"El sumario del Caso Troya, sobre la supuesta trama de corrupción urbanística en la que está acusado de cohecho y prevaricación el alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín (PP), revela que él y su concejal de Urbanismo cobraban 6.000 euros por cada piso fuera de ley, informó la Cadena Ser.
Según informes policiales incluidos en la parte del sumario de la que se levantó el secreto, Martín y el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, también del Partido Popular (PP), ambos imputados, habían montado una trama por la que cobraban a constructores por cada piso hecho fuera de la ley y el dinero iba a parar a una empresa relacionada con la esposa del alcalde, indicó la cadena de radio.
Uno de los informes detalla el coste para los constructores de edificar por encima de lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), 80 euros por metro cuadrado de más y los 6.000 euros por cada vivienda que superase lo legalmente establecido.
Según la Ser, la Policía lo califica como tasa de soborno, cantidades que los empresarios debían pagar en efectivo a una empresa del marido de una empleada de la mujer del alcalde y el objetivo era ocultar el verdadero receptor final de las cantidades.
Algunos empresarios han reconocido haber pagado cifras por encima de los 100.000 euros a cambio de las licencias de construcción, pero no directamente al Ayuntamiento, informó la emisora.
Este caso suma al menos a 24 imputados, 22 de los cuales fueron detenidos, entre ellos el alcalde y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra (PP), acusados ambos de cohecho y prevaricación y en libertad bajo fianza de 100.000 euros cada uno desde el pasado 19 de enero, un día después de ser arrestados en la primera fase de esta operación...
...Juan Martín Serón, vicesecretario de la ejecutiva provincial del PP y reelegido diputado en la Diputación de Málaga, y Gregorio Guerra fueron reelegidos en las elecciones municipales del pasado 27 de mayo y su partido, el PP, revalidó la mayoría absoluta".
"Uno de los supuestos [de corrupción] es la prevaricación de funcionarios, que se verifica cuando un funcionario, definido en términos jurídico-penales y no administrativos, dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Según el delito de cohecho, en cambio, será punible el funcionario que solicita o acepte una dádiva o regalo, o aquel que los admitiere o recibiere cuando son ofrecidos por un tercero, a cambi0 de una promesa de realizar alguna función vinculada a su cargo". La corrupción, de Jorge F. Malem Seña, Gedisa, 2002
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