30 años desde el 77. El fín de la Transición

Escribe Pablo Sebastián en Estrella Digital:

..España no disfrutó, como debió ser el caso, de un periodo constituyente público y democrático y, por ello, las Cortes que fueron elegidas en los comicios legislativos de 1977 se autoconstituyeron —sin mandato explícito— en constituyentes, impidiendo que los ciudadanos participaran en el gran debate sobre el modelo político y constitucional de España, por ejemplo entre Monarquía y República. El proceso quedó en manos de las reuniones secretas de los primeros dirigentes de los partidos —la Constitución se debatió en secretó— y luego, una vez hallado el consenso partidario, se aprobó la Constitución de 1978 por “aclamación” —una ironía repetitiva del franquismo— en las Cámaras, y en posterior referéndum.

Consecuencias de esos pactos secretos y modelo constitucional han sido estos treinta años de paz, convivencia, modernización y encaje europeo e internacional de España, lo que es mucho. Pero de esos pactos de la Transición también se derivaron errores que han ahogado la vida democrática y dañado la identidad y unidad nacional:

1. El modelo autonómico, del “café para todos”, con el que se inventaron diecisiete Comunidades Autónomas ajenas a la Historia y realidad de España, en permanente transformación hacia fórmulas federadas o más bien confederadas, que niegan la histórica y objetiva realidad de España.

2. La “Democracia Parlamentaria (partitocrática)” que impide la separación de los poderes del Estado —“Montesquieu ha muerto”, declaró Guerra— y favorece la acumulación de poderes y la impunidad del Ejecutivo sobre el resto de poderes del Estado, Legislativo y Judicial. Un Ejecutivo que está en las manos del aparato del partido y no del Parlamento, al que somete a la vez que controla y nombra a los órganos directivos del poder judicial para impedir su independencia.

3. El sistema electoral, no representativo (listas cerradas) y proporcional, que prima a los partidos nacionalistas y les otorga una capacidad de presión sobre el Estado que el Gobierno central no tiene en esas autonomías (véase el nuevo Estatuto catalán). Un sistema electoral que además impide el sufragio universal para designar directamente al jefe del Gobierno, los diputados y senadores, los presidentes autonómicos y los alcaldes (véase el baile de los pactos “contra natura”). Y que permite “usurpar” la soberanía nacional que, al final, reside en la jefatura del aparato del partido que hace las listas, con un sistema de premios y castigos entre sus militantes.

4. La Jefatura del Estado, el Rey, que disfruta de ciertos poderes que deben ser de exclusiva obediencia de un Gobierno democrático y representativo, como la jefatura de las Fuerzas Armadas.

5. La prensa sometida por la capacidad de influencia directa del gobernante (licencias de radio y televisión) de turno, sobre el llamado “cuarto poder”, y que ha convertido los medios de comunicación en simples apéndices de propaganda de los partidos políticos, cuando no en “dueños” coyunturales de “sus” partidos afines.

Consecuencia de estas carencias democráticas y de libertades, que muchas veces han favorecido la debilidad de las instituciones y la impunidad de los gobernantes a lo largo de estos años, han sido: el golpe de Estado del 23F (bajo el gobierno de Suárez); el pantano de la corrupción y los crímenes de los GAL (en los gobiernos de González); la falta de autonomía del Parlamento y de su capacidad de control al Gobierno, al contrario es el Gobierno quien controla las Cámaras, con ayuda de reglamentos poco democráticos que impiden la libre actuación de los representantes del pueblo; la manipulación política de la Justicia (en todos los gobiernos); el autoritarismo de gobernantes (en el segundo gobierno de Aznar); el deterioro de la convivencia y unidad de España (en el actual gobierno de Zapatero); el clientelismo político en todas la autonomías; el fin del periodismo independiente —salvo unas honrosas excepciones—, con todos los gobiernos de la transición; y la pérdida de libertades y de la cohesión nacional en las autonomías gobernadas por los nacionalistas.

La crisis del modelo partitocrático ha engendrado un problema añadido de envergadura: el nivel y la calidad de nuestros gobernantes, legisladores y primeros responsables de las más altas instituciones del Estado. Porque, a medida que se ha ido instalando este sistema, los españoles más notorios en talento, profesión, aportación intelectual, cultural y más dotados para el ejercicio de la democracia y la gestión pública se han apartado de la política, generalmente mal pagada, como consecuencia de la obediencia debida al jefe del aparato del partido que gobierna, y a la pésima ley electoral con sus listas cerradas que suelen ocupar los funcionarios del partido (el caso de la crisis del PSOE en Madrid es ejemplar de esta ausencia de calidad y nivel de los representantes políticos).

Se ha hecho mucho en treinta años, pero todavía queda mucho por hacer, y no vale la excusa de la juventud de la pretendida Democracia española porque la Democracia no tiene edad, es o no es. Y porque el sistema parlamentario y partitocrático español es un hijo menor de la verdadera Democracia, que conviene que alcance su plenitud. Y ese tiempo ha llegado, por más que las aventuras de la reforma confederal y encubierta del modelo de Estado, puestas en marcha por Zapatero a su mayor gloria y como precio a pagar a ETA por el final de la violencia, están produciendo un efecto defensivo de este régimen que impide plantear las reformas para alcanzar la verdadera Democracia.

Una necesidad que cuenta con la poderosa oposición de los profesionales de la política, que viven de ella y no para ella, que en teoría deberían ser los impulsores de la nueva y gran reforma democrática, como en su día la Transición fue, en difíciles circunstancias, impulsada por los defensores de la libertad, que no sólo fueron los partidos políticos —en realidad en esos tiempos casi sólo existía organizado el PCE— sino también grandes movimientos ciudadanos —la Junta Democrática, por ejemplo—, como los que ahora se deberían concienciar de la necesidad de un cambio democrático y de régimen español. Lo está haciendo Francia, de manera ejemplar, lo hizo Italia —con la liquidación de todos los partidos corruptos de la “tangentópolis”— con unos regulares resultados, y lo están haciendo, poco a poco, las emergentes repúblicas salidas del telón de acero europeo. Y no se trata de una segunda Transición —que sería más de lo mismo—, sino de la llegada triunfal de la Democracia, que es el mejor homenaje que podemos hacer a quienes antes y durante estos años han luchado por la libertad, y a quienes pilotaron, con audacia y tenacidad, el proceso de la Transición de la dictadura a la Democracia, y aquí incluidos de manera muy especial el presidente Adolfo Suárez y el Rey Juan Carlos I que, por ello, ya están en la Historia de España de manera reconocida y singular.