La tarjeta de la Seguridad Social

Recogido en vozbcn [imprescindible página web]:

En un artículo publicado este sábado en El Mundo, el escritor y periodista catalán Arcadi Espada, denuncia la descabellada situación administrativa existente en el sistema sanitario debido a la ausencia del número de la Seguridad Social en las tarjetas sanitarias catalanas.

A través de un relato, Espada narra las vicisitudes del marido de una ciudadana catalana que, en un viaje de trabajo, tiene que ser ingresada de urgencia en un hospital malagueño.

En el momento de realizar los trámites de admisión hospitalaria, la conversación acontece así:

–¿Tiene la tarjeta de la Seguridad Social?
–Sí, y el carnet.
–Basta con la tarjeta.
–Pues tenga.
–Ah, es de Cataluña…
–Sí, vivimos en Cataluña.
–Ya, el mismo problema… ¿Tiene usted el número de la Seguridad Social?
–Bueno, el número está en la tarjeta.
–No, no está.
–Pero ¿cómo no va a estar?
–No está. Las tarjetas de Cataluña son las únicas de España que no llevan el número. Ya se imaginará que no es la primera vez que nos pasa.
–¿Qué puedo hacer?
–¿Tiene una nómina de la paciente?
–No, no tengo una nómina. Esto ha sido una urgencia completamente inesperada. ¿Cómo voy a tener una nómina!
–Allí viene, en la nómina viene. Tendrá que llamar, que se lo den.
–¿Adónde?

Finalmente se pone en contacto telefónico con Tesorería. La conversación transcurre así:

–¿Su Dni…?
–…
–¿Nombre de los padres…?
–…
–¿Nacido en?
–…
–…
–Le oigo muy mal, pero voy a ver si puedo apuntar. Diga.
–2, 4,…
–¿No puede hablar un poco más alto?
–Es que no puedo hablar alto. Es que tengo prohibido hacer esto. Pero es que estoy harta de esta pandilla de gilipollas, y de que me llamen cada día personas como usted con problemas, los problemas en los que nos meten estos gilipollas. Intente tomar nota, por favor.

Arcadi Espada concluye con una cita del blog de la familia Fernández-Branch:

‘En Cataluña tenemos unos gobernantes que son listísimos y se preocupan más de joder a los catalanes que de ayudarlos; así que se sacaron de la manga una tarjeta sanitaria donde sólo aparece el número de afiliación a “CatSalud”. Con esta tarjeta no te darán cobertura de la Seguridad Social en ningún lugar de Europa, incluido el resto de España. El resto de comunidades sigue manteniendo el número de afiliación en la tarjeta; pero los catalanes tenemos que hacernos la Tarjeta Sanitaria Europea, que sí tiene el número, para que nos atiendan en toda Europa, incluida el resto de España, pero no así en Cataluña, ¡donde no es válida! y en la mayoría de ambulatorios no saben ni lo que es. No me extraña que no paremos de recibir visitas al Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), donde trabajo, de madres y padres solicitando la tarjeta sanitaria europea porque sus hijos se van de viaje de fin de curso escolar fuera de Cataluña’.

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periodistas y políticos

Arcadi Espada escribe en El Mundo por dentro: El espectáculo que ofreció ayer la vista oral por la querella de Ruiz Gallardón a Jiménez Losantos fue sublime, y creo que el periódico no lo enfatiza lo suficiente.

En efecto, allí se pudo ver, al margen de episódicas y transitorias alianzas, la verdad de las cosas: periodistas y políticos, compactos, prietas las filas y frente a frente. Ayer, que iba en serio, no se impuso la transversalidad de la crisis popular que habría llevado al mismo bando a Jiménez Losantos, Pedro J. Ramírez y Esperanza Aguirre frente a Ruiz Gallardón. ¡Quia! Una prueba más de la ingenuidad, casi seductora, de Jiménez Losantos la de citar a Acebes, Aguirre y Zaplana como testigos de la defensa. La imagen de la presidenta de la comunidad de Madrid desdeñando con un "no me acuerdo" la posibilidad de arañar la cara de Gallardón (que ya es el hombre fuerte del Partido Popular) quedará para siempre. La commedia è finita, y parece mentira que Jiménez Losantos haya tardado tanto en darse cuenta.

Por lo demás peor fue el fondo. Pocas imágenes más perfectas del caos español que la de la sala de juicios. Para empezar el propio juez aceptando la tramitación de la querella. ¡Dios santo!, y nunca mejor dicho. Nada de lo que escribió Jiménez Losantos sobre el 11-M está basado en la razón. Es un misterio (aunque muy trillado) que un hombre culto e inteligente cayera en semejantes trampas de la pasión. El éxito ofusca tanto como el fracaso. Pero si se puede condenar a alguien por un juicio de intenciones que consiste en decir que al alcalde de Madrid, con tal de alcanzar el poder, le daban igual las víctimas del 11-M ya puede ir desfilando por el juzgado toda la clase política, una y mil veces, de aquí y de allí (bueno, a excepción de la catalana, cuyo máximo representante de cuando entonces sólo dijo un día que a los socialistas los podéis enviar a la mierda de dos en dos), autora en campaña electoral, y fuera de ella, de constantes, incendiarios y ridículos juicios de intenciones sobre sus rivales. Desde luego, el mayor error de Jiménez Losantos ha sido el de no atenerse a sus propias sentencias. Ésa, por ejemplo, tan fina: «Yo no confío en los políticos y por eso soy liberal». No atenerse. Comportarse, crecientemente, como un político, de la cruz a la raya. Alguien, como él mismo reconoció ayer trágicamente, que ya no distingue entre la informaciones y las opiniones.

Buenos días.

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Adhesión inquebrantable / Asistencia inexcusable

"Inexcusable asistencia acto de presentación candidatura de MARIANO RAJOY en Valladolid SABADO 31 DE MAYO, 12 H. Feria de Muestras Valladolid. INEXCUSABLE ASISTENCIA

Texto del mensaje recibido en un teléfono movil, en una fotografía publicada en la portada de El Mundo.

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independencia y nacionalismo

Así está el patio, Víctor Alexandre, periodista y escritor, se manifiesta el 26 de mayo de 2008 en el programa ‘Àgora’ del Canal 33 en los siguientes términos:

“Lo que se ha de hacer es, sobre todo, internacionalizar el conflicto que tiene Cataluña con España, porque el mundo no lo sabe. […] El independentismo está creciendo de una forma muy importante y cuando llegue el momento, todavía saldrá más gente. Entonces saldrán independentistas de debajo de las piedras. Gente que ahora no lo es, pero que entonces se manifestarán, igual que cuando llegó la democracia salieron demócratas de debajo de las piedras. […] La independencia se ha de proclamar, no se ha de esperar a que España cambie y conceda el derecho a la autodeterminación, porque no está en su naturaleza. […] El esclavo que espera a que el amo le libere, nunca será libre. La mujer maltratada que espera a que el marido le abra la puerta para liberarla, tampoco será libre. Lo que ha de hacer es abrir la puerta y marcharse. Por tanto, lo que ha de hacer Cataluña es abrir la puerta y ser un país libre y consecuente”.

VIA: vozbcn

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..sentados en el Ayuntamiento, estaban nuestros verdugos…’

Rosa Díez, diputada de UPyD, el 23 de mayo de 2008 en El Mundo, Vía vozbcn:

‘Hablo a la María con la que tantas veces he salido a la calle a defender la libertad, a la María que se ponía junto a mí el brazalete de servicio de seguridad en las manifestaciones de Basta Ya. Hablo a la María junto a la que yo estaba en aquel Pleno de la indignidad del Ayuntamiento de Andoaín, ese en el que exigimos la dimisión al alcalde de Batasuna, José Antonio Barandiarán -que el pasado martes fue detenido y acusado de pertenecer a ETA-, mientras el PNV se negaba a suscribir la moción de censura presentada por el PSE. ¿Te acuerdas, María, que nos llamaban «crispadoras» por señalarle como el responsable del asesinato de nuestro amigo Joseba Pagaza, policía municipal de ese mismo Ayuntamiento? Ahora resulta que teníamos razón cuando advertíamos que allí, sentados en el Ayuntamiento, estaban nuestros verdugos…’

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¿Finanzas descentralizadas?

Lorenzo Alonso escribe en El Confidencial:

Esta semana se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano consultivo y de coordinación del Estado con las Comunidades Autónomas, constituido por el Ministro de Economía y Hacienda, el de Administraciones Públicas y el Consejero que desempeña las competencias de Hacienda de cada Comunidad Autónoma. Sus decisiones no son ejecutivas pero tienen una influencia decisiva en la orientación de la financiación territorial, de la política fiscal, del endeudamiento y del reparto de las inversiones públicas. La relevancia de esta reunión viene dada por la puesta en marcha de una nueva forma de repartir la tarta tributaria estatal entre las CCAA, teniendo en cuenta los cambios introducidos por los nuevos Estatutos de Autonomía y el incremento de la población desde que se estableció el actual modelo en 1.999.

En dicha reunión, ante la insistencia del representante de Cataluña de negociar directamente con el Estado, se acordó mantener consultas bilaterales con cada una de las Comunidades Autónomas. El problema crucial para la pervivencia de este “órgano de coordinación” será si el Gobierno del Estado lo va a mantener como foro multilateral de acuerdos o si va a quedar descafeinado en los casos que tenga que establecer negociaciones bilaterales con aquellas Comunidades cuyos Estatutos lo prevén.

Actualmente la mayor parte de la financiación de las CCAA de régimen común (excluidos País Vasco, Navarra y parte de la financiación de Canarias, Ceuta y Melilla) proviene de la participación en la recaudación de los grandes tributos estatales (33% del IRPF, 35% del IVA y 40% de los impuestos especiales sobre el tabaco, hidrocarburos, alcoholes, y otros productos) y de la gestión de los tributos cedidos, aunque algunos de ellos tengan escaso potencial recaudatorio. Esta “cesta” de tributos aporta la mitad de los recursos que gastan.

Pero todas ellas saben que, si no tienen suficiente con esa “cesta”, papá Estado incrementará los diversos Fondos existentes (de Suficiencia, de Garantía de Financiación Sanitaria, de Compensación Interterritorial, Complementario) y otras transferencias para compensar esos “baches de tesorería”, que les aportan otra cuarta parte. Así que la corresponsabilidad fiscal no es más que un mero eslogan político para estas máquinas de gastar, siendo los ciudadanos los que pagan las facturas de este banquete descentralizado.

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EXPAL y las bombas de racimo

Fuente: Soitu

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Del sueldo de los diputados alemanes

Artículo de Aurora Mínguez publicado en El Confidencial:

7.339 euros al mes. Este es el sueldo mensual de un diputado alemán. Debía parecerles poco a los miembros del Bundestag, porque habían decidido y aprobado mayoritariamente hace dos semanas aumentarse el salario en los próximos dos años en un 16,4%. No podemos ganar menos, decían, que un alcalde de una ciudad mediana o que un diputado regional. Para solucionar tamaña injusticia, el 1 de enero del 2009 ese salario se ponía en 7.946 euros mensuales y en el 2010 llegaría a los 8.158 euros. Y ello sin contar unas dietas libres de impuestos de 3.800 euros mensuales y el derecho a una futura jubilación en los niveles máximos de la escala de cotización (tras ocho años de escaño, 1.632 euros asegurados).

Hasta aquí la noticia,que los señores diputados esperaban y deseaban que fuera flor de un día. Contaban, seguro, con alguna crítica aislada,e incluso con un pequeño pero pasajero escándalo social. Eran y son conscientes de que,en medio de este clima general de crisis o, al menos, de incertidumbre económica, no es muy comprensible que el Bundestag apruebe mayoritariamente este generoso incremento de sueldo para los representantes populares, quienes ya el pasado mes de noviembre habían acordado otra subida después de cinco años de contención. Y máxime cuando la subida de las jubilaciones de un 1,1 por ciento supuso hace apenas un mes un clamor de quienes veían en ello una terrible medida inflaccionista.

"Escándalo", "desvergüenza", "codicia sin límites" han sido algunos de los comentarios que se han escuchado en los últimos días. La cantinela de que un miembro del Bundestag tiene que estar bien pagado para evitar fugas a la empresa privada o para no verse obligado a recurrir a favores o corruptelas ya no se la cree nadie. Y, si no, que se lo pregunten a Zaplana.

Pero con lo que no contaban los señores diputados era con que el líder de los socialdemócratas, Peter Struck, les amargara la fiesta. Struck ha dicho que ese aumento de sueldo es inmoral y que su grupo va a reconsiderar el tema. Y no lo va a hacer por problemas de conciencia, sino por una cuestión táctica. Los socialdemócratas, desde que gobiernan en gran coalición con Angela Merkel, están perdiendo apoyo popular de una manera brutal... y ahora quieren ganar puntos ante la ciudadanía. Los diputados socialdemócratas han tenido que aceptar lo que ha decidido la dirección del SPD, pero los democristianos de la Merkel están que trinan. La semana que viene se reúnen de nuevo para estudiar una salida airosa al tema.

Daño a la democracia

Este debate va más allá de decisiones poco o nada populares. La clave es no ver el daño que se hace al sistema democrático y la sensación que se transmite de que la política es algo así como un supermercado en el que cada uno se abastece de lo que le interesa. El semanario Der Spiegel publicaba hace unas semanas un informe interesante sobre la salud democrática de Alemania. El interés por la vida política –se afirmaba- está descendiendo peligrosamente; la participación electoral disminuye (un 92,1% en 1972, un 77,7 % en los últimos comicios del 2005); los grandes partidos pierden afiliados de manera constante; un tercio de los alemanes no está contento con la democracia... En el territorio de la desaparecida República Democrática Alemana, el desencanto con el nuevo régimen es tal que un 23 por ciento afirman que vivirían mejor bajo un sistema autoritario.

El amor a la democracia tiene que ver también con el bolsillo y eso lo sabían quienes pusieron en marcha el Plan Marshall en Alemania tras la caída del régimen nazi. Siempre según la encuesta de la revista Der Spiegel, sólo un 19 por ciento de los que ganan más de 3000 euros netos se manifiesta “poco contento” con la democracia. Si se pregunta al alemán medio qué prefiere, libertad o bienestar, el 77% preferirá la estabilidad política y la libertad a tener el frigorífico lleno.

Parte del desencanto general hacia la política se puede atribuir a los políticos: sólo el 17 por ciento de los ciudadanos les considera competentes y eficaces. Sólo el 28 por ciento cree que actúan con responsabilidad. Sólo el 25 por ciento cree que trabajan mucho y concienzudamente por el bien del país. La democracia existe, sigue viva, se dice aquí, pero hay que trabajarla. Y da la impresión de que los políticos profesionales, los periodistas, los tertulianos y el hombre de la calle se han desentendido de ella poco a poco... en Alemania y más allá.

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Reinos de Taifas

En Voto en Blanco se cuestiona el Estado de las Autonomías y se le da la razón a Albert Boadella: "Albert Boadella ha dicho importantes verdades que muchos españoles creen y no se atreven a decir: que la España de las autonomías es “un error”, que “se han compuesto reinos de taifas, muchos rincones de corrupción e insolidaridad general”, que el Estado “ha perdido fuerza” debido a las transferencias de “competencias” y que ya no le queda “nada que ofrecer”.

Tambien se apuntan algunas cifras referentes a la igualdad de los ciudadanos españoles [podría tomar nota de ello la Ministra de la Igualdad]:

El Estado de las Autonomías se ha transformado, en tan sólo 30 años, en un Estado de Taifas donde los reyezuelos políticos imponen su ley y cada día destruyen más los principios y valores que hacen posible una nación: la igualdad, la libertad, la solidaridad, la justicia, la existencia de objetivos y metas comunes y el respeto mutuo.

En el plano de la "igualdad", las autonomías españolas se han convertido en un escándalo, sobre todo si se tienen en cuenta los datos siguientes:

- Un ciudadano de Madrid, PIB/habitante 12.147 Euros
APORTA 1.243 Euros
- Un ciudadano de Baleares, PIB/habitante 12.680 Euros
APORTA 871 Euros
- Un ciudadano de Cataluña, PIB/habitante 12.040 Euros
APORTA 394 Euros
- Un ciudadano del País Vasco, PIB/habitante 11.290 Euros
RECIBE 747 Euros

Lo que significa que un ciudadano de Cataluña aporta casi cuatro veces menos que uno de la Comunidad de Madrid, y menos de lamitad que uno de Baleares, teniendo las tres comunidades un PIB/habitante similar. Lo del vasco, que en lugar de aportar recibe 747 euros, no sólo es escandaloso sino también inmoral e indecente.

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TRIBUNAL INCONSTITUCIONAL

Pedro M. González escribe en Diario de la República Constitucional:

Tras aclararse el panorama político postelectoral, el Tribunal Constitucional, de forma paralela, retoma sus actividades resolviendo los asuntos pendientes. No es casual que el ritmo de producción de sentencias por el TC y la actividad política corran parejas, al tratarse aquél de un mero apéndice instrumental de los partidos.

La primera decisión de trascendencia en el nuevo curso ha sido calificar de conforme al principio de igualdad y no discriminatorio, que las amenazas leves y maltrato sin lesiones en el ámbito familiar sean delito cuando el sujeto activo es el varón, mientras que cuando lo sea la mujer, se califiquen tales conductas como simple falta.

La sentencia se apoya en el llamado principio de “discriminación positiva” para fundamentar jurídicamente lo que se trata de una simple decisión política, acorde con las posiciones ideológicas del partido que propuso la Ley cuestionada y que nuevamente ha resultado vencedor. El espaldarazo del Tribunal Constitucional a la norma era algo previsible, conociendo sus magistrados que la mayoría de la que su propio puesto depende, había promocionado la norma cuestionada.

Desde estas mismas páginas se denunció la inconcebible justificación del Alto Tribunal de retrasar su decisión sobre la constitucionalidad del estatuto de Cataluña hasta la finalización del proceso electoral, con la vergonzante excusa de no interferir en el mismo. Tal afirmación supuso el expreso reconocimiento tanto de su dependencia política como de la cobardía de sus miembros.

Mansas y claras ya las aguas, sabedores sus Excelentísimas Señorías de los vientos ideológicos que soplan en el poder único e inseparado que los gobierna, sólo queda resolver consecuentemente con los intereses de los nuevos señores. No importa para ello forzar los principios más básicos del Derecho. Afortunadamente la Justicia no es una ciencia exacta.

La sentencia ahora dictada en materia penal, de indisimulada carga política nos indica el camino que el TC seguirá en otras que han de venir, como la que atañe al estatuto de Cataluña. Ya lo decía Quevedo, “donde hay poca Justicia es un peligro tener razón”.

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República Constitucional

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A por el sistema mayoritario

Joaquín Leguina, ex diputado del PSOE y ex presidente de la Comunidad de Madrid, escribe el 16 de mayo de 2008 en su blog: [Vía: La voz de Barcelona]

‘¿Cuál debiera ser el objetivo del Gobierno [al reformar la Ley electoral]? A mi juicio, es hora ya de plantearse un doble objetivo: 1) sacar la gobernabilidad del Estado de las manos de los nacionalistas, tal y como hoy la tienen a través de una sobre-representación parlamentaria a todas luces escandalosa y 2) que los aparatos de los partidos no sean los únicos que deciden a quién hemos de votar, nos gusten o no las caras y los curricula de sus enlistados candidatos. Dicho de otra forma: se debería acabar con esa brutalidad de: “cómete la lista entera”.

Estos dos objetivos se consiguen mediante un sistema bien conocido: el mayoritario, que se aplica, por ejemplo, en el Reino Unido. Y, si se quiere –para arreglarle el cuerpo a IU o a Rosa Díez-, puede complementarse el modelo eligiendo a una parte de los diputados por el sistema proporcional en listas de ámbito nacional’.

De acuerdo con el paisano, señor Leguina. Seguro que sabe de qué está hablando. ¡Sí señor!

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perder la confianza

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Aumentar el gasto

Escribe Antonio García-Trevijano en Diario de la República Constitucional:

En todos los asuntos de trascendencia, o simplemente importantes, lo único que cuenta, poniendo fin a los escarceos opinativos de los dirigentes de los aparatos de partidos, es la opinión del que manda. El PNV se pliega en bloque al Plan Ibarreche, pese a la discrepancia previa del sector que interpretaba su Presidente, Urkullu. El PP acepta sin rechistar lo que tiene decidido Rajoy, in pectore, para la renovación del partido, pese a las voces que pedían su democratización. Los llamados barones del PSOE, que se oponían inicialmente a la federación fiscal propuesta por su colega Montilla, la han aceptado tan pronto como han conocido el deseo de Zapatero de que no sea fórmula bilateral para Cataluña, sino extensiva a todas las Autonomías, y de que entre en vigor de modo progresivo a partir de 2011, cuando haya sido superada la actual crisis económica.

En el despliegue de opiniones técnicas, en defensa de la federación fiscal, realizado por “El País” entre profesores de universidad, destaca por su claridad en el error y simpleza en la fundamentación, la del ex-secretario de Estado de Hacienda y redactor de la Ley actual de Financiación de las Comunidades Autónomas, Don José V. Sevilla. Este señor ingenuo confiesa la barbaridad de que “la ampliación de tributos con capacidad normativa es muy adecuada…porque unas haciendas con tan grandes capacidades para decidir gastos deberían tener parecidas capacidades para obtener ingresos”. Esto no se hubiera atrevido a decirlo ni Lord Keynes.

Es principio básico de toda economía o hacienda, publica o privada, que los ingresos determinen los presupuestos para el gasto, y no a la inversa. El Sr. Sevilla no descubre un nuevo fundamento para las Haciendas Autonómicas, sino que hace una descripción perfecta del mecanismo ilegal que ha disparado en las Autonomías el gasto sin control, y propone como remedio hacer de la elasticidad casi infinita del gasto público improductivo el patrón de los ingresos tributarios. ¡Igualar la capacidad tributaria con la capacidad de gastar de los cargos públicos! ¡Poner a los contribuyentes en manos de la megalomanía gastadora y la suntuosidad oriental de las obras colosales deseadas por nuevos ricos de poder y de gloria! ¡Volver a la Florencia de los Médicis, donde la pobreza medieval se pavoneaba y envanecía, paseándose entre la opulencia de los palacios familiares y la maravilla de las obras de arte colocadas en plazas y calles!

florilegio
"La promesa de mayores ingresos para el futuro aumentará los dispendios en gastos presentes, en tiempos de depresión, para subir la cuota de aquéllos."

Lo que faltaba..

Según Europa Press, vía El Economista, Emilio Botín ha declarado esta mañana ante el juez que su relación con Rodrigo Rato en 1999 era tan sólo "institucional" y estaba motivada por su entonces cargo de Ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno de José María Aznar. El ejecutivo se negó a contestar las preguntas de la acusación particular.

Eso sí, en Enero de 2008 el Santander, banco que preside, fichó al mismo Rodrigo Rato como consejero asesor.

A propósito, he recuperado una inédita fotografía -al menos para mí- del banquero y la Virgen del Pilar [con faldón sponsorizado]: inefable.

“Se permitió el acceso al camerín para besar a la Virgen no solo al propio Botín sino también a varios de sus directivos. Un gesto que habitualmente está restringido a los miembros de la Casa Real, a autoridades eclesiásticas, como honor muy excepcional a algunas personalidades y a los niños que todavía no han hecho la comunión”.

He tomado la foto, y el texto, del artículo publicado por el catedrático de la Universidad de Málaga, Juan Torres López, en Rebelión y en su blog Ganas de Escribir:

El banquero más rico de España puede con todo: hasta la Virgen del Pilar hace publicidad de su banco.

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Ahormar la Justicia: el plutócrata y los políticos

Hispanidad se hace eco del caso Aguas de Fuensanta, noticia que los grandes medios y televisiones hurtan al conocimiento de los ciudadanos. Podemos apostar ahora mismo que en los próximos días se volverá a ahormar la Justicia al servicio de los señores Botín y Rato:

El juez imputa a Botín por tratar de comprar a Rato

También está imputado el propio Rato. El juez entiende que la única razón por la que Banesto compró Aguas de Fuensanta fue ganarse el favor de Rato. El poder se protege a sí mismo: ZP interfirió en la labor de instrucción a favor del entonces director gerente del FMI. Moratinos estuvo un año sin responder sobre si Rato estaba aforado para evitar que se pusiera en marcha la instrucción. Botín: al margen de la ley. Ya consiguió que la Abogacía del Estado se inhibiera en el caso de las cesiones de crédito

Lo veníamos informando desde hacía tiempo. El juez que instruye el caso de Aguas de Fuensanta había remitido oficio al Ministerio de Exteriores para conocer la situación de aforado, o no, del hoy ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato. Y eso a pesar de que Rato tenía “categoría” de Jefe de Estado. Es decir, estaba aforado. Pero los jueces deben cuidar las formas. Una vez que Moratinos le hubiera confirmado el aforamiento, le hubiera pedido que iniciara el proceso especial de enjuiciamiento. Así que el Gobierno Zapatero prefirió “esperar y ver”. Como no tenía plazo para contestar, se pasó un año entero dilatando el proceso, congelando la instrucción, interfiriendo en la labor del juez.

Ya saben, el poder se protege a sí mismo. Moratinos realizó estas maniobras de distracción para no ensuciar públicamente al español con mayores responsabilidades internacionales.

Pero el problema se ha resuelto en el mismo momento en que el propio Rato abandona el FMI. A partir de entonces está claro que no está aforado. Así que el juzgado ha aprovechado para imputarle en el caso de Aguas de Fuensanta. Deberá presentarse en plaza de Castilla el próximo 27 de mayo. Será entonces cuando todos sus detractores se perpetrarán de cámaras de foto y de vídeo para grabar la escena de la entrada en el juzgado. Da igual si finalmente es condenado o absuelto: la imagen de sospechoso recorrerá las pantallas. Un mazazo en sus supuestas intenciones de liderar el partido.

Por supuesto, también han sido imputados tanto Emilio Botín como su hermano Jaime y el consejero delegado del Santander, Alfredo Saez, entre otros 15 imputados de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y cohecho. Declararán ante el juez este jueves 8 de mayo.

Los cálculos del juez son sencillos. En 1999 (gobernando el PP) Banesto pagó 1.000 millones de pesetas por el 45,3% de una sociedad que tenía 1.571,6 millones de pesetas de deudas y 1.153,4 de de fondos propios. O sea, que estaba en quiebra técnica. Así que el juez concluye que el único objetivo de la compra fue “ganarse el favor de Rato”. Así de claro. El asunto ha sido extraordinariamente bien contado por Rafael Pérez Escolar en sus memorias.

No pintan bien ni para el ex director del FMI ni para el presidente de Banesto. Claro que estamos en instrucción. Ya sólo falta que quien juzgue tenga las agallas de seguir adelante con esta clase de matemáticas básicas. Porque conviene recordar que a Botín no le termina de convencer esto del Estado de Derecho. Consiguió que estando imputado de delito fiscal, la misma Abogacía del Estado se inhibiera en el asunto de las cesiones de crédito. Eso, después de estar 14 años de instrucción también dilatada por razones formales, con presiones a la jueza Palacios incluidas. Y lo más llamativo: resulta que hay señores que utilizaron las famosas cesiones de crédito que han sido imputados y condenados. Sin embargo, el instrumento utilizado para la operación, queda impune. Así que D. Emilio confía en que en este caso, las cosas funcionen igual.

El último capítulo es el mediático. ¿Por qué Pedro Jota casi esconde la información? ¿Quizás porque D. Emilio es el gran financiador de El Mundo? ¿Quizás porque espera que Ana Patricia -con quien mantiene una estrecha amistad- le haga consejero del Banesto tipo Cebrián en el Santander?

Y hoy publica El Economista:

El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, su hermano y segundo accionista de Bankinter, Jaime Botín, y el presidente de Banesto entre 1993 y 2002, Alfredo Sáenz, declararán hoy como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid por su actuación en el proceso de compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta, empresa vinculada a la familia de Rodrigo Rato, por la que Banesto pagó 6 millones de euros en 1999.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Los hermanos Botín y Sáenz serán los primeros en declarar entre los 15 imputados en esta causa, donde también está imputados el ex ministro de economía y ex gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato y su hermano, Ramón Rato, que comparecerán ante el juez el próximo 27 de mayo.

El juez titular, José Sierra, pidió el pasado mes de abril la comparecencia de todos ellos dentro de la causa penal motivada por la querella presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui y ampliada posteriormente en 2005 por Antonio Panea, abogado y accionista del Banco Santander y de BANESTO(BTO.MC)

El juez les imputa a todos ellos presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información durante la compra de la empresa. Rato fue imputado en la causa tras abandonar su cargo al frente del FMI en junio de 2007 que le otorgaba inmunidad.

GANARSE EL FAVOR DE RATO.

Según explica la querella presentada por Panea, durante el primer trimestre de 1999 Emilio y Jaime Botín "con el fin de ganarse el favor de Rato", entonces ministro de Economía y Hacienda, formalizaron la adquisición del 43,5% de Aguas de Fuensanta a la familia Rato cuando la empresa "presentaba una situación de quiebra técnica".

El precio pagado por Banesto en 1999 "suponía valorar el cien por cien de la sociedad en 13,2 millones de euros, lo que no tenía justificación alguna dada la penosa situación económica y patrimonial de la empresa ", según la querella.

En 1998, Aguas de Fuensanta registraba deudas por valor 94,4 millones de de euros, "cantidad que superaba con creces a los fondos propios fijados en las cuentas de ese ejercicio en 6,9 millones de euros", explica la querella.

El querellante aclara que "si en 1998 el beneficio neto de la empresa fue de 122.000 euros, una valoración de la sociedad en 13,2 millones de euros "implicaría que Banesto tardaría 108 años en recuperar la importante cantidad invertida en Aguas de Fuensanta".

En la querella también se alega que Ana Patricia Botín, actual presidenta de Banesto y sucesora de Sáenz, reconoció en la junta general de accionistas celebrada en mayo de 2002 que el precio pagado a la familiar Rato fue para la "cancelación de riesgos crediticios de los vendedores que de otro modo, hubieran sido difíciles de cobrar", según las palabras textuales recogidas por el querellante.

FAVORES JUDICIALES COMO PEAJE.

"¿En qué consistió el verdadero motivo del altísimo peaje?", pregunta Panea en su querella. El abogado considera que Emilio Botín recibió una "especial benevolencia" por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado en la causa que tramitaba la Audiencia Nacional por delitos contra la Hacienda Pública por el 'caso de las cesiones de crédito', ya que Banesto podía cobrar dichos créditos.

"La única explicación posible -según el principio 'qui prodest'- es que el propio Rato puso en juego su enorme influencia para que se adoptaran las medidas" para que estos organismos pasaran de "acusar a defender", explica el querellante.

Asimismo, Panea acusa a los administradores de Banesto y del banco de Santander de "ocultar en la información contable" a los accionistas sobre la compra de Aguas de Fuensanta en las sucesivas juntas de accionistas celebradas entre 1999 y 2003, y mantiene que dicha operación "fue contraria a los criterios de actuación seguidos para alcanzar el saneamiento de Banesto".

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La verdad y el consenso

"Vista con la perspectiva de la política, la verdad tiene un carácter despótico. Por consiguiente, los tiranos la odian, porque con razón temen la competencia de una fuerza coactiva que no pueden monopolizar, y no le otorgan demasiada estima los gobiernos que se basan en el consenso y rechazan la coacción. Los hechos están más allá de acuerdos y consensos, y todo lo que se diga sobre ellos –todos los intercambios de opinión fundados en informaciones correctas– no servirá para establecerlos. Se puede discutir, rechazar o adoptar una opinión inoportuna, pero los hechos inoportunos son de una tozudez irritante que nada puede conmover, exceptuadas las mentiras lisas y llanas." Hannah Arendt

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Pacto de la Injusticia

Pedro M. González escribe en Diario de la República Constitucional:

Pactar sobre la Justicia es una iniquidad comparable a pactar sobre la nación. La aplicación objetiva del derecho, por propia definición, es algo tan ajeno a la voluntad política como el hecho nacional. Si la judicatura y sus órganos de gobierno son elegidos por la clase política, su imparcialidad es imposible. Al igual que la voluntad plebiscitaria regional no puede variar algo que nos viene dado, como es la propia existencia nacional, tampoco la de la clase política, por muy consensuada que sea, puede determinar lo que es justo o no.

La Justicia no puede ser democrática o dejar de serlo, simplemente es elemento indispensable para que la Democracia exista, siempre que sea independiente y esté separada del resto de poderes. La llamada a un nuevo “Pacto por la Justicia” es el reconocimiento expreso de que en España no hay Democracia porque no hay separación de poderes. Pactar es transar, y pactar sobre la Justica es asumir el reparto de lo judicial entre las mayorías políticas en reflejo de sus respectivas cuotas de poder. La nueva legislatura exige un reajuste institucional de la “justicia”, correlativo a la proporcionalidad partidista resultante del último proceso electoral.

El partido perdedor se apresura a solicitar el pacto, sabiendo que si no se alcanza el consenso, el ganador, según ya ha anunciado, aplicará su “rodillo” legislativo para la renovación de los miembros del Consejo del Poder Judicial. La designación política de los Magistrados del Tribunal Constitucional en forma directa, e indirecta de los de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, pone en idéntico peligro al PP, de ahí que la solución negociada sea la preferida. El PSOE aceptará el pacto mientras se respete su superioridad electoral, y de paso hará gala de su “talante democrático”, demostrado en la generosidad con el perdedor que se incorpora al sistema asumiendo su rol de leal oposición.

Las asociaciones de jueces y fiscales progresistas y conservadores, auténticos comisariados políticos de los partidos, bendecirán después las virtudes del consenso cerrando el círculo perverso de poderes inseparados.

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Ahormar la Justicia: los caciques locales

Vicente Carreño Carlos escribe un comentario [el 154 del post "Convocatoria Republicana"] en el blog de Antonio García-Trevijano sobre la Justicia, y su acomodo a la realidad autonómica, y dice:

Abril 28, 2008 at 6:46 pm

Con lo que está cayendo en la Región de Murcia no salgo de mi asombro cuando escucho en la radio, -Cadena Ser-, el siguiente titular: “El Fiscal Jefe del (TSJ) Tribunal Superior de Justicia de Murcia, acude a la Asamblea Regional (Órgano Legislativo de la Región), a informar y solicitar más medios y más recursos humanos para la Justicia”.

El Legislativo, diseñado a imagen y semejanza del presidente de la Comunidad Autónoma, de quien dependen Alcaldes y Concejales así como las Juntas Directivas del PP en pueblos de la Región gobernados por ese partido, de los cuales más de la mitad están siendo investigados por los tribunales, -entre ellos por el propio TSJ que instruye varios casos-, debe poner a disposición de Jueces y Fiscales más recursos y personal para, precisamente, poder ser sometidos al imperio de la Ley.

Diputados que han sido alcaldes, y ahora están imputados por varios delitos. Alcaldes amigos de alcaldes imputados, que ahora son diputados; y así un largo entramado de cargos públicos y cargos del partido con intereses entretejidos…, han de decidir si fortalecen o no, y cómo hacerlo, el poder que les ha de impartir justicia. Sin comentarios.

Dejo enlaces de evidente interés para la comprensión de la noticia.

http://www.forociudadano.org/noticias/detalle.asp?param=14&param2=1245

http://www.diarioelfaro.es/noticia.asp?ref=102200

http://www.laverdad.es/murcia/20080424/local/region/lopez-bernal-llama-dudar-200804241228.html

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No al concierto económico

May 06

Ciudadanos pide que se elimine el concierto económico del País Vasco

17:12 | vozbcn

Rivera apuesta por una negociación de la financiación de manera “multilateral”, entre CCAA y el Gobierno, pero pide que se abra el debate sobre la eliminación del concierto económico vasco y navarro porque supone que existan ciudadanos con más privilegios que otros dentro de España.

Albert Rivera y José Domingo han aparecido juntos, en rueda de prensa, este martes, en el Parlamento autonómico, y por primera vez desde que se hiciera pública la oposición del segundo a la línea que está marcando el primero en el partido.

Rivera, presidente de Ciudadanos y portavoz del partido en el Parlamento autonómico, se ha mostrado perplejo ante la deriva que están tomando las declaraciones de dirigentes políticos y presidentes autonómicos en el tema de la financiación autonómica. Ciudadanos, ha asegurado el diputado autonómico, apuesta por una negociación “multilateral” entre CCAA y el Gobierno del Estado, aunque apoyarán una “financiación adecuada” para Cataluña pero sin guerras entre CCAA.

Además, Rivera ha asegurado que la financiación debe ser tratada con más tranquilidad y debe ser un debate abierto , sobre todo para eliminar el concierto vasco, que ha calificado como de “privilegios feudales”.

Federalismo fiscal

Antonio García-Trevijano escribe en Diario de la República Constitucional:

El modelo de federación fiscal, defendido por la dirección fascista de la Liga Norte para favorecer a las regiones más prósperas de Italia, inspira el proyecto de financiación autonómica que el Presidente de la Generalitat y jefe del Partido Socialista de Cataluña (PSC), don José Montilla, apoyado por el gobierno balear, quiere introducir en España, mediante pertinentes acuerdos con las Autonomías más ricas regidas por el PP. Una de ellas, la valenciana, lo acepta en principio. En contra de esta iniciativa se han manifestado los Presidentes de las Autonomías de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Galicia y Asturias. El Gobierno de Zapatero ha previsto reunirse con todos ellos para llegar a una fórmula constitucional y socialista dentro del PSOE, antes de proponerla al Partido Popular. No se sabe cómo una fórmula socialista, o “muy socialista”, como dice el Sr. Barreda, Presidente de Castilla La Mancha, podrá ser aceptada por el PP.

La iniciativa federalista de Montilla implica la adopción de dos medidas preliminares al acuerdo de financiación autonómica: que se hagan públicas las balanzas fiscales, para demostrar que Cataluña aporta más que recibe, justificando así su aspiración a un modelo como el del cupo vasco; y que el Fondo estatal de Suficiencia compensatoria se limite a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, para excluir del mismo las diversidades existentes en infraestructuras y recursos económicos, despreciando la desigualdad regional en la renta per cápita, la extensión territorial y la orografía.

La pretensión de un federalismo fiscal y financiero pone de relieve que el sistema autonómico, impuesto por el Poder central del Estado, para colocar en puestos de mando y de enriquecimiento a los subalternos de la clase politica surgida del franquismo, no tiende por su propia naturaleza a la unión politica de los gobernados, ni a la unidad territorial de España, sino a la insolidaridad de unas regiones respecto de otras y a la desigualdad de los derechos individuales y sociales de los españoles. Más que el Plan Ibarreche de consultar al pueblo vasco sobre el derecho a decidir su futuro (eufemismo de autodeterminación), la financiación regional será el centro de gravedad de los conflictos que jalonen la legislatura del PSOE.

florilegio

"Todo lo que comienza como autonomía regional descentralizada, sin ser impulsado por la libertad de todos los gobernados, ni controlado por la representación política de la sociedad civil, seguirá su curso objetivo hacia el autogobierno, hasta que termine implantando de modo subrepticio, y de hecho, un Estado de funcionamiento y de estructura confederal."

Negociación bilateral

EFE

Actualizado 06-05-2008 14:29 CET

Madrid.- El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha afirmado hoy que el nuevo modelo de financiación autonómica ha de definirse primero entre los gobiernos español y catalán para que posteriormente puedan corregirlo los demás territorios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Ridao, en una conferencia de prensa celebrada en la Cámara Baja, ha señalado que en la negociación de la reforma del sistema de financiación de las autonomías es tan importante en el contenido como las formas, ya que, según establece el Estatuto catalán, el modelo debe acordarse de modo bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat.

El dirigente independentista, por tanto, ha rechazado que sea la Ejecutiva Federal del PSOE la que negocie el cambio del sistema, lo que ha tildado de "tomadura de pelo".

Según ha señalado, da la sensación de que los socialistas esperan "una sentencia adversa del Tribunal Constitucional que le sea favorable" para encarar la negociación y "apaciguar a los barones territoriales" del propio partido.

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el caso Taguas

Basilio Aguilar escribe sobre el caso Taguas en Diario de la República Constitucional:

Seopan nace a mediados de los años cincuenta como un lobby que defendía los intereses del sector inmobiliario en el incipiente desarrollo urbanístico de España. Hoy en día es la patronal de las grandes constructoras. En la anterior legislatura se creó la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, cuyo primer titular fue el ahora ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, teniendo a David Taguas como lugarteniente. Éste era hasta hace poco el responsable de dicha Oficina, ya que acaba de aceptar la oferta que le ha realizado Seopan para convertirse en el presidente de la misma.

David Taguas será un privilegiado interlocutor, merced a sus contactos y buenas relaciones con el poder (hilo directo con Moncloa y los ministerios clave) entre los estamentos públicos y algunas de las principales fortunas de España (Luis del Rivero, Florentino Pérez, José Manuel Entrecanales, entre otros), cuyo volumen de negocios, ampliando su cartera de pedidos, depende de la obra pública que licita el Estado.

El Sr. Taguas ya se ha distinguido desde su cargo público, por la defensa a ultranza de las grandes empresas de la construcción. Tuvo un destacado papel en la exclusión de Pánama como un paraíso fiscal, con el fin de que las constructoras españolas pudiesen aprovecharse de la ampliación del canal; frente a la OPA de la alemana E.On no dudó en favorecer la opción Acciona-Enel; su último servicio ha consistido en interceder ante el Gobierno francés para defender los intereses de Sacyr, y buscar una solución a su contencioso con la constructora gala Eiffage.

Más allá de la libre competencia en una economía de mercado o de los méritos profesionales, lo que ejemplifica el caso Taguas, es la relación de vasos comunicantes que se establece entre políticos y grandes empresarios cuando éstos requieren para hacer sus negocios o enjugar sus pérdidas, de la capacidad de influencia sobre un poder sin mecanismos institucionales de control.

Uno de los efectos de la gestión de Taguas en la política del gobierno:

El aval del ICO dará a los promotores hasta 1.100 millones en beneficios

Publicado el 06/05/2008, por Juan M. Lamet, Expansión

Con los 5.000 millones que ha dispuesto el órgano dependiente de Economía, las empresas inmobiliarias obtendrían un 75% de las ganancias que presentaron las cotizadas en 2007. Podrán construir hasta 61.000 viviendas protegidas.

Los promotores venderán hasta 61.000 viviendas más y obtendrán con ellas unos beneficios finales de incluso 1.100 millones de euros. Éste será el resultado final de una de las medidas estrella del Gobierno contra la crisis inmobiliaria, la línea de avales para la titulización de préstamos de vivienda protegida que ha lanzado el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Con ella, este organismo dependiente del Ministerio de Economía ha roto el caparazón de la financiación de los promotores, que se enfrentaban a un mercado cerrado a cal y canto.

Así, el Ejecutivo les ha tendido la mano con 5.000 millones de euros. O, más bien, con 4.985 millones, ya que el ICO obtiene una comisión del 0,3% “sobre el importe total del tramo avalado, pagaderos up-front [por adelantado]”.

¿Las condiciones? Que los Fondos de Titulización de Activos “FT-VPO” a los que se destina la ayuda contengan entre un 80% y un 100% de préstamos hipotecarios destinados a pisos con protección (VPO) y que las entidades financieras reinviertan los beneficios obtenidos por el tramo avalado en más financiación de VPO. Hasta un 20% podría ser, por tanto, vivienda libre, señala el ICO en las bases de la medida.

El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España, Guillermo Chicote, estima que el margen que obtienen los empresarios por cada vivienda protegida (VPO) que venden se mueve entre el 8% y el 10%. La diferencia al alza surge “si se hacen series de muchas viviendas”. Y una VPO media –de entre 90 y 110 metros cuadrados, según la promotora Detinsa– se vende por “unos 180.000 euros, en las áreas periféricas de las ciudades”, especifica Chicote, ya que es “donde se construye hoy en día y se va a construir”.

Así, de cada VPO vendida se puede obtener un margen hasta 18.000 euros de media. Los promotores estiman que construir cada VPO cuesta unos 100.000 euros, y que con los avales del ICO “da para edificar 50.000 viviendas”.

Pero no sólo se venderán ésas, ya que podrán invertir fácilmente los beneficios obtenidos en más VPO (las entidades están obligadas a ello hasta agotar la línea de aval). Echando cuentas, se puede estimar que las inmobiliarias obtendrían en la primera tacada, con las cantidades marcadas por los representantes del sector, 900 millones de euros, si el 100% avalado fueran créditos para VPO.

Con esos beneficios podrían edificar 9.000 casas más, por las que obtendrían 162 millones extra. Y así sucesivamente hasta un total de 1097,56 millones de euros.

La cifra de viviendas ascendería a 60.975. Es decir, un 22% más de las previstas por los promotores y un paso de gigante hacia los 600.000 pisos protegidos en cuatro años que prometió Zapatero. Hay que tener en cuenta que “todas las VPO que se hacen se venden”, como explica Chicote.

Los expertos destacan que “desde el punto de vista jurídico, la medida no tiene ningún pero”. “Es un tipo de fondo que no se ha hecho hasta ahora; me parece positivo”, señala Fernando Navarro, socio del bufete Cuatrecasas. “A ver qué dice el mercado, porque me parece que vamos a ver unos cuantos FT-VPO este año”, concluye.

Como ejemplo para observar la dimensión de esta medida, cabe destacar que las inmobiliarias cotizadas en bolsa tuvieron durante 2007 unos beneficios netos de 1.464,6 millones de euros. El beneficio que conseguirían las promotoras gracias al ICO sería del 74,9% de ese total, aunque se repartiría en varios años, ya que los pisos tardan unos 20 meses en terminarse.

Una cifra abultada que se multiplicaría si el Gobierno se decantase por ampliar a la vivienda libre el auxilio del ICO, ya que ésta ofrece un margen de alrededor del 20%. Los promotores y Convergència iUnió ya lo han pedido.

Los 5.000 millones se reparten hoy entre 44 entidades
El Instituto de Crédito Oficial desvelará hoy el reparto provisional de los 5.000 millones en avales para titulización de créditos hipotecarios destinados a vivienda protegida. El saldo agregado de VPO (según sus estados contables) que han comunicado las 44 entidades de crédito que han presentado solicitud asciende a 25.112 millones de euros.

Esta cifra representa el 84,5% del saldo total estimado de VPO del conjunto del sistema financiero español, que asciende a 29.721 millones de euros, según estadísticas del Banco de España. El 21 de mayo es la fecha tope para que los bancos, cajas y cooperativas de crédito confirmen su voluntad de continuar en el proceso.

El ICO comunicará antes del 29 de mayo el reparto definitivo del aval. Los fondos de titulización deberán estar constituidos antes del 30 de junio de 2009. Los participantes se comprometen a reinvertir la totalidad de los fondos obtenidos a través de la venta del tramo avalado en la financiación de nuevas VPO.

Han de ser fondos cerrados, debiendo ascender el importe del tramo triple A avalado al menos a 100 millones de euros. Por otro lado, los promotores ya le han hecho saber al Secretario de Estado de Economía, David Vegara, su intención de que el Gobierno lance una línea similar para la vivienda libre, con “al menos” la misma financiación. Vegara no lo descartó para el futuro.

hedor en la Presidencia

Jesús Cacho escribe hoy en El Confidencial sobre el caso Taguas:

Criticaba yo el pasado miércoles el fichaje (je, je, je, perdonen, es que me da la risa floja) de Eduardo Zaplana por Telefónica y en el chat de aquel Con Lupa no faltaron las buenas gentes de obediencia sociata que censuraron que para criticar la conducta de Zaplana yo sacara a colación el fichaje previo, no menos llamativo, del socialista Javier de Paz como miembro del Consejo de Telefónica. Pues bien, sorpresas te da la vida que decía la canción, en la tarde de ese mismo miércoles nos enterábamos del nombramiento de David Taguas como nuevo presidente de SEOPAN, la patronal de la construcción, que es quizá el caso más llamativo, por escandaloso, de colusión entre lo público y lo privado, vale decir simplemente que de corrupción, de los muchos que se han dado en la Historia de nuestra renqueante democracia. por Telefónica y en el chat de aquel Con Lupa no faltaron las buenas gentes de obediencia sociata que censuraron que para criticar la conducta de Zaplana yo sacara a colación el fichaje previo, no menos llamativo, del socialista

Y es que el caso que nos ocupa se me antoja bastante más grave que cualquiera de los habidos hasta ahora, porque afecta directamente a la presidencia del Gobierno y a la persona del Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. La salida por peteneras de David Taguas viene a certificar el fracaso sin paliativos de la que quizá fue la gran novedad del primer Gobierno Zapatero: esa pomposa Oficina Económica del Presidente, con sede en la propia Moncloa, convertida de inmediato, como no podía ser menos en un país sin tradición democrática como España y con un presidente provisto de una idea borrosa de lo que es la economía de mercado y la libre competencia, en un gran lobby al servicio de empresas constructoras e inmobiliarias.

La cierta discreción de que hizo gala, o al menos lo intentó, el primer titular de dicha Oficina, el ahora ministro Sebastián, se convirtió con Taguas en abierto compadreo. Por su despacho pasaban un día sí y otro también los grandes popes de la obra civil, los Luis del Rivero, Florentino Pérez, José Manuel Entrecanales, etcétera, que como todo el mundo sabe dependen de la obra pública que licita el Estado, y los nuevos millonarios del sector inmobiliario. Los unos para entrar a saco en el sector eléctrico, una peculiar diversificación que, huyendo de la libre competencia, como es norma en España, todavía se ciñe, se pliega, se somete más al Estado, que es quien fija la tarifa; los otros para pedir árnica cuando al crisis del ladrillo hizo su aparición estelar en la burbuja española.

Lo relataba Carlos Sánchez en este diario con ajustada crudeza: “¿Que había que articular una alternativa española a la OPA de la alemana E.On sobre Endesa? Ahí estaba Taguas -junto a su mentor, Miguel Sebastián- para favorecer la opción Acciona-Enel. ¿Que había que dejar de considerar a Panamá un paraíso fiscal para que las constructoras pudieran participar en la ampliación del canal? Ahí estaba Taguas. ¿Que había que diseñar una línea de crédito oficial para que las inmobiliarias obtuvieran liquidez? De nuevo Taguas, dispuesto a defender esta opción frente a Solbes. ¿Que había que lanzar a la opinión pública el mensaje de que la falta de liquidez podía ahogar al ‘ladrillo’? Ahí estaba Taguas para escribir los discursos del presidente”. En los últimos meses, el trabajo de este David nada ejemplar se ha centrado en sacarle las castañas del fuego a Sacyr, a cuenta del callejón sin salida en que el audaz señor de Murcia se metió con el caso Eiffage.

Pero, ¿está la Presidencia del Gobierno de un país supuestamente democrático para hacer ese tipo de “trabajos” en favor de intereses privados? ¿Han elegido los ciudadanos a Zapatero para que dedique su tiempo a defender la cuenta de resultados de cuatro o cinco grandes empresas, cuentas a menudo puestas en peligro por los groseros errores de gestión de sus directivos? ¿Es que no hay nadie, en el entorno de Moncloa o del propio PSOE, capaz de advertir la dinámica de corrupción en cadena que provoca ese tipo de servicios? ¿O es que esa ayuda presidencial sale gratis? Es obvio que no. Ahora, el señor Taguas acepta la oferta de los constructores para presidir su patronal, y los españoles tienen todo el derecho para pensar que se va para cobrar los servicios prestados.

Y no es problema de que los políticos, como se ha escrito con profusión estos días, estén bien o mal pagados. Es evidente que están mal pagados, y también lo es que si los españoles queremos tener a los mejores implicados en tareas de función pública habrá que cambiar ese estado de cosas. Pero aquí hablamos de otra cosa. Hablamos de una cuestión de orden moral que tiene que ver con la obligación de todo funcionario público, lo diga o no la llamada Ley de Incompatibilidades, no sólo de no corromperse, sino de aparentarlo; de no someterse a presiones, promesas o dádivas de los poderosos, porque estará faltando a la Ley y traicionando a quienes lo eligieron.

Pero dejémonos de eufemismos. El gran culpable de este episodio, que habla otra vez a las claras de la paupérrima calidad de una democracia que despide un insoportable hedor a corrupción, es el presidente del Gobierno, de quien directamente dependía y de quien recibía instrucciones el señor Taguas hasta hace unos días. Este es un escándalo que salpica directamente a Zapatero. Por eso, esa frase repetida con profusión por la prensa adicta, según la cual el Presidente se había sentido “desagradablemente sorprendido” por la noticia, no es sino una broma pesada. Perdón, es más que eso: es una clara demostración de falta de vergüenza democrática, porque hubiera bastado una gesto suyo para que los ricos de SEOPAN se fueran con su música a otra parte. Levitando en su nube, el señor Zapatero empieza a creer que todos nos chupamos el dedo, y lo peor es que a lo mejor no le falta razón. Tontos y consentidores.