jueves, 18 de junio de 2009
domingo, 3 de mayo de 2009
El futuro de las pensiones
Artículo de Eduard Berenguer en La Vanguardia de hoy Domingo 3 de Mayo [vía: Comfia]:
Hacia el año 2025 las contribuciones recaudadas por el sistema serán insuficientes para financiar a los jubilados
04-05-2009 - La intervención del gobernador del Banco de España ante la comisión parlamentaria del pacto de Toledo, en la que anunció la quiebra del sistema de la Seguridad Social en el año 2025, ha provocado una enorme alarma social. Desde sus declaraciones ha habido numerosas intervenciones tratando de calmar a la población. En síntesis, se está de acuerdo que hacia la fecha indicada por el gobernador (año más, año menos) las contribuciones recaudadas por el sistema serán insuficientes para financiar el coste de las futuras pensiones, pero éstas continuarán garantizadas debido a la financiación suplementaria que aportará el Estado a partir de los intereses generados por el actual fondo de reserva y de parte de los impuestos generales recaudados. En este sentido, España no hará más que seguir el modelo de otros países en los que ya hace algún tiempo en que las cotizaciones no son suficientes para cubrir el gasto en pensiones.
La que podemos llamar quiebra del sistema no es más que una consecuencia del modelo de Seguridad Social que tenemos y que se basa en el llamado reparto de las cotizaciones recaudadas entre los pensionistas, concebido como un sistema de solidaridad intergeneracional en el que los hijos (cotizantes) sostienen a sus padres (pensionistas).
Este sistema quiebra cuando se producen cambios en su pirámide de población provocado por el descenso de las cohortes más jóvenes a causa de la reducción de la tasa de natalidad y el alargamiento de la vida, que determinan un envejecimiento de la población o cuando la productividad es baja, ya que esto impide un mayor crecimiento de las cotizaciones.
A diferencia de otros países, en España hemos conseguido retrasar ese proceso gracias a la incorporación masiva de las mujeres de las nuevas generaciones al mercado de trabajo y a la llegada de numerosos inmigrantes. Pero en la medida en que los cotizantes de hoy serán los pensionistas del futuro eso no evita que deban abordarse los retos del futuro con la debida antelación y que se deban examinar cuáles son las reformas que efectuar a corto y a largo plazo.
En el corto plazo es lógico concentrar esfuerzos en procurar mejoras en el montante de las pensiones mínimas y de viudedad, aunque sólo sea porque las pensiones son un elemento esencial que necesitan muchas personas para no caer en una situación de pobreza. Pero al mismo tiempo hay otros aspectos por considerar. Dos propuestas me parecen necesario tomar en consideración. En primer lugar, atender la situación de aquellas personas que han pasado por algún tipo de expediente de regulación de empleo y que han visto como su pensión disminuía a causa de que su cuantía se establece a partir de su historia laboral de los últimos quince años. A estos pensionistas se les debería ofrecer la posibilidad de poder elegir sus mejores quince años a la hora de calcular su pensión.
En segundo lugar, siendo el nuestro un sistema de reparto, se debería tener en cuenta el número de hijos que han tenido los posibles pensionistas. No hay duda de que las familias que han tenido más hijos contribuyen más a la estabilidad del sistema que las que han tenido menos hijos. La legislación francesa, por ejemplo recoge este hecho, y los pensionistas que han tenido tres hijos o más reciben una pensión incrementada en un 10%.
En cuanto a las reformas a largo plazo, las opciones se presentan más abiertas. Hay países como el Reino Unido o Alemania que han optado por aumentar gradualmente la edad de jubilación hasta los 67 años. Otros, como Francia o Estados Unidos, calculan sus pensiones sobre la totalidad de la carrera laboral. El ejemplo más extremos es el caso de Suecia, donde a partir de la Reforma de 1999 la pensión se calcula sobre la capitalización de todas las cuotas pagadas de modo que en el momento de retirarse este capital da lugar a una renta vitalicia calculada sobre la esperanza de vida que le queda al receptor. Otros países, como Dinamarca, establecen las pensiones en dos partes: una parte mínima garantizada para todos los pensionistas y otra dependiente de la carrera laboral, en donde la parte garantizada se cobra a partir de los 67 años.
Como puede verse, el menú de las reformas posibles es variado. ¿Por cuál deberíamos decidirnos? La respuesta corresponde darla a los agentes sociales en el seno del pacto de Toledo, que intenta evitar la politización del diseño de nuestras pensiones. En cualquier caso el diseño vendrá condicionado por la carga que representarán las futuras pensiones en términos de PIB y la capacidad de cada sistema para recaudar impuestos. Pero una síntesis de los diversos modelos es siempre una alternativa interesante. Aquí, esto comportaría combinar alargar la vida laboral y poner un número mayor de años de la carrera laboral a la hora de calcular la pensión.
Este último aspecto es el más difícil . Pero algunos recordamos la reacción airada que tuvo Nicolás Redondo en la primera legislatura del gobierno de Felipe González cuando se propuso modificar el cálculo de las pensiones. Entonces se trataba de pasar de los dos últimos años de salarios a ocho años para calcular la base reguladora. Ahora estamos en 15.
Eduard Berenguer , catedrático de Teoría Económica de la UB.
jueves, 26 de marzo de 2009
El ladrillo y los políticos [informe Auken]
La europarlamentaria danesa Margrete Auken da nombre al informe Auken aprobado hoy en el Europarlamento; el informe se ocupa del impacto del negocio español del ladrillo en los intereses de los ciudadanos, en el medio ambiente y el urbanismo, y en la casta política, especialmente PP y PSOE que han intentado boicotear el informe en Europa. El informe en Scribd.
Información obtenida en El Confidencial:
“Los ciudadanos estamos hartos de tanta suciedad en la política española, estamos perdiendo la confianza en el sistema y las elecciones al Parlamento europeo están a menos de tres meses”, firman los más de 600 colectivos que han unido sus fuerzas en un comunicado común hecho público a propósito del boicot entre los europarlamentarios de PP y PSOE contra el informe Auken sobre el urbanismo español. El informe, demoledor para con el ladrillazo que ha sufrido este país, será votado en el Pleno del Parlamento Europeo el próximo 26 de marzo.
Los colectivos firmantes critican que el urbanismo español pone en situación de indefensión a los ciudadanos que tienen la desgracia de ser pequeños propietarios de suelo, sea rústico o urbano y lo culpan de destruir el territorio y buena parte del patrimonio histórico y cultural de España. Asimismo, dudan de las leyes autonómicas, que no ofrecen ninguna garantía de equidad y justicia.
También critican que las leyes urbanísticas autonómicas, e incluso en la Ley del Suelo estatal, institucionalizan la figura del Agente Urbanizador, responsable de los abusos y atropellos que se han producido al aplicar las leyes urbanísticas. Y no dudan en atribuir a este urbanismo depredador la responsabilidad de la crisis, recesión y depresión económica que vive España, así como de la dramática evolución del paro.
Críticas a la corrupción política y a la Justicia
La corrupción política asociada al urbanismo tampoco se escapa de las críticas. "Ya podemos presumir de algo a nivel internacional, de ser uno de los países más corruptos de Europa", aseguran. El escrito destaca que en medio de la recesión-depresión que sufrimos, los partidos políticos mayoritarios se dedican a ventilar sus trapos sucios, que son muchos, ya que la corrupción que nos aflige es achacable en su mayor parte a políticos de todo nivel en activo, adscritos a esos partidos, porque políticamente es más rentable hundir al rival que solucionar los problemas de los españoles.
Del mismo modo que el Informe Auken, los ciudadanos claman contra la Justicia española, a la que tildan de lenta, cara y, lo que es peor, está contaminada por influencias políticas. "Los españoles quisiéramos disfrutar de una Justicia que auténticamente fuera un poder independiente, separado y distinto del poder ejecutivo, pero asistimos impotentes al triste espectáculo de la vergonzosa rebatiña que protagonizan los partidos mayoritarios para controlar la constitución de organismos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial", denuncian.
Los grupos denunciantes, entre los que se encuentran Abusos Urbanísticos No, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio y la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, critican especialmente la Ley de Costas, aprobada hace más de 20 años, que "juega con los derechos de los españoles".
MARGRETE AUKEN 2008 755463es
Información obtenida en El Confidencial:
“Los ciudadanos estamos hartos de tanta suciedad en la política española, estamos perdiendo la confianza en el sistema y las elecciones al Parlamento europeo están a menos de tres meses”, firman los más de 600 colectivos que han unido sus fuerzas en un comunicado común hecho público a propósito del boicot entre los europarlamentarios de PP y PSOE contra el informe Auken sobre el urbanismo español. El informe, demoledor para con el ladrillazo que ha sufrido este país, será votado en el Pleno del Parlamento Europeo el próximo 26 de marzo.
Los colectivos firmantes critican que el urbanismo español pone en situación de indefensión a los ciudadanos que tienen la desgracia de ser pequeños propietarios de suelo, sea rústico o urbano y lo culpan de destruir el territorio y buena parte del patrimonio histórico y cultural de España. Asimismo, dudan de las leyes autonómicas, que no ofrecen ninguna garantía de equidad y justicia.
También critican que las leyes urbanísticas autonómicas, e incluso en la Ley del Suelo estatal, institucionalizan la figura del Agente Urbanizador, responsable de los abusos y atropellos que se han producido al aplicar las leyes urbanísticas. Y no dudan en atribuir a este urbanismo depredador la responsabilidad de la crisis, recesión y depresión económica que vive España, así como de la dramática evolución del paro.
Críticas a la corrupción política y a la Justicia
La corrupción política asociada al urbanismo tampoco se escapa de las críticas. "Ya podemos presumir de algo a nivel internacional, de ser uno de los países más corruptos de Europa", aseguran. El escrito destaca que en medio de la recesión-depresión que sufrimos, los partidos políticos mayoritarios se dedican a ventilar sus trapos sucios, que son muchos, ya que la corrupción que nos aflige es achacable en su mayor parte a políticos de todo nivel en activo, adscritos a esos partidos, porque políticamente es más rentable hundir al rival que solucionar los problemas de los españoles.
Del mismo modo que el Informe Auken, los ciudadanos claman contra la Justicia española, a la que tildan de lenta, cara y, lo que es peor, está contaminada por influencias políticas. "Los españoles quisiéramos disfrutar de una Justicia que auténticamente fuera un poder independiente, separado y distinto del poder ejecutivo, pero asistimos impotentes al triste espectáculo de la vergonzosa rebatiña que protagonizan los partidos mayoritarios para controlar la constitución de organismos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial", denuncian.
Los grupos denunciantes, entre los que se encuentran Abusos Urbanísticos No, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio y la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, critican especialmente la Ley de Costas, aprobada hace más de 20 años, que "juega con los derechos de los españoles".
MARGRETE AUKEN 2008 755463es
lunes, 9 de marzo de 2009
Eso no toca
El Juez Garzón obtuvo unas rentas sustanciosas en su estancia en EE.UU. y el Tribunal Supremo considera que pudo incurrir en falta por no haber declarado estas rentas al Consejo General del Poder Judicial. Es lo que toca.
Por el camino se olvida del origen de los mencionados fondos - el Banco Santander-, razón por la que el abogado Panea interpuso la demanda. Eso no toca.
La noticia en El Confidencial
Por el camino se olvida del origen de los mencionados fondos - el Banco Santander-, razón por la que el abogado Panea interpuso la demanda. Eso no toca.
La noticia en El Confidencial
La polémica en torno a Baltasar Garzón no deja de crecer. El Tribunal Supremo ha denunciado en un auto que el magistrado de la Audiencia Nacional ocultó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el cobro de 203.135 dólares durante su estancia, entre marzo de 2005 y junio de 2006, como profesor invitado en Nueva York. Garzón aprovechó una licencia de “docencia e investigación” para participar como director, moderador y ponente en un ciclo de conferencias organizados por el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York.
El magistrado ocultó el salario que iba a recibir para conseguir la licencia de estudios, ya que también continuó cobrando su sueldo base de la Audiencia Nacional. Así, el Supremo señala que Garzón no comunicó al CGPJ “la percepción de sueldo a través de nómina, limitándose a hacer referencia a sufragio de gastos”. El Alto Tribunal también indica que “las cantidades percibidas pudieran exceder de los límites fijados en la ley 53/1984 de 23 de diciembre, para el supuesto de actividades autorizadas para su compatibilidad con el cargo público”, incluso “dando por supuesto que la licencia conllevase implícita tal compatibilidad”.
Por ello, el Supremo afirma que “habrá de remitirse testimonio de esta resolución y de la documentación recibida sobre el particular a los efectos que dicho Consejo General del Poder Judicial estime pertinentes”. Será el CGPJ quien decida ahora la sanción que corresponde a Garzón por este hecho, considerado una “falta muy grave”.
El Centro Rey Juan Carlos I asumió el pago de los gastos de viaje de Garzón por valor de 21.152 dólares, así como la escolarización de la hija del magistrado en la Escuela Internacional de Naciones Unidas por un importe de 21.650 dólares. Además, la Universidad pagó a Garzón 160.333,14 dólares en concepto de sueldo.
El auto del Supremo responde a una querella del abogado Antonio Panea, presentada en junio de 2008, en la que acusa a Garzón de cohecho y prevaricación. De acuerdo con la querella, el Grupo Santander patrocinó las conferencias que moderó Garzón, y a su regreso a España, el magistrado archivó con celeridad una querella contra el Santander, pese a que en un principio había considerado que presentaba “características que hacen presumir la existencia de una infracción penal”. El Supremo no ha observado relación entre ambos hechos y ha rechazado la existencia de alguna relevancia penal en la conducta de Garzón. No obstante, el Supremo sí ha encontrado sancionable que Garzón ocultara su remuneración en Nueva York.
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