo pueden elegir entre listas de partido. Se simula que los elegidos son representantes de los electores, y se disimula que solo representan al partido que los elige. Se simula que los elegidos no están sujetos a mandato imperativo, y se disimula que, contra la norma constitucional, han comprometido sus votos futuros a la disciplina de partido. Y en este Estado de Partidos, ninguno de esos seis fraudes será denunciado por los medios informativos.
Aquí hablaremos de la gran superchería del "como si" tuvieramos una democracia representativa. Supercheria sistematizada por una Transición tan original que ha convertido en anticonstitucional todo lo que se hace a luz del día, todo lo que puede ser narrado en las crónicas de la prensa o en los telediarios, es decir, todo lo que es simulado sin ser simulacro; mientras que la legalidad duerme yacente en lo disimulado y no practicado. El fraude de ley se caracteriza por una ley que se aplica y otra ley que se evita. En el fraude político español solo hay una ley que se evita: la Constitución. Ninguna ley ampara o aplica lo simulado.
Se simula que la campaña electoral comienza cuando lo deciden los dos partidos gubernamentales, y se disimula que la ley fija plazo obligatorio de antelación a las urnas. Se simula que el aparato de cada Partido hace las listas de candidatos, y se disimula que la Constitución obliga a que se hagan de modo democrático. Se simula que la votación en las urnas tiene por objeto elegir al Presidente del Gobierno, y se disimula que la Constitución obliga a elegir el cuerpo legislativo. Se simula que son elecciones libres, y se disimula que los votantes solo pueden elegir entre listas de partido. Se simula que los elegidos son representantes de los electores, y se disimula que solo representan al partido que los elige. Se simula que los elegidos no están sujetos a mandato imperativo, y se disimula que, contra la norma constitucional, han comprometido sus votos futuros a la disciplina de partido. Y en este Estado de Partidos, ninguno de esos seis fraudes será denunciado por los medios informativos.
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